La iniciativa de Francia, Dinamarca y Polonia de no ayudar a las empresas en paraísos fiscales apenas encuentra eco en el continente.
Tres países tan distintos entre sí como son Francia, Dinamarca y Polonia han vetado la concesión de ayudas públicas para reparar, en la medida de lo posible, los destrozos provocados por la Covid-19 si las empresas aspirantes a las subvenciones tienen su domicilio en un paraíso fiscal. Los tres Estados mencionados no quieren que las sociedades registradas en paraísos fiscales accedan a los auxilios financieros de los paquetes de rescate. Los ‘Tax Haven’ son identificados en la jerga de la Unión Europea (UE) con el nombre, casi aséptico, de “jurisdicciones fiscales no cooperativas”.
Mientras tanto, España guarda un silencio sepulcral, en teoría incomprensible por su necesidad de recibir auxilios financieros del exterior. Sin embargo, la iniciativa del “tripartito” citado pone contra las cuerdas a los tres últimos presidentes del Gobierno español. A ninguno de los tres les conviene que, por un “efecto rebote”, se difundan ciertas normas tributarias internas que, a mi parecer, deben calificarse de ominosas.
España solo ha puesto sobre “la mesa del veto” un caramelito insípido. Como ya anticipó en su día al periódico ‘La Vanguardia’ la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la prórroga de los ERTE no beneficiará a las compañías residentes en un paraíso fiscal. Díaz ha condimentado su guiso con una guindilla poco picante: según Intermón Oxfam, solo tres entidades españolas (Santander, ACS y Repsol) han constituido filiales en territorio impuro. Pero hoy, en su mayoría, son vestigios del pasado. Cosas de la buena reputación. La mujer del César, más que ser buena, debe parecerlo.
España no es un verso suelto. La UE es un club de farsantes
Ninguna “unión” o “comunidad” puede funcionar bien y exigir el cumplimiento de sus estatutos si algunos de sus socios se dedican a robar a los demás. Es lo que hacen desde hace mucho tiempo el Reino Unido, Holanda y Luxemburgo (y también la extracomunitaria Suiza), donde los tipos de gravamen del impuesto societario oscilan entre el 10% y el 0,8%. Son un estímulo irresistible para que las grandes multinacionales (casi todas estadounidenses) que operan en el resto de Europa registren sus filiales en los Estados ladrones para “trasladar” sus beneficios a esos territorios tan “comprensivos”. La organización Tax Justice calcula que los demás miembros de la UE pierden una recaudación fiscal de unos 24.200 millones de euros al año por esas políticas nacionales de oferta. En la UE el robo está legalizado si las víctimas y los victimarios son europeos. La libre circulación de capitales es la biblia de Bruselas. La capital de la Unión es una cueva de filibusteros que impiden incluir a ningún Estado miembro en la lista negra de “las jurisdicciones fiscales no cooperativas”. Personalmente, estoy harto de las declamaciones retóricas que propugnan la defensa a ultranza de una “Unión” que nunca ha querido armonizar los tributos sobre la renta y la riqueza.
Ahora voy a pulsar una tecla más cercana. Desde su aprobación, la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR), en su artículo 14, declaraba exentos los rendimientos de capital derivados de la Deuda Pública española, obtenidos sin mediación de un establecimiento permanente en nuestro país. Sin embargo, la misma Ley adoptaba una cautela imprescindible: “En ningún caso será de aplicación la exención de los rendimientos obtenidos a través de los territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal“.
Pero en 2008 llegó el “crash” inmobiliario que todos conocemos. Poco después de la quiebra de Lehman Brothers (septiembre de 2008) se celebró en Washington la cumbre del G-20 (15 de noviembre de 2008), con la participación, como “guest star”, del rey de la desaceleración, el inefable José Luis Rodríguez Zapatero. Eran los tiempos “románticos” de la refundación del capitalismo. Con ese noble ideal en la cabeza y el corazón, el presidente del Gobierno español propuso la liquidación mundial de los paraísos fiscales.
Era imposible una desvergüenza mayor. Porque en el mes de abril anterior (artículo 4 del Real Decreto-ley 4/2008), el Gobierno había modificado el IRNN con la finalidad de declarar igualmente exentas las rentas obtenidos en España a través de paraísos fiscales. De esta forma, el Gobierno español se asociaba con los capitales más turbios. Se fue Zapatero, le sustituyó Rajoy y después le llegó el turno de gobernar (es un decir) a Sánchez. La política va y viene pero, respecto a la alianza española con los paraísos fiscales, la vida sigue igual, como dice Iglesias (Julito, no Pablo). El beneficio tributario concedido a los capitales más negros que el sobaco de un mono sigue vigente en la actualidad.
En 2020, el Tesoro español deberá realizar una emisión neta de deuda superior a 100.000 millones de euros (80.000 millones más que el año anterior)- La deuda soberana de España alcanzó el 95,5% del PIB en 2019 y se prevé que en 2021 salte por encima del 120% del PIB. El 48% de nuestra deuda está en manos de extranjeros. Gran parte de los títulos del Reino de España están en la cartera de fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales o territorios de baja tributación.
A la “mesa del veto” se van acercando otros invitados, como Italia. Nuestro Gobierno se está poniendo nervioso y no quiere quedarse descolgado. En los últimos días, aunque con la boquita pequeña, nuestro país se ha unido a la propuesta tripartita, respaldada por la Comisión Europea. Su contribución es de tercera regional: se negarán los avales que concede el ICO a los que operen desde los Estados tramposos (o criminales). Es otro “caramelito moral” para guardar la compostura. Nada más. El silencio de España es un alarido de angustia. Dicen que dice Sánchez que con las cosas de comer no se juega. Cierto. Aunque pilota la nave con rumbo hacia lo desconocido.
