Reclaman al Gobierno una contundente respuesta al clientelismo partidista en la Administración y que se vincule la retribución al cumplimiento de objetivos.

Eliminar el “clientelismo partidista y corporativo” y aumentar la profesionalización de los denominados “altos cargos” para abordar “la reconstrucción que necesita nuestro sector público tras la pandemia de la covid-19“. Esta es la principal demanda que la Asociación Dirección Pública Profesional (ADPP), que integra a directivos y directivas de las diferentes administraciones –General del Estado y territoriales-, ha hecho llegar a la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública.

En un documento elaborado dentro del proceso de consulta pública sobre el anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado que prepara el departamento que dirige Carolina Darias, una treintena de altos directivos del sector público reclaman una profunda renovación de los criterios de selección de los altos cargos para “resolver los graves déficits que teníamos en tantos terrenos, pero especialmente en los ámbitos sanitarios y en el de cuidado de las personas mayores”.

La ADPP pide que se considere la integridad como una palanca clave de vinculación mediante la inclusión de un exigente código de conducta

“Estamos convencidos de que la reconstrucción que necesita nuestro sector público tras la pandemia de la covid-19 debe incluir actitudes fuertemente innovadoras para dar ese salto sustancial que nos sitúe en la vanguardia de la recuperación y como catalizadores de una nueva y mejor normalidad; necesita más gobernanzay situara las personas mejores al frente del desarrollo de las políticas y los servicios públicos”, subrayan los firmantes del documento, en el que, en esencia, se defienden para su encaje en la nueva Ley de Función Pública las siguiente ideas:

1. Que se establezca un proceso de selección de personas directivas, con publicidad y concurrencia hacia la búsqueda de las mejores personas y del talento, definiendo una autoridad distinta del órgano de designación para acreditar el mérito y capacidad de las personas candidatas.
2. Que se fijen los objetivos que la persona directiva pública profesional debe cumplir durante su mandato y se registren, mediante un acuerdo de gestión, de forma independiente, junto con sus planes estratégicos y de acción, con la previsión de indicadores para la evaluación de su desempeño.
3. Que se considere la integridad como una palanca clave de vinculación, mediante la inclusión de un exigente código de conducta y mecanismos de seguimiento.
4. Que se diferencie el periodo de mandato de la persona directiva, del ciclo político.
5. Que se fijen las causas de renovación del periodo, o del cese, distintas de la confianza, personal o política, básicamente, tras la evaluación de sus capacidades directivas y su desempeño.
6. Vinculación de las retribuciones variables al cumplimiento de objetivos.