La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por dificultar a los ciudadanos el pago de impuestos a través de domiciliaciones bancarias desde cuentas en entidades establecidas fuera del país, una práctica contraria a la legislación comunitaria sobre requisitos técnicos y empresariales para transferencias en euros.
En un comunicado, el Ejecutivo comunitario ha explicado que la normativa vigente en España establece que un proveedor de servicios de pago (el banco) debe estar autorizado por las autoridades tributarias nacionales como “entidad colaboradora”.
“En la práctica, esto es muy complicado para los proveedores de servicios de pago extranjeros. En consecuencias, estas normas impiden realmente el uso de cuentas bancarias establecidas en la Unión Europea pero fuera de España”, explica Bruselas.
La advertencia toma la forma de una carta de emplazamiento, la primera etapa de los procedimientos europeos de infracción. España dispone ahora de cuatro meses para responder a Bruselas, que podría lanzar un ultimátum y, en última instancia, llevar el asunto a la Justicia europea si las autoridades españolas no corrigen la situación.
