El ingreso vital del Gobierno será aprobado previsiblemente este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé aprobar el próximo viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, la norma que regulará el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación de la Seguridad Social destinada a dotar de rentas a un millón de familias vulnerables, en las que viven tres millones de personas, sin ingresos o con rentas muy bajas que podrán empezar a cobrarla de forma inmediata.
Se trata de una nueva renta mínima común para toda España que variará en función de la composición e ingresos de cada familia. Tal y como adelantó el ministro José Luis Escrivá, tendrá un coste de alrededor de 3.000 millones de euros anuales. La cuantía que recibirá cada familia podría arrancar en unos 460 euros, se incrementaría por cada hijo y si hay más adultos sin ingresos conviviendo en la misma unidad familiar.
La nueva prestación empezará beneficiando a 100.000 familias vulnerables que no tendrán ni que solicitar la ayuda. Son familias que cumplen ya con los requisitos para acceder a la red existente de rentas mínimas de inserción (RMI) autonómicas: la ayuda destinada en último término a prevenir la pobreza de quienes han agotado todos los recursos.
La colaboración de las comunidades autónomas en la creación de este ingreso estatal parece decisiva. Escrivá confirmó que su diseño será “compatible y complementará” las ayudas sociales regionales, un modelo descentralizado que cosecha críticas de todos los frentes. Familias, trabajadores sociales, asociaciones e, incluso, la ONU, insisten en que la ayuda no da cobertura a todas las personas que la necesitan, impone una carrera de obstáculos burocráticos para acceder a ella, una gestión perversa para suspenderla con cualquier pretexto y que tarda meses en volver a reactivarla, o que establece trabas administrativas draconianas para poder mantenerla, y cobrar menos de 500 euros de media al mes.
El IMV pretende homogeneizar un sistema de prestaciones que evidencia una importante desigualdad entre territorios. Los hogares del País Vasco o Navarra, regiones con las tasas de exclusión social más bajas de España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cobran una ayuda de 644 euros. En el otro extremo se encuentran las familias de las regiones más pobres, según el INE son Extremadura y Andalucía. Las ayudas que reciben en estas comunidades son de hasta 200 euros menos que sus vecinos del norte. Y, sin embargo, la cuantía no es el verdadero problema, sino los tiempos de espera que el coronavirus ha alargado.
“Antes de entrar en la pandemia la situación era complicada, y ahora es catastrófica”. La presidenta de la Asociación Andaluza Barrios Ignorados, Lola Contreras, llama la atención sobre el colapso de los Ayuntamientos, que tardan mucho en dar una respuesta. “La RMI tarda unos nueve meses en llegar a las familias y, aunque hay medidas para agilizar el proceso, la ayuda no está llegando”, explica. El coronavirus ha puesto en evidencia la falta de recursos para responder a la ola de demandas.
“Muchos nos preguntan, ‘¿cuántos comen de mi hambre?’”. Son palabras de trabajadores sociales andaluces que guían a los solicitantes durante el proceso. Los profesionales insisten en que el coronavirus ha cambiado las prioridades. “Preocupa más la celeridad en este momento que la cuantía”, explican y añaden que la ineficiencia del sistema provoca la desesperación de las familias que recurren a ONG para recibir una respuesta más rápida. No hay datos de 2020, pero la tendencia de los últimos años indica que Andalucía es la región que más perceptores perdió entre el 2017 y 2018: más de 11.000 personas dejaron de recibirla.
El modelo del País Vasco es el aspiracional. Desde otras comunidades y el propio ministro Escrivá elogian la gestión que consiguió que en 2018 la RMI la recibieran 72.341 personas en riesgo de exclusión frente a las 17.883 que cobraron la ayuda en Andalucía. O las 33.000 de la Comunidad de Madrid.
La región epicentro de la pandemia, es una de las que cuenta con una de las cuantías más bajas (apenas 400 euros al mes, por debajo de lo que podría pagar el IMV) y donde las peticiones de ayuda social se han triplicado en los últimos dos meses, según Cáritas. Los datos oficiales indican que en marzo bajaron las solicitudes de la RMI un 65% respecto al mes anterior y en abril un 35%. “El problema se produjo al sumarse el quehacer previo con un cierre de los servicios sociales y la falta de reacción de la Comunidad de Madrid”, explica Hontanares Arranz, trabajadora social y portavoz de la asociación madrileña RMI Tu Derecho.
En general, hay expectación sobre el IMV. Se espera que su gestión sea más rápida que las rentas mínimas actuales y que las autonomías puedan complementarla si la consideran demasiado baja.
La excepción balear
El Govern de las islas Baleares ha ampliado de forma extraordinaria su renta social garantizada durante los meses que dure el estado de alarma por el coronavirus. Desde que entró el vigor el 1 de abril, ha simplificado los trámites y la han recibido 15.098 familias, unas 30.000 personas. Una cifra que casi dobla la de los meses sin pandemia, cuando la RMI llegaba a unas 8.000 familias al mes. Además, junto con el Gobierno de Canarias, han creado un sistema para que las personas sin papeles puedan acceder a la prestación.
