Sectores relacionados con el turismo podrían retroceder hasta un 20%. La deuda pública escalará hasta el 115% del PIB a finales de este año. La tasa de paro se situaría en el 18,8% para caer un punto en 2021.
La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) estima que el PIB caerá este año un 7% como consecuencia de la crisis del coronavirus, que elevará el déficit público al 10% del PIB y provocará la destrucción de 900.000 empleos. Así lo recogen las nuevas estimaciones de Funcas para los años 2020 y 2021, en las que se prevé un repunte de la economía hasta el 5,4% el próximo año, con lo que el PIB no recuperará su nivel precrisis hasta el año 2023.
Funcas estima una “fuerte contracción” del PIB en la primera mitad de este año y un rebote a partir del tercer trimestre, que no compensará “el terreno perdido” durante la primera parte del año. La fundación considera que, de momento, las mayores necesidades de financiación están garantizadas, pero el repunte reciente de las primas de riesgo muestra que será necesaria una acción “aún más vigorosa del BCE“, dado que si las políticas no resultan efectivas para mantener el potencial de crecimiento y la prima de riesgo se dispara, el escenario sería peor de lo esperado.
Los peores augurios
De acuerdo con estepeor escenario, la fundación de las cajas prevé una contracción de la economía del 12,5% este año y una tasa de paro del 24%. En cuanto al impacto de la crisis en el mercado de trabajo, Funcas estima una pérdida de 900.000 puestos de trabajo este año, que añadidos a los afectados por ERTEs, la pérdida de empleos se elevaría a 2,3 millones. De esta forma, la tasa de paro se situará este año en el 18,8%, bajando hasta el 17,1% en 2021. Si los trabajadores afectados por ERTEs contabilizasen como desempleados, la tasa de desempleo en 2020 llegaría al 24,4%.
Respecto al déficit público, que superará este año el 10% del PIB por la recesión y las medidas de apoyo a la economía, Funcas estima que la recaudación podría reducirse en 56.000 millones de euros respecto a 2019 y el gasto podría incrementarse en 28.800 millones, por lo que la necesidad de financiación de las administraciones públicas alcanzaría los 118.300 millones, frente a 32.900 millones de un año antes.
