El Ministerio de Hacienda deberá transferir a Escrivá los 15.500 millones para el pago de la nómina anual de este colectivo.
El Gobierno aprovechó el real decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis aprobado este martes para algo que, en teoría, no tiene que ver con el Covid-19. En concreto, para iniciar el traspaso de la gestión de las pensiones de los funcionarios civiles y militares (Régimen de Clases Pasivas) desde el Ministerio de Hacienda –donde han estado siempre hasta ahora– al nuevo Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Varias disposiciones adicionales de este decreto inician este traspaso que se ejecutará definitivamente cuando se apruebe otro real decreto de estructura del ministerio que dirige José Luis Escrivá. Pero, de momento, se aprueba que dicha gestión de pensiones y otras prestaciones del personal del Estado pasarán a depender, primero de manera transitoria de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y, después, definitivamente del Instituto Nacional de Seguridad social (INSS).
Pero ¿quiénes forman parte de este Régimen de Clases Pasivas? ¿Cómo cotizan estos funcionarios? ¿Cómo se jubilan? Actualmente hay 637.213 funcionarios en Clases Pasivas, la mayoría de ellos de la Administración General del Estado, las Cortes y otras instituciones constitucionales, los militares de carrera y fuerzas de seguridad del Estado o la mayoría de los docentes y otros funcionarios transferidos a las comunidades.
El sindicato CSIF critica el traspaso de las pensiones de los funcionarios a la Seguridad Social “de extranjis”
El sindicato de funcionarios CSIF ha exigido hoy “una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios” al departamento que dirige José Luis Escrivá. Esta central ha manifestado una importante inquietud por la decisión de iniciar este trapaso utilizando la vía del último Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar la crisis sanitaria y sin nigún tipo de negociación con los sindicatos ni con los grupos parlamentarios.
Desde esta central han denunciado hoy que desde que ayer se publicó esta medida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) han recibido “centenares de llamadas entre ayer y hoy de personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones”. Este régimen abona en la actualidad las pensiones de más de 637.000 funcionarios y tiene otros tantos como cotizantes.
Así, han acusado al Gobierno de aprovechar una norma para paliar los efectos económicos del Covid-19 “para modificar de extranjis la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo”.
En este sentido, CSIF se ha dirigido a los grupos parlamentarios para intentar frenar este traspaso, mediante la tramitación del decreto como proyecto de Ley, con el fin de que se pueda eliminar esta modificación.
Según informa este sindicato, si prospera este Real Decreto Ley la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas. Así, de una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio.
Por otro lado, muestran su relecelo hacia la futura gestión en la que, por primera vez en la historia, el reconocimiento de las pensiones de los funcionarios (ingresados en la carrera antes el 1 de enero de 2011) corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de Clases Pasivas. El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General.
“La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del estado, de una manera completamente sorpresiva”, se quejan.
