Los expertos advierten de que la caída de ingresos obligará a congelar las pensiones y a crear nuevos impuestos para poder pagarlas.
Uno de los efectos directos de la pandemia y del confinamiento que se ha decretado en España para frenarla ha sido la destrucción y suspensión de empleo. En total, unos 6 millones de personas hasta la fecha han empezado a cobrar la prestación por desempleo y, al mismo tiempo, han dejado de cotizar a la Seguridad Social.
Esto supone que la recaudación del sistema ha caído bruscamente, pero los gastos se mantienen, lo que supone que el déficit público de la Seguridad Social, que ya era abultado a cierre de 2019 (16.052 millones de euros, un 1,3% del PIB), se disparará irremediablemente este año.
Carlos Ruiz, director de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE), calcula que “el déficit que se obtendría, bajo el contexto de las previsiones actuales, sería de un mínimo de un 3% sobre el PIB, del que dos tercios estarían explicados por el lado de los ingresos y un tercio restante al componente de los gastos”, señala en declaraciones a Vozpópuli. Esto supondría un agujero de 37.350 millones de euros.
El motivo principal es que la principal fuente de ingresos de la que se nutre el sistema para pagar las pensiones (las cotizaciones sociales que cada mes pagan empresarios y trabajadores) se han hundido y caerán aún más en los próximos dos meses, ya que el Ministerio de Trabajo estima que tres millones de personas más pedirán el paro de aquí al verano, como mínimo.
Esta merma de ingresos se ve agravada además por el hecho de que un millón de autónomos haya solicitado la prestación por cese de actividad -y llegarán a ser un millón y medio, según estima el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá-, por lo que también han dejado de pagar su cuota a la Seguridad Social.
El problema no sería tan grave si el Fondo de Reserva de la Seguridad Social -conocido como “la hucha de las pensiones”- tuviera fondos, pero resulta que de los 66.815 millones de euros que se habían ahorrado en este fondo entre el año 2000 y el año 2011, en la actualidad sólo quedan 1.400 millones. Insuficientes a todas luces: cada mes el Estado se gasta casi 10.000 millones en pensiones.
Soluciones: Más ingresos y/o menos gastos
Las soluciones para intentar frenar el aumento del déficit pasan necesariamente por un incremento de los ingresos (mediante nuevos impuestos, por ejemplo) o por la contención de los gastos.
“La caída de los ingresos debe ser compensada, en ausencia de fondos de reserva de liquidez, mediante impuestos generales o asignados a este fin, pagaderos sobre la marcha, o mediante deuda que habría que colocar en los mercados y devolver en el futuro (poniendo entonces los impuestos que no se pusieran ahora)”, explican los expertos del Instituto de Pensiones de BBVA.
Impuestos ahora para poder pagar las pensiones o bien más deuda, que habrá que pagar en el futuro con impuestos que paguen las generaciones venideras. Esto sería el ajuste por el lado de los ingresos.
Para intentar resolver el problema por el lado del gasto, los expertos de este Instituto -entre los que figura José Antonio Herce o Elisa Chuliá, asesorados por Rafael Doménech-, recuerdan que harán falta mecanismos de ajuste automáticos como el desterrado Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), aunque aplicarlos suponga una reducción del poder adquisitivo de los pensionistas.
Los expertos señalan que los pensionistas no son el colectivo más afectado económicamente por la crisis del coronavirus, igual que no lo fueron tras la crisis de 2008.
Los pensionistas mayores, en España y en muchos países, distan de encontrarse entre los colectivos más perjudicados por la crisis”
Aunque son de naturaleza muy distinta, las crisis que sufrieron todas las economías entre 2008 y 2013 y la crisis del coronavirus comparten una característica fundamental: han golpeado económicamente de manera más fuerte e inmediata a aquellas personas cuyas rentas regulares no proceden del Estado. O, visto desde otra perspectiva, han preservado en mayor medida la continuidad de ingresos de funcionarios y pensionistas”, señalan.
Añaden además que los mayores que no han cotizado suficientes años para causar derecho a una pensión contributiva (de jubilación o viudedad) y carecen de ingresos para vivir, pueden acceder a una pensión no contributiva de jubilación.
Congelar las pensiones
Para reducir el déficit de la Seguridad Social, el economista Ángel de la Fuente, director general de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), explica a este medio que él cree que el Estado “hará mas préstamos o transferencias a la Seguridad Social”, aunque en la práctica reconoce que “eso sólo cambia el problema de sitio”.
Cree que el Estado se verá obligado a suspender las subidas de las pensiones, lo que en la práctica supondrá congelarlas. No obstante, si se tiene en cuenta que los expertos pronostican deflación para este año (caída de precios respecto al nivel del año pasado), incluso si se mantienen congeladas las pensiones, los pensionistas ganarían poder adquisitivo.
Según las estimaciones de BBVA Research, el IPC, que mide la evolución del precio de la cesta de la compra, registrará una caída media anual del -0,6% en 2020; mientras que pronostican una caída del -1,1% en el deflactor de PIB -indicador que mide los precios de todos los sectores productivos de la economía-.
De la Fuente también contempla la posibilidad de se apliquen impuestos para poder llenar las arcas de la Seguridad Social. “En algún momento, no habrá otra, pero habrá que pensarlo bien: qué impuestos y con qué timing”, advierte
