Esta crisis está rompiendo muchos tabúes. Uno de ellos es el de la intervención del sector público en el sector privado con la que se está controlando el avance de la tasa de paro de una forma artificial para ganar tiempo y buscar una salida a la dramática situación que viven millones de trabajadores en España.
Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre han puesto de manifiesto que solo en las dos últimas semanas de marzo, 562.900 personas se acogieron a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo). Se trata de trabajadores que están confinados y no pueden trabajar, pero que en términos EPA computan como ocupados y por tanto, no están incorporados a la tasa de paro, que cerró el primer trimestre en el 14,41%.
El riesgo en este momento es que esos ERTE se conviertan en ERE (Expediente de Regulación de Empleo) cuando pase el estado de alarma y esa tasa de paro se dispare hasta el 21% que advirtió el Banco de España la pasada semana.
Se trata de un escenario que la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, no ha querido confirmar en la rueda de prensa para explicar estos datos, pero sobre el que el Gobierno tendrá que pronunciarse antes de que acabe esta semana, cuando tenga que actualizar su cuadro macroeconómico dentro del Plan de Estabilidad que tiene que enviar a Bruselas.
Los empresarios se temen lo peor y la semana pasada pidieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que amplíe la duración de esos ERTE y adapte sus condiciones para mitigar los efectos devastadores que el Covid-19 está teniendo sobre el empleo.
Sin embargo, por el momento, De la Cueva prefiere ser optimista y confía en que la desescalada permita “amortiguar el efecto en la caída del empleo” del que alerta esta EPA. Un deseo que, no nos engañemos, parece un brindis al sol en estos momentos en los que ya está claro que hay muchos sectores con un fuerte peso en el PIB español -como el turismo o la restauración- que no van a recuperar el negocio perdido en estos meses, ni tampoco la facturación anterior al Covid-19. Al menos en el medio plazo.
No es correcto llamar al fin del confinamiento “vuelta a la normalidad” porque cuando éste acabe, muchas cosas habrán cambiado en la sociedad y en la economía. De aquí a que las garantías sanitarias pudieran permitir que sectores, como el turismo, recuperasen los datos “normales” de actividad, pueden pasar dos años.
No es correcto llamar al fin del confinamiento ‘vuelta a la normalidad’ porque cuando acabe muchas cosas habrán cambiado
El Estado no tendría músculo para sostener con recursos públicos esos sectores durante ese tiempo. Y tampoco tendría sentido hacerlo, puesto que ahora ya somos conscientes de que el riesgo de pandemias es real y la economía debe reconfigurarse para blindarse ante ellas.
En este contexto, los datos de la EPA sirven de recordatorio de la emergencia económica que tenemos por delante. Los 3,3 millones que certifica esta encuesta del INE podrían llegar a ser cinco millones a final de año; la ocupación bajó en el primer trimestre en 285.600 personas, lo que supone el mayor hundimiento desde los primeros años de la crisis financiera.
Las horas de trabajo también han caído un 4,25%. Y como siempre, los trabajadores temporales han sido los asalariados que más han sufrido, con una caída en el número de asalariados de 255.300 personas, frente a la pérdida de asalariados fijos de 30.700.
En este contexto, el número de hogares con todos sus miembros en paro aumentó en 60.000 personas. Aumenta así la población vulnerable en un escenario en el que las medidas para la reconstrucción también tendrán que romper muchos tabúes.
