El Ejecutivo ha adjudicado contratos en esta crisis sin concurso público, atendiendo al estado de alarma y sin atender a criterios particulares. Unas decisiones que le han llevado a comprar material defectuoso, pactar con proveedores opacos y cometer varios errores administrativos.
Las situaciones de crisis permiten al Gobierno adjudicar contratos de forma directa a una empresa y sin publicitar la licitación. La conocida como ‘Tramitación de emergencia’ dota de agilidad y rapidez a la Administración en las contrataciones en una crisis. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha firmado un centenar de contratos para la compra de material sanitario para enfrentarse al coronavirus y, en varios de ellos, ha incurrido en diferentes errores: el material era defectuoso, el proveedor no era transparente y la gestión administrativa ha sido errónea.
Todo empezó cuando el Ministerio de Sanidad aprobó un fondo de contingencia de mil millones de euros para la compra de material en la lucha contra el coronavirus. Una suma que la administración ha ido adjudicado en pequeñas o grandes partidas en licitaciones sin concurso público, atendiendo al estado de alarma, y sin justificar criterios particulares: el departamento dirigido por Salvador Illa, a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), recurre a una fórmula genérica en todos los contratos en los que apela a la capacidad de las sociedades contratadas para hacer frente a las peticiones, siempre con la reserva de rescindir la licitación si se observa el incumplimiento de lo acordado.
Test y mascarillas defectuosos
Uno de los primeros obstáculos con los que se encontró el Gobierno fue la adquisición de 650.000 test de detección del coronavirus que no cumplía con los estándares y los mínimos de fiabilidad. La embajada china en España denunció a través de su cuenta de Twitter que Shenzhen Bioeasy Biotechnology, fabricante de estas pruebas rápidas, no tenía licencia oficial para vender sus productos.
Salvador Illa defendió la adjudicación y aseveró que la compra se gestionó a través de un proveedor español “de confianza”, aunque en todo momento se negó a facilitar el nombre de la compañía, lo que provocó una profunda indignación entre sectores de la oposición que pedían más “transparencia” en las adjudicaciones. Sanidad devolvió la partida defectuosa y obtuvo un reemplazo que tampoco cumplió los mínimos exigidos. Tras semanas perdidas, pidió la devolución del dinero invertido.
Desde el ministerio de Salvador Illa también se encontraron con problemas con una partida defectuosa de mascarillas que repartieron entre las administraciones. 2,1 millones de mascarillas con nivel de protección FFP2 del fabricante chino Garry Galaxy que presentaban graves deficiencias y que, según sindicatos y gobiernos regionales, pusieron en riesgo a los miles de sanitarios entre los que se repartieron.
El Gobierno ordenó su retirada inmediata, pero no fue posible recuperar el total de la partida. Las Comunidades Autónomas tuvieron que hacer test masivos a los funcionarios y en algunas regiones –como Murcia-, se optó por el aislamiento de cientos de ellos durante los compases más críticos de la pandemia. El problema de las mascarillas se podría haber producido también a otros niveles: en las últimas jornadas han señalado que las que Isabel Díaz Ayuso reparte en las farmacias de la Comunidad de Madrid incumplen la normativa europea.
El proveedor con actividad en Angola
El Ministerio de Transportes ha sido otro protagonista de estos ‘pecados’. El equipo del José Luis Ábalos ha gastado cerca de 37 millones de euros en dos compras, una a través de Puertos del Estado y otra con Adif, de un total de 13 millones de mascarillas. Su socio ha sido una pequeña empresa, con sede en Zaragoza, llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. La información a la que ha podido acceder Vozpópuli sobre este proveedor ha sido por el Registro Mercantil y por la propia web de la empresa, aunque esta última vía de información no notifica ninguna novedad desde 2017.
La empresa ha detallado en ejercicios recientes unas cuentas que se dibujan en números rojos, con una plantilla de cinco trabajadores y el foco de su actividad en África. Ni Soluciones de Gestión ni el propio Ministerio de Transportes han querido dar ningún detalles sobre su situación ni los motivos de esta elección. Estas adjudicaciones se anunciaron en el portal de contratación, semanas después de que lo publicara este medio, pero sin aportar el pliego ni el acta de formalización de estos contratos públicos.
En concreto, Soluciones de Gestión ha tenido sus proyectos más importantes en Angola. Un país donde ha trabajado en una UTE con Comercial Cueto 92, uno de los protagonistas del conocido ‘caso Defex’. Según el informe de la Audiencia Nacional en mayo de 2019, Comercial Cueto 92 y Defex -la empresa pública española de venta de armas- mantenían una operativa en Angola que consistía en “conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños”.
Al frente de Cueto Comercial 92 estaba, por entonces, Juan Carlos Cueto. Ahora esta compañía la dirigen las dos hermanas de Cueto tras la apertura de la investigación del juez de la Mata. Por su parte, el administrador de Soluciones de Gestión es José Ángel Escorial, un empresario que aparece como representante de una veintena de sociedades en el Registro Mercantil.
Protagonismo para Correos
Correos e Interior tienen también su papel. El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Interior formalizó una licitación para la compra de 50.000 mascarillas FFP2 a la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., -presidida por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez-. En concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad se aseguraba la adquisición del material a cambio de un precio unitario de 4,4 euros sin IVA. Una cantidad notablemente superior a otras licitaciones adjudicadas desde la cartera de Fernando Grande-Marlaska, con mascarillas del mismo nivel de protección a un precio unitario de 2,1 euros.
Desde Interior alegan que se trata de uno de los primeros lotes que adquirieron, “a principios de abril”, cuando el mercado sufría las mayores convulsiones y los precios eran más elevados, pero que el contrato no se firmó hasta semanas más tarde. Problemas aparte son los que ha sufrido Correos para dotar de protección a sus propios trabajadores: como contó Vozpópuli, a la empresa pública no le resultó suficiente los dos millones de mascarillas que les prometió el Ministerio de Transportes y tuvo que tomar la iniciativa para encontrar el stock en el mercado internacional. Pese a esas dificultades, vendió miles de mascarillas a Interior.
245 millones en Hong Kong
El Gobierno ha buscado socios más exóticos en esta carrera de emergencia. INGESA, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha revelado durante el mes de abril cerca de 60 contratos de compra de material sanitario para el coronavirus. Entre esta multitud de adjudicaciones destaca HongKong Travis Asia Limited, un socio que ha recibido una serie de ‘megacontratos’ por valor de 245 millones.
Todo apunta a que se trata de una empresa de ‘trading’, que actúa de mediador con los fabricantes de origen chino. Pero su rastro societario es opaco y su actividad social desconocida. Este socio de Sanidad se constituyó hace menos de un año con una inversión inicial inferior a 1.200 euros, según la documentación del registro de sociedades de Hong Kong. Los responsables de HongKong Travis Asia Limited son dos ciudadanos de origen chino, que aportaron este capital inicial para su constitución.
Xulei Yu y Xiaojuan Li ingresaron los 10.000 dólares hongkoneses necesarios (1.194 euros) para la constitución de la empresa el 14 de mayo de 2019. Más tarde, en el papel de secretario -con destacadas funciones de representación-, colocarían a una persona jurídica, la empresa Hung Kai Registrations (HK) Limited.
De acuerdo a las comprobaciones que ha podido hacer este diario, Hung Kai Registrations es otra empresa de reciente creación -agosto de 2018- y también con un capital inicial de 10.000 dólares hongkoneses. Según el registro, la autoridades locales le han impuesto en este escaso año de vida una multa de 90.000 dólares hongkoneses por violar las ordenanzas contra el lavado de dinero. Su documentación refleja que una tercera sociedad asumió las funciones de secretaría: su nombre es Globally Enterprise Registrations (HK) Limited y se constituyó hace menos de tres años, en septiembre de 2017.
Las investigaciones de los entramados societarios de Hong Kong suelen ser complejas, dadas las ingentes ramificaciones de las estructuras empresariales y la sencillez de modificar su domiciliación en oficinas o locales. Fuentes del sector consultadas por este diario durante esta investigación detallan la facilidad con la que se constituyen las sociedades en Hong Kong, con un mínimo capital inicial y sin la necesidad de que los accionistas principales se encuentren físicamente en la ciudad.
35 millones en aviones y almacenes
Los contratos adjudicados por Sanidad no sólo atienden a la compra de material sanitario. En lo que va de crisis, desde la cartera se han desembolsado 35 millones en cuestiones logísticas. Vuelos desde China y almacenamiento en España para hacer acopio de la mercancía. Todos ellos, contratos adjudicados sin concurso previo. La danesa DSV Air & Sea se ha llevado las partidas más cuantiosas, con un total de más de 25 millones de euros.
Gestiones y dinero, no obstante, insuficientes para traer y guardar todo el material sanitario adquirido en las últimas semanas. El Ministerio de Defensa, a través de sus operadores logísticos y con los aviones del Ejército del Aire, ha dispuesto decenas de vuelos entre España y China. También Inditex, con su flota aérea. Y el Ejército de Tierra ha habilitado el Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (PCAMI), en Madrid, para albergar 120.000 metros cúbicos de materiales.
Imprecisiones en el BOE
A estas circunstancias hay que sumar los errores que ha cometido el Gobierno al anunciar una serie de licitaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según ha constatado este diario, al menos una docena de contratos incurren en el mismo fallo: al detallar la ubicación y la localidad de las empresas adjudicatarias, el Gobierno detallaba “Domicilio desconocido”.
Según el propio Salvador Illa, todas estas imprecisiones se deben a un “error administrativo”. La mayoría de ellas afectaban a empresas con sus sedes principales en el extranjero. Los proveedores manifestaron su malestar al Gobierno por estos fallos al considerar que podía despertar dudas sobre su origen, actividad o transparencia. El portal de contrataciones y el BOE han subsanado varios de estos fallos.
