La tasa a las grandes fortunas alcanzará 2.500 millones en el mejor escenario.
El impuesto a los ricos o a las grandes fortunas que Pablo Iglesias quiere imponer en la agenda del Gobierno progresista de Pedro Sánchez, aprovechando la era coronavirus, nace con mal pie. Al menos, a tenor de la opinión de expertos economistas consultados por este diario, recalcando que “las cuentas del Gran Capitán” que estiman una recaudación de 11.000 millones de euros al año, actuando sobre los mil patrimonios más altos, es absolutamente irreal. De hecho -señalan estos-, solo en el mejor de los escenarios recaudaría el 18% de lo que dice la formación morada. Es decir, 2.500 millones de euros, y no 11.000 millones como el equipo económico de Podemos pronostica.
Además, mantienen los economistas, la recaudación de 2.500 millones “es de lo más optimista”, pues para eso se tienen que dar dos condiciones: que el impuesto derogue al actual tributo de Patrimonio, y, que las CCAA no denuncien que les quitan una competencia que es autonómica.
De raíz, el impuesto a las grandes fortunas nace también con enormes confusiones. Mientras que Unidas Podemos quiere que sea un nuevo tributo -que grave un 2% más a los que tienen más de un millón de euros, y hasta 3,5% más a los que superan patrimonios de 100 millones de euros-, el PSOE se plantea utilizar figuras existentes para caminar hacia una justicia progresiva. Y para ello -apuntan fuentes de Hacienda-, podrían servir el mínimo del 15% del impuesto de Sociedades para grandes corporaciones, la tasa Tobin y la tasa Google. Pero de impuesto específico no hablan.
Cambios de sede fiscal
En efecto, una de las primeras consecuencias que preconizan y detectan por experiencia el panel de expertos es el cambio de sede fiscal de las grandes sociedades y, la consiguiente pérdida de atractivo de las inversiones extranjeras.
Para Alejandro del Campo, fiscalista y socio de DMS Consulting, este impuesto no es más que un impuesto encubierto de Patrimonio, que provoca que se fije la residencia fiscal en otro país, y que otros ricos que se fijarían en España no lo hagan y elijan Portugal.
Para Esaú Alarcón, fiscalista y socio de Gibernau y asesores, éste no es un impuesto a los ricos, sino un aumento exorbitante del impuesto sobre el Patrimonio. “Lo que hay que ver es cómo lo implementan, porque las comunidades autónomas tienen competencias para establecer bonificaciones, como hace Madrid al 100%. Por lo tanto, o negocian con las CCAA o solo tendrá efectos en aquellas que sí tienen este impuesto”, dice.
Entre tanto, Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis Gestión, defiende que “no tiene ningún sentido introducir diferencias tributarias en el tamaño”. Y sobre el detalle del impuesto, añade que muchas empresas van a mover su sede fiscal a otro país, como ya hacen la mayoría de compañías que cotizan en el Ibex 35.
Por otra parte, José María Rotellar, profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, subraya que subir impuestos es una equivocación en cualquier momento, porque hay que incentivar la actividad y el empleo, y las subidas de impuestos terminan dañando al sistema productivo y haciendo caer la recaudación.
Por contra, Nazario Mendoza, socio fiscal de Écija, sostiene que este impuesto “facilita un control mayor en la lucha contra el fraude fiscal, para lo que ya se han ido creando diferentes herramientas en los últimos años”.
Exprimir a las 600 fortunas para no bajar el sueldos de los políticos
En Podemos llevan años convencidos de que la Administración Tributaria española puede extraer un volumen mucho mayor de recursos en forma de impuestos del reducido núcleo de grandes fortunas que viven en España. Lo recuerdan de forma recurrente en sus comparecencias públicas, lo incluyen en sus propuestas electorales y ahora que son parte del Gobierno tienen intención de pelearlo dentro de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, que está llamada a perfilar la hoja de ruta con la que España saldrá de la crisis sanitaria, social y económica causada por el efecto de la Covid-19.
Allí defenderán una vez más, si bien ahora con el prurito de ser uno de los partidos de la coalición gubernamental, su Impuesto a las Grandes Fortunas una nueva figura impositiva con la que entienden que pueden llegar a recaudar una cantidad equivalente al 1% del PIB – en torno a 11.000 millones de euros – a base principalmente de elevar la presión fiscal sobre las mayores fortunas del país, un grupo en el que, estiman, se mueven alrededor de un millar de contribuyentes. Por lo que se conoce hasta ahora de la propuesta su receta pasaría por elevar el tipo máximo de de gravamen sobre el patrimonio de los contribuyentes, hoy situado en el 2,5% para patrimonios declarados de más de 10 millones de euros, hasta el 3% para los patrimonios superiores a 50 millones y al 3,5% para los que se sitúen por encima de los 100 millones.
Sin embargo, el simple ajuste al alza de los tipos que gravan el patrimonio de las mayores fortunas del país no alcanzaría ni de lejos para alcanzar los ambiciosos objetivos recaudatorios marcados por los de Pablo Iglesias. Según los últimos datos oficiales proporcionados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, el Impuesto de Patrimonio recaudó en total cerca de 1.112 millones de euros, de los cuales apenas 127 millones (un 11%) vinieron del grupo de 611 contribuyentes que declararon un patrimonio superior a los 30 millones de euros. Este dato está condicionado de forma decisiva por la bonificación del 100% sobre el impuesto que aplica la Comunidad de Madrid que permitió a 413 grandes fortunas -entendidas como patrimonios superiores a 30 millones de euros- esquivar el pago de 406 millones por el impuesto. Sin esa ‘distorsión’, que trae a mal traer al Gobierno que la considera ‘dumping fiscal’, la recaudación por ese segmento subiría a 533 millones.
A partir de esas cifras la elevación del tipo máximo del impuesto desde el 2,5% en el que se encuentra en la actualidad hasta el 3% o incluso el 3,5% como plantea Unidas Podemos solo serviría para incrementar la recaudación en 200-300 millones de euros como máximo, una mejora del todo insuficiente cuando el objetivo declarado es pasar de una recaudación potencial de 2.200 millones de euros a más de 11.000 millones. ¿En qué está pensando entonces Podemos para llegar a esas cifras? Los expertos consultados coinciden en que para alcanzar una recaudación de ese nivel a golpe de grabar el patrimonio de las grandes fortunas del país hay que dinamitar el Impuesto de Patrimonio tal y como se conoce en la actualidad.
Patrimonio, un ‘escudo’ para las grandes fortunas
Tal y como está concebido, el actual Impuesto de Patrimonio impide alcanzar las cifras de recaudación que plantea Podemos. “Patrimonio se concibió como un impuesto temporal y con una función censal, de registro, por eso tiene unos tipos tan bajos”, explica Rubén Gimeno, del Registro de Asesores Fiscales. El impuesto además establece un largo listado de bienes y derechos exentos de tributación en Patrimonio, que en el caso concreto de las grandes fortunas del país les permite reducir en un 45% el patrimonio sujeto a tributación y que les exime de tributar, por ejemplo, por los bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español o de su comunidad autónoma, por los objetos de arte y las antigüedades que atesoren, por el ajuar doméstico o por los bienes y derechos afectos a actividades económicas.
Solo falta convencer al PSOE
La propuesta de Podemos está encima de la mesa, así como las dudas de su efectividad recaudatoria. Además, tampoco parece gustar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ya se ha pronunciado varias veces en las últimas semanas en contra de aprobar nuevos impuestos, por lo que estaríamos ante otra discusión en el seno del Ejecutivo. Montero sería más partidaria de subir Sucesiones o Patrimonio en las regiones que tienen baja fiscalidad, en lugar de crear una nueva figura fiscal. En 2017, las regiones recaudaron 1.111 millones de euros por Patrimonio, por lo que la propuesta de Podemos supondría multiplicar por 10 la recaudación, lo que resultaría bastante inverosímil.
Preguntado por las diferencias con el PSOE en este campo, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se aventuró a asegurar que gravar más a las grandes fortunas es uno de los “consensos amplios” de la sociedad porque “más de la mitad de los españoles estarían a favor de un impuesto a la riqueza”. Echenique aprovechó también para dirigirse a Madrid, señalando que el actual Impuesto de Patrimonio “permite que haya comunidades, como la de Madrid, que se erijan en una suerte de paraísos fiscales interiores y hagan dumping fiscal a las demás, bonificando este impuesto”. Ahora, solo falta convencer al PSOE.
