Ángel de la Fuente (Gijón, 1962) es el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y científico titular en excedencia del Instituto de Análisis Económico del CSIC. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylavania, ha trabajado como consultor para numerosas instituciones, como la Comisión Europea, el Banco Mundial o la OCDE. De la Fuente es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha publicado numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas sobre sus investigaciones sobre el crecimiento económico y la economía regional.

El lunes se inicia la Fase 1 de la desescalada, ¿cree que este plan de reactivación es adecuado? 

En términos generales, sí: se trata de ir normalizando la actividad económica gradualmente, según lo permita la situación sanitaria en cada territorio, con la opción de frenar el proceso temporalmente o incluso dar marcha atrás si hace falta. Otra cosa son los detalles. Espero que el Gobierno y las CCAA acierten.

¿Hasta qué punto habrá cambiado la economía cuando se inicie ese retorno a la ‘nueva normalidad’?

La economía per se no mucho, estamos hablando de un par de meses. Lo que ha cambiado, muy a peor, han sido las circunstancias en las que esa economía tiene que operar. La pandemia complica mucho la producción y venta de muchas cosas y eso se notará.

Si se suman desempleados, trabajadores bajo ERTE, pensionistas y funcionarios, ya hay casi dos personas sostenidas por el Estado por cada una que trabaja. ¿Es adecuada esta intervención de la economía por el sector público? 

Está claro que esa no es una situación sostenible a medio o largo plazo, pero estamos en una situación de emergencia en la que el Estado tiene que proteger en la medida de lo posible a ciudadanos y empresas ante un shock muy fuerte. Ahora mismo no hay demasiadas alternativas. El número irá bajando gradualmente, pero sí que tendremos que pensar con cuidado qué niveles de protección queremos y podemos pagar de cara al futuro.

¿Qué medidas debería tratar de consensuar el Gobierno español para elaborar la hoja de ruta de la salida de la crisis?

La hoja de ruta en sí misma debería ser fruto de un consenso lo más amplio posible. Hay que buscar un equilibrio complicado entre seguridad sanitaria y reactivación económica y tomar decisiones difíciles sobre a qué dedicar los limitados recursos disponibles y cómo pagar los costes de la crisis. Si no hay un pacto que una clara mayoría social entienda y pueda asumir, el nivel de conflicto irá a más y eso es lo último que necesitamos ahora. Nuestros líderes políticos deberían dejar de tirarse los trastos a la cabeza y tratar de entenderse por el bien común.

¿Seguirá siendo España un país tan dependiente en términos de PIB del turismo y la hostelería tras el Covid-19? ¿hay algún sector preparado para el relevo? 

A corto plazo es inevitable que el turismo pierda peso, pero una vez se resuelva la crisis sanitaria volverá a ganarlo, aunque la recuperación total llevará unos años. Habría que hacer de la necesidad virtud y aprovechar para reconvertirnos al menos en parte hacia un turismo de más valor añadido, menos masificado.

¿Debemos incrementar el gasto sanitario en España? 

Seguramente sí, pero sin obsesionarnos porque la próxima crisis podría ser muy distinta. Lo que sí deberíamos aprender de la experiencia es a ser más precavidos. En materia sanitaria esto implica tener algo más de holgura hospitalaria para posibles emergencias y establecer reservas estratégicas de material y equipos sanitarios. Pero el mismo principio de precaución ha de aplicarse también en otras áreas. A nivel económico, sería necesaria una política sistemática de control del déficit y del stock de deuda en tiempos buenos y normales para tener más margen de actuación fiscal en tiempos de crisis. Para posibles futuras crisis de este calibre, también convendría establecer o reforzar mecanismos extraordinarios de actuación y coordinación a nivel internacional o al menos europeo.

¿Cómo valora la respuesta de la UE y el BCE a la crisis? 

La respuesta está tomando su tiempo, como siempre sucede en la UE, pero creo que ha sido razonablemente buena. La UE y el BCE han hecho con bastante rapidez dos cosas muy importantes: suspender las reglas comunitarias de disciplina fiscal para que los países miembros puedan responder a la crisis sin demasiadas restricciones presupuestarias y ampliar su programa de compra de deuda para dar liquidez a los estados y sistemas financieros. Ahora se están discutiendo medidas adicionales para ayudar a los gobiernos nacionales mediante líneas de crédito de un volumen muy importante.

Las cosas podrían ir más deprisa y además parece improbable que se llegue a un compromiso para mutualizar de forma explícita una parte significativa de los costes de la crisis mediante la emisión de deuda conjunta, respaldada por toda la Unión. Un acuerdo en esta línea hubiera sido deseable, pero la ayuda de la Unión será sustancial en cualquier caso y hay que agradecerla. Sin ella, países como el nuestro, con poco margen fiscal, tendrían muchas dificultades para conseguir en los mercados los recursos necesarios para hacer frente a la crisis.

¿Hasta qué punto es una amenaza para la recuperación de España la sentencia del Constitucional alemán cuestionando las compras de deuda soberana?

No lo sé, pero no es una buena noticia. Uno pensaría que los tribunales competentes no son los nacionales sino los europeos, que han avalado programas de este tipo en el pasado. Pero dado el peso de Alemania en la Unión Europea, la presión para limitar las compras de deuda del BCE podría ser importante.

¿Cree que el debate del equilibrio presupuestario volverá a estar sobre la mesa cuando pase esta crisis y sea momento de empezar a pagar la factura de la deuda?

Me temo que sí. Habrá mucha resistencia para aceptar que esa factura hay que pagarla, pero si no lo hacemos, la próxima crisis nos pillará en condiciones todavía peores.