Tanto nuestro país como el resto de Estados miembros de la eurozona cumplen los requisitos para pedir un préstamo del MEDE.
La Comisión Europea ha dictaminado este jueves que tanto España como el resto de países de la eurozona cumplen todos los requisitos exigidos para poder solicitar la línea de crédito especial contra el coronavirus del fondo rescate de la UE (MEDE). La decisión de Bruselas despeja el camino para que el Eurogrupo active estos préstamos en la reunión que celebra este viernes.
El principal de los criterios para poder pedir ayuda al MEDE es que la deuda pública sea sostenible a largo plazo pese al aumento del gasto para hacer frente al Covid 19. El Ejecutivo comunitario ha publicado un análisis de la deuda de los Estados miembros de la eurozona y no hay sorpresas: en todos ellos es sostenible.
Era lo que estaba previsto, porque el Eurogrupo ya acordó que esta línea de crédito, cuyo valor total asciende a 240.000 millones de euros, estaría accesible para todo el mundo. Cada Estado miembro puede solicitar hasta el 2% de su PIB (24.000 millones en el caso de España) para gasto sanitario sin apenas condiciones.
De hecho, la Comisión ha enviado una carta al presidente del Eurogrupo, el socialista portugués Mário Centeno, en la que confirma que los países que pidan un préstamo del MEDE no deberán someterse a un programa de ajuste económico ni recibirán visitas de la troika. La vigilancia de Bruselas se centrará en que los fondos se usen realmente para gasto sanitario relacionado con el Covid-19, asegura la misiva, que está firmada por los comisarios Valdis Dombrovskis y Paolo Gentiloni.
En el caso de España, el análisis de Bruselas señala que la crisis del coronavirus provocará un desplome económico sin precedentes del 9,4% este año. El déficit público se disparará hasta el 10,1% en 2020 y el 6,7% en 2020. La deuda pública escalará un total de 20 puntos, del 95,5% del PIB con el que cerró 2019 al 115,6% este año y sólo se reducirá hasta el 113,7% en 2021.
A partir de este momento, el Ejecutivo comunitario prevé en su escenario base que el nivel de deuda baje muy lentamente hasta alcanzar un nivel próximo al 110% en 2030 gracias al crecimiento y los bajos tipos de interés y a un “ajuste fiscal progresivo”. No obstante, la Comisión avisa de que la deuda podría subir hasta el 120% en 2030 si las condiciones son más adversas: si los tipos suben o el crecimiento es menor que el esperado.
Pero si lo que se tiene en cuenta es el cómputo total de los pasivos en circulación del estado, se estaría hablando del 200% del PIB, pues en la actualidad ya se encuentra por encima del 160%. A partir de ese momento la quiebra de España está garantizada y seguramente no será necesario esperar hasta el 2030 para que eso suceda.
El riesgo de los avales públicos
En todo caso, Bruselas cree que en este momento las condiciones de financiación en los mercados para España son favorables: las últimas subastas confirman que hay “demanda suficiente” tanto para la deuda a corto como a largo plazo y la prima de riesgo está contenida. Además, la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (BCE) mantiene estable el mercado de deuda pública de la eurozona.
El perfil de la deuda pública española reduce también los problemas. Más del 50% de los bonos están en manos de inversores españoles, mientras que los de la eurozona controlan un tercio. Además, los vencimientos se han alargado, hasta alcanzar una media de 8 años.
En cuanto a los riesgos, el informe de la Comisión destaca la posición negativa de inversión internacional de España y la posibilidad de que el Estado tenga que acabar pagando buena parte de las garantías que ha dado para los créditos a empresas y autónomas.
“En conjunto, el análisis de sostenibilidad de la deuda indica que, a pesar de los riesgos, la posición en materia de deuda sigue siendo sostenible a medio plazo”, concluye el estudio del Ejecutivo comunitario sobre España.
Los ministros de Finanzas de la eurozona celebran una videoconferencia este viernes para ultimar los detalles de la línea de crédito especial del MEDE. El objetivo es que pueda activarse a partir del 1 de junio. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha dicho en reiteradas ocasiones que España no se plantea pedir ayuda al fondo de rescate porque de momento puede financiarse sin problemas en los mercados. Tampoco Italia, el otro país más golpeado por el Covid-19, tiene previsto de momento recurrir a este instrumento.
