El Gobierno ‘tapa’ 1,6 millones de empleos en ERTE en la mayor alza histórica del paro. El SEPE afronta un incremento frenético del gasto los próximos meses.
Las cifras de desempleo son aún más demoledoras de lo que muestran los datos oficiales presentadas por el Gobierno. A pesar de que marzo de 2020 se marcará en el calendario como el peor mes de la historia de España para el mercado laboral con el incremento de 302.265 parados y la caída de 833.979 afiliados respecto a febrero, aún hay más. Estas cifras no incluyen ni los 620.000 trabajadores afectados por un ERTE que reconoce haber tramitado el Ejecutivo ni el millón restante que los sindicatos y patronales calculan que son los empleados ya acogidos a este instrumento. Es decir, no recoge a las 1,6 millones de trabajadores que de igual modo han sido expulsadas del mercado laboral, lo que elevaría la sangría de empleos de marzo a los 2,5 millones.
De prolongarse la crisis y en el peor de los escenarios, estos 2,5 millones de personas que han dejado de trabajar en marzo pasarían a formar parte de la lista de desempleados en España -hay que tener en cuenta además que, a causa del confinamiento, las altas en el SEPE también se ven demoradas-, que alcanzaría los 5,5 millones de desempleados, cifras que no se recordaban desde el primer trimestre de 2013.
La clave está, como apunta el ministerio, en que este volumen de trabajadores ni se descuenta de la cifra de afiliación al seguir dados de alta -por la figura jurídica del ERTE- ni pasan a engrosar las listas del paro. “Un ERTE no es destrucción de empleo”, señalaba la ministra Diaz justificando la ausencia de este colectivo de las cifras y asegurando que ni sumando todos los empleos destruidos y los ERTEs se llegaría a expulsar del mercado laboral a 3 millones de personas, como se ha especulado en las últimas semanas. Recuerda así Díaz que la figura jurídica de un afectado por un ERTE no puede ser desempleado porque esta sujeto a la recuperación de su puesto de trabajo y además sigue de alta en la Seguridad Social. En este sentido, si bien es cierto que esta herramienta evita el incremento de las listas del paro, no refleja la realidad del impacto del COVID-19 en el mercado laboral ya que estos trabajadores también han visto cesada su actividad laboral y no es seguro que el 100% de ellos pueda retomarla.
Un dato escalofriante que podría sino empeorar en abril de llegarse a la cota de afectados que calculan patronales y sindicatos, si damos por buenas las estimaciones de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme de que hasta 1,6 millones ya se estarían viendo afectados por esta modalidad de cese de actividad laboral..
“Los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social en el mes de marzo reflejan el tremendo impacto que le COVID-19 y las medidas de paralización casi total de la actividad productiva están teniendo y refleja el calado de la crisis económica que puede venir. Son datos sin precedentes en un período como el mes de marzo, tradicionalmente positivo para el empleo por el inicio de la Semana Santa y previo a la campaña estival”, apuntaba la patronal en un comunicado.
Y más allá, la ministra señaló que el Ejecutivo no cuenta con toda la información de ERTEs presentados. Entre las comunidades que sí cooperan se encuentran País Vasco, Cantabria, Baleares, Castilla-La Mancha, Madrid, Valencia, Aragón, Castilla y León, Cataluña, la Rioja, Navarra y Asturias, por lo que el Gobierno no tiene constancia de datos de ERTEs de Andalucía, Canarias y Galicia. Por lo que la cifra podría estar desvirtuada.
En este sentido, la ministra resaltó que la cifra global de parados, que se ha situado en 3,5 millones, se ha incrementado por la situación de “absoluta excepcionalidad” provocado por la pandemia y que el transcurso del mes del 1 al 13 de marzo fue normal, en línea con el ciclo normalizado de la economía española.
“Los datos son absolutamente excepcionales y de las medidas que tomemos va a depender la salida rápida y la reconstrucción de esta crisis que es social y económica”, concluía la ministra advirtiendo del esfuerzo que afronta en los próximos meses el SEPE en términos de gasto en prestaciones.
De hecho, los gastos totales de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.811 millones de euros el pasado mes de febrero, un 13,2% más que en igual mes de 2019, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Cabe recordar que esta cifra de gasto se publica con un mes de retraso por lo que en abril se debería conocer el fuerte repunte producto de las prestaciones, entre ellas las 620.000 por ERTEs, generadas en marzo.
El gasto medio mensual por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social y excluyendo el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, se situó en 926,4 euros, lo que supone un aumento de 61,9 euros (+7,2%) sobre el mismo mes del año 2019. mientras que la cobertura total del sistema de protección por desempleo se situó a cierre de febrero en el 65%, cifra cuatro puntos superior a la de un año antes (61%).
