España está muy cerca de pagar 3 prestaciones públicas por cada nómina privada

España comunista

Los datos del paro de abril dicen tres cosas: a) este año se ha roto la estacionalidad del mercado laboral español, b) se ha creado un agujero negro en las cuentas del Estado y c) el sector público ha arrasado lo que quedaba del sector privado.

Ruptura de la estacionalidad del mercado laboral

Todos los años de abril a agosto se crea trabajo por la temporada turística de primavera/verano, la agricultura y la construcción…. En el 2020 no será así. Eso es grave, porque puesto de trabajo que se pierde en esa época ya no se recupera hasta el año que viene y para crearlo en 2021 no debe haber ningún rebrote más del Covid-19 y tiene que recuperarse el turismo, algo dudoso porque depende de la economía mundial.

Agujero negro en las cuentas del estado

El agujero negro en las cuentas se debe al aumento del desempleo y la subida de pensiones y sueldos públicos aprobados en enero. El miércoles, la Ministra de Trabajo alardeaba de haber abonado cerca de 5.000 millones de euros entre parados y acogidos a los ERTEs. Los empleados públicos cuestan 14.000 millones al mes y los jubilados otros 10.000, más todo tipo de ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital que patrocina el Gobierno. En total, son más de 30.000 millones mensuales en sueldos, prestaciones y subsidios. A eso hay que añadir el resto de los gastos del Estado: compra de bienes y servicios, transferencias, inversiones…

Por otra parte, la atonía económica ha reducido los ingresos fiscales. Baja el IRPF, el IVA y el impuesto de sociedades. El agujero fiscal está servido y puede que el porcentaje de déficit público sobre el PIB sea superior a dos cifras (+10%) este año.

Es decir, esos más de 30.000 millones de euros que va a pagar el estado cada mes no van a salir evidentemente de los impuestos, sino de 70.000 millones de nueva deuda que está previsto emitir este 2020.

El sector público ha arrasado definitivamente con el privado

En abril había 18,3 millones de afiliados a la Seguridad Social (datos SEPE) con unos 3,7 millones de trabajadores acogidos a los ERTEs que no están contabilizados en ese registro como parados. Los registrados como desempleados son 3,8 millones. Si descontamos 3,3 millones de funcionarios y trabajadores públicos más los ERTEs al número de afiliados a la Seguridad Social sale que solo quedan 11,3 millones de asalariados o autónomos en el sector privado.

Por tanto, los pendientes de prestación, subsidio de desempleo o ERTEs son 7,5 millones. Como ya se ha mencionado, los empleados públicos son otros 3,3. Pero además hay 2,8 millones más de personas que reciben algún tipo de ayuda pública siendo o no población activa (hijo a cargo, renta mínima, IMSERSO, maternidad y paternidad). A todo ello hay que sumar evidentemente el amplio colactivo de los pensionistas con sus 9,8 millones de contributivas. En total, para 11,3 millones de asalariados en el sector privado hay unos 23,4 millones de personas que está cobrando cada mes de las arcas del Estado.

Es importante insistir que en el sector privado solo cobran en estos momentos unos 11,3 millones de personas, pues de los 16,4 que figuran en las estadísticas hay que descontar los ERTEs y los parados de menos de tres meses que se contabilizan como asalariados. Conclusión: la llegada del ultracomunismo a España ha provocado que por cada empleado del sector privado haya más de dos que están cobrando del sector público.

23,4 millones de españoles comen caliente cada día gracias al estado. Mientras que en el sector privado solo quedan 11,3 millones de asalariados comiendo gracias a los productos y servicios que ofrecen

Cuando se profundiza en los datos todavía es peor

Pero por si esto no fuera suficientemente escabroso, la realidad es todavía mucho más oscura y tenebrosa. Pues gracias a la Tarjeta Social Universal (TSU) que se impuso a España por el rescate en 2012 para saber cuántas retribuciones públicas se estaban pagando (porque nadie era capaz de encontar la cifra), sabemos que a finales de 2019 el estado ya estaba sosteniendo la friolera de 24,6 millones de retribuciones públicas. La TSU se gestó tras un acuerdo de la Conferencia de Presidentes autonómicos en enero de 2017 e inmediatamente se alzaron voces críticas por entender, como era el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que se trataba de un “carné para pobres” y que suponía volver al “padrón de la beneficencia y la cartilla de racionamiento” de la Posguerra.

Pero gracias a esta base de datos está configurado el mapa de las ayudas públicas en España. Según la información que se disponía a finales de 2019, habían 18,6 millones de beneficiarios percibían 24.586.474 prestaciones (esto es así porque una misma persona puede ser titular de varias prestaciones). Están consideradas las “situaciones subjetivas” de familias numerosas, personas con discapacidad, trabajadores autónomos o jóvenes inscritos en la garantía juvenil. De modo que se acredita su situación ante las administraciones públicas o ante terceros para ser beneficiarios de políticas sociales.

Así es como se ha podido saber que hay unos cinco millones de personas que cobran más de una prestación. En en el apartado de pagos figuraban a 16 de diciembre de 2019 la salida de unos 12.000 millones de euros, cantidad que prácticamente se duplica al cabo del mes, pues solo para el abono de 9,8 millones de pensiones (para 8,9 millones de pensionistas) la Seguridad Social destinó cerca de 9.800 millones de euros en diciembre, a los que se suman unos gastos de los servicios públicos de empleo (el Sepe, el antiguo Inem) en prestaciones por desempleo de más de 1.700 millones de euros para los cerca de dos millones de beneficiarios registrados a cierre de 2019. Es decir, entre todas las prestaciones más las pensiones el estado ya pagó en diciembre de 2019 la friolera de 23.500 millones de euros a los sectores improductivos de la economía.

Con esta información conseguida gracias a la TSU podemos afinar mucho más los datos antes mencionados. A las 24,6 millones de prestaciones que había a finales de 2019 hay que sumar 1,8 millones de nuevos desempleados y 3,7 millones acogidos a los ERTEs. Es decir, UN MÁXIMO DE 11,3 MILLONES DE TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO SOSTIENEN 30 MILLONES DE PRESTACIONES PÚBLICAS. ES CASI UNA RATIO DE 1 PRESTACIÓN PRIVADA POR CADA TRES PÚBLICAS.

El sector público ya ha fagocitado al emprendimiento privado

Pero todavía no es suficiente y el ultracomunismo pide una renta básica universal. Es decir, que incluso cobren del estado todos los trabajadores del sector privado. Y esto al mismo tiempo que se está pidiendo la nacionalización de sectores enteros de la economía. Venezuela es un chiste en compración de lo que ya le está sucediendo a España y por supuesto el caos social está a la vuelta de la esquina si no se revierte inmediatamente esta situación. Pues prácticamente nadie en España conoce la calamitosa situación en la que se encuentra la contabilidad nacional y sobre todo que hay 30 millones de retribuciones públicas sobre una base de 11,3 millones de empleos privados.

Lo peor que podría suceder es que el sector privado no remontase, al mismo tiempo que se le suben los impuestos provocando quiebras en cascada por las dificultades administrativas y los errores políticos. Primero desaparecerían los autónomos, luego las pymes y finalmente el resto de la economía pasaría a manos de gestores políticos puestos a dedo por los partidos y funcionarios del aparato del Estado. España ya es bolivariana, pero todavía no se ha enterado. Solo despertará si algún día desaparece el euro y esta locura de gasto público desemboca en una hiperinflación en pesetas, con el poder económico en manos de políticos inútiles y burócratas ignorantes mientras las imprentas echan humo para comprar votos mediante subsidios y pagar este descomunal derroche público.

De momento todavía estamos en el euro y el Gobierno necesita dinero para financiar el gigantesco agujero fiscal que está creando. Los dirigentes europeos, que no son bolivarianos, pondrán condiciones para financiarnos: un rescate que ya debe estar negociándose. Esperemos que una de las condiciones impuestas sea la defensa del libre mercado y del sector privado. No hay que olvidar que antes la Unión Europea se llamaba: Comunidad Económica Europea y buscaba crear un “Mercado Común”.

En Europa confiamos, antes de que sea demasiado tarde

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