Dombrovskis pide a los Estados planes alineados con la estrategia de Bruselas. Hará “una evaluación pormenorizada” de los países antes de enviar fondos. “Esto no va de condicionalidad e intrusión de Bruselas”, asegura Gentiloni.
La Comisión Europea rechaza que el Gobierno derogue la reforma laboral si España quiere acceder a los fondos de recuperación anunciados esta semana en Bruselas. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario del Euro y de Diálogo Social, asegura que “es importante que no haya marcha atrás en las reformas aplicadas”.
La reforma laboral del Partido Popular -que ahora quiere eliminar el Ejecutivo- se pactó con las instituciones europeas en el año 2012. Dombrovskis, preguntado por el eurodiputado Luis Garicano, sostiene que su eliminación no tiene cabida en el marco del fondo de recuperación de 750.000 millones que estudia la Comisión Europea. El vicepresidente europeo asegura que la reforma del mercado laboral “es un principio general que enfatiza la Comisión Europea”.
“No se puede volver a atrás y esto exige una evaluación pormenorizada”, destaca Dombrovskis.
Sin embargo, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, insistió este miércoles en la derogación de esta normativa, tal y como pactó el Gobierno con EH Bildu para prorrogar el estado de alarma. Iglesias acusó en el Congreso al Partido Popular de permitir la precariedad laboral con esta legislación. Sin embargo, se posicionó a favor del diálogo social “para reconstruir los derechos sociales de los trabajadores” y derogar una reforma laboral por la que firmó el documento con el PSOE y EH Bildu, y donde entonces no se recogía la necesidad de diálogo con los agentes sociales.
Europa vigilará
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, asegura que vigilará las medidas laborales del Gobierno. “No se puede volver a atrás y esto exige una evaluación pormenorizada”, destaca Dombrovskis.
El eurodiputado Luis Garicano, subrayó en una entrevista en Onda Cero que “Europa no va a permitir la derogación” de la reforma laboral. “Haremos lo posible para que las ideas insensatas que se plantean que pueden empeorar la situación económica no se hagan”, añadió Garicano.
Las ayudas que están sobre la mesa son las anunciadas esta semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Bruselas ha propuesto un estímulo sin precedentes de 750.000 millones de euros, de los cuales 500.000 millones de euros serán transferencias a fondo perdido (grants), y el resto ofrecido como préstamos con términos favorables. “Nuestra voluntad de actuar debe estar a la altura de los desafíos que todos encaramos”, dijo Von der Leyen ante los eurodiputados.
A España le corresponderían hasta 140.446 millones de euros
Según adelantó Jorge Valero, corresponsal de elEconomista en Bruselas, a España le corresponderían hasta 140.446 millones de euros, el segundo país que más dinero recibiría tras Italia. Los fondos se dividirían entre 77.324 millones de euros en forma de transferencias a fondo perdido, y 63.122 millones como préstamos, según la tabla de reparto que combina todos los instrumentos.
La transferencia neta a España sería superior a la italiana, al tener en cuenta la contribución mayor que realiza Roma al presupuesto comunitario. Según calcula Christian Odendahl, del Centro para la Reforma Europea, el saldo para España sería de 34.000 millones de euros, frente a los 26.000 millones de Roma.
Fondos con condiciones
Estos fondos de la Unión Europea tienen condiciones para los países. Los Estados tendrán que presentar planes de inversión y de reformas alineados con las recomendaciones de Bruselas para acceder a los fondos y sus prioridades, la transformación digital y ecológica. Pero la Comisión, además, propone que el desembolso se apruebe a través de comitología, un oscuro procedimiento comunitario a través del que representantes nacionales emitirán una recomendación vinculante a la Comisión.
Valdis Dombrovskis insistió en esta condicionalidad. Bruselas pactará con los gobiernos la suma a recibir, las metas y el calendario para implementar estos planes, que serán propuestos por el propio país. Si constata que no se cumplen, podrá en última instancia bloquear el desembolso de los tramos de ayuda.
El plan tendrá que ser aprobado por la Comisión Europea, así como por el resto de Estados miembros
El plan tendrá que ser aprobado por la Comisión Europea, así como por el resto de Estados miembros, que podrán emitir una “opinión vinculante” sobre el mismo, según explicó Dombrovskis. “La decisión final dependerá de la Comisión, pero los Estados miembros tendrán que estar de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de aprobar o rechazar un plan antes de que la Comisión pueda avanzar”, dijo.
En sus últimas recomendaciones, emitidas este mes, la Comisión ha pedido a España reforzar su sistema sanitario, mejorar las ayudas a las familias y la protección por desempleo, invertir en digitalización, innovación y mejoras de la productividad.
Gentiloni niega injerencias
Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, rechazó que las condiciones de la Comisión Europea a los Estados miembros para acogerse a los fondos de reconstrucción supongan una injerencia en la soberanía de los países. “Esto no va de condicionalidad e intrusión de Bruselas, pero por supuesto la concesión de subvenciones está ligada a la implementación exitosa de las políticas”, dijo Gentiloni, que argumentó que “es una cantidad de dinero sin precedentes de la UE y debería ser gastado del modo correcto”.
A la hora de evaluar los planes, la Comisión utilizará “criterios transparentes”, como comprobar si abordan los retos que Bruselas haya identificado en sus recomendaciones, si contribuyen a “aumentar su potencial de crecimiento y la cohesión”, así como a la transición ecológica y digital, explicó. Los gobiernos deberán presentar su plan de recuperación cada año en abril, junto a sus programas nacionales de reformas, o en octubre con los borradores presupuestarios.
