El Ejecutivo catalán aspira a recaudar 190 millones anuales en un momento en el que los fallecimientos se han disparado por la epidemia.
El pasado 1 de mayo, en plena pandemia del coronavirus, entró en vigor la nueva ley de 5/2020 de medidas fiscales, financieras y administrativas que ha comportado un aumento notable en el impuesto sobre las herencias y donaciones en Cataluña.
El Gobierno de Quim Torra, de la mano de los comuns -el ala catalana de Podemos-, aprobó el pasado 26 de abril este incremento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones como parte de los nuevos presupuestos de la Generalitat para 2020, confeccionados antes de la crisis sanitaria y de las necesidades derivadas de ella.
Pese a que la mayoría de la Cámara veía la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas después de tres años con los presupuestos prorrogados, las críticas por esta subida impositiva han adquirido mayor relevancia por coincidir su entrada en vigor con un momento de gran mortandad por la Covid-19.
Las quejas y la indignación por falta de tacto han surgido incluso de la propias filas del PDeCAT (formación aliada a JxCat) que no entienden el afán recaudatorio en un momento de crisis sanitaria y económica. Sin olvidar que la extinta Unió Democràtica de Catalunya, que formó parte de CiU, fue la impulsora de una campaña de gran resonancia en Cataluña para la abolición del Impuesto de Sucesiones.
La actual modificación de este impuesto en Cataluña significa, a grandes rasgos, que se reducen las bonificaciones para los hijos mayores de 21 años y para los ascendientes (personas del grupo II). Lo que provoca una importante subida del impuesto.
Por ejemplo, para el caso de una herencia cuyos bienes asciendan a unos 300.000 euros, se puede llegar a pagar 10.350 euros frente a los 1.610 euros que se pagaban hasta la fecha.
Las bonificaciones del 99% que introdujo el Gobierno de Artur Mas han sido parcialmente eliminadas y esto afecta también a las sucesiones de pequeñas y medianas empresas, que no pueden compatibilizar la bonificación del 95% por empresa familiar con la bonificación por patrimonio afecto a la actividad empresarial.
Competencia autonómica
Las Comunidades Autónomas tienen plena competencia en materia recaudatoria del Impuesto de Sucesiones, pudiendo regular con total libertad las reducciones en la base y bonificaciones en la cuota. De este modo, cada Ejecutivo autonómico ha diseñado dicho tributo del modo que le ha parecido más conveniente. En la Comunidad de Madrid está bonificado al 99% y en Cataluña fue así con la llegada de Mas tras el gobierno tripartido.
Pero ahora los herederos de Convergència han necesitado a los comuns para pactar unos nuevos presupuestos y en las negociaciones han tenido que ceder en este impuesto sobre los bienes heredados. Según el Govern, la subida servirá para recaudar 190 millones anuales. Pero desde distintos frentes consideran que en la nueva coyuntura de crisis económica puede ser contraproducente.
El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, ha sido de las voces más recientes en criticar esta subida impositiva al considerarlo “confiscador, injusto y desfasado” en un artículo publicado en La Vanguardia.
En la misma línea, desde la fundación Hay Derecho han cuestionado que en un momento de muchos fallecimientos se haya aprobado esta ley. De acuerdo con este think tank, la nueva legislación provoca que, contrariamente a lo que venía sucediendo hasta ahora, no sea siempre más conveniente la herencia frente a la donación como mecanismo legal.
El Cercle Català de Negocis apuntaba en Twitter que en Dinamarca “se grava con un 15% el impuesto de Sucesiones, mientras que en Cataluña es de un 32%”, en alusión al lema independentista que aspira a que la región se convierta en “la Dinamarca del Sur” tras el nacimiento de un nuevo estado catalán.
Ahora el partido de Quim Torra, Artur Mas y Carles Puigdemont ha dado su apoyo a esta medida. Junto a ERC y la abstención de los comuns
