Las colas del hambre en los comedores sociales: “Dábamos 800 menús al día pero ahora llegamos a 5.000”. Muchas personas nunca antes habían acudido.
Las cifras de contagios y muertes en España por el coronavirus van en descenso después de semanas de confinamiento, del esfuerzo de los sanitarios y de la adquisión de equipos de protección. Son buenas noticias respecto sobre la crisis sanitaria. La crisis social y económica avanza, sin embargo, de forma preocupante puesto que el número de familias en situación de vulnerabilidad por falta de alimentos no para de crecer.
Personas que trabajando en la llamada “economía sumergida”, autónomos sin actividad, profesionales afectados por los ERTE y parados a la espera de cobrar la prestación son algunos de los colectivos que se ven en la necesidad de acudir a entidades sociales para poder comer. Así lo confirman organizaciones como Cáritas, el Banc d’Aliments o la Cruz Roja, que han aumentado notablemente su actividad para afrontar la emergencia en toda España.
“El reparto de alimentos básicos ha aumentado un 36% desde el inicio de la pandemia. Hemos pasado de distribuir un millón de kilos de estos alimentos a un millón y medio”, explica Lluís Fatjó, el director del Banc d’Aliments, a Economía Digital. La entidad se ha visto obligada, a raíz de la pandemia, a iniciar un nuevo programa de ayuda a base de alimentos precocinados en coordinación con la fundación del chef José Andrés. “Esta semana llegaremos a los 100.000 menús repartidos desde el 15 de marzo. Al principio repartíamos 800 al día, ahora ya llegamos a los 5.000 diarios”.
Uno de cada cuatro españoles ha visto reducido su salario una media de un 48,5%
El Banc d’Aliments cree que lo peor todavía está por llegar y que, probablemente, la situación se cronificará durante meses. “Esperamos que las instituciones públicas garanticen un ingreso mínimo que permita a la gente sobrevivir. Si no, el drama social llegará a ser mucho peor”, teme Fatjó. Su centro de Madrid ha alertado, por otro lado, de que se han disparado en más de un 30% las peticiones de ayuda alimentaria.
Desde Cáritas también advierten de que la situación precaria tan solo acaba de empezar. “Las familias que se acercan por primera vez a Cáritas o que vuelven después de un período en que no habían necesitado nuestra ayuda se han multiplicado por tres. En la mayoría de los casos, son personas que trabajaban sin contrato, pero también las hay que todavía no han cobrado el ERTE y no tienen ahorros para salir adelante”, advierte el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets.
Y esta situación se repite a lo largo y ancho del territorio: “Las personas que venían a recibir alimentos se han duplicado. Son personas que se han quedado en la calle y extranjeros que se han quedado tirados. Y cada vez hay más gente”, explica Diego Gafo, trabajador social de la Diocesana de Toledo.
La urgencia de un ingreso mínimo vital
“Antes distribuíamos comida a 100.000 personas, ahora son 40.000 más”, explica Enric Morist, coordinador de la Cruz Roja en Cataluña. “Nosotros no podremos sostenerlo durante mucho tiempo porque a día de hoy ya tenemos problemas para abastecer a tanta gente. Por eso, pedimos que haya un ingreso mínimo vital cuanto antes”, añade Morist. En toda España, la entidad ha atendido a 278.000 personas con más de 482.000 entregas de alimentos desde medidados de marzo.
Y las ayudas son posibles, en gran parte, gracias al crecimiento de la solidaridad de numerosas empresas. Eroski, por ejemplo, ha informado que va a aportar 30 toneladas de alimentos, mientras que Endesa ha realizado una donación de 300.000 euros al Banc dels Aliments para colaborar con su tarea.
En cuanto al ingreso actual de las familias, según un estudio de Fintonic, uno de cada cuatro españoles ha visto reducido su salario una media de un 48,5%. El Gobierno, para tratar de minimizar estos efectos de la crisis, va a poner en marcha el ingreso mínimo vital.
El Consejo de Ministros prevé medidas “en los próximos días” teniendo en cuenta los hijos a cargo y sin perjuicio de percibir otras ayudas autonómicas. Además, se cobrará desde el mismo día de su aprobación —en el mes de mayo—. Hasta entonces, las organizaciones sociales deberán hacer frente a una situación insostenible.
