La organización sindical, a la que otro juez ha impuesto una fianza de 40,7 millones por la presunta utilización ilegal de los fondos, había pedido ser indemnizada con 60.000 euros, aunque la magistrada no ha considerado esa cantidad justificada.
El ex trabajador de UGT de Andalucía Roberto Macías ha sido condenado a dos años de prisión por desvelar información sobre el presunto amaño de facturas en la organización sindical. El Juzgado de lo Penal número 15 de Sevilla ha considerado acreditado que el empleado filtró información confidencial del sindicato a la prensa y cometió, por tanto, los delitos de descubrimiento y revelación de secreto, aunque le aplica la atenuante de “dilaciones indebidas” por los retrasos acumulados en la causa. UGT había pedido también que se le indemnizara con 60.000 euros por daño moral, pero el juez ha considerado que esa cantidad no ha sido debidamente justificada.
La persona que destapó el escándalo de las facturas falsas en el sindicato se convierte paradójicamente en el primer condenado como consecuencia de la investigación por corrupción que provocó la dimisión del que era entonces secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, y el relevo absoluto de toda la cúpula de la organización.
De hecho, el juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha dictado recientemente el auto de apertura de juicio oral contra Fernández Sevilla y otros 13 acusados por el desvío de subvenciones y la presunta financiación irregular del sindicato y además ha impuesto a la organización sindical una fianza de 40,7 millones de euros como responsable civil subsidiaria, por la utilización ilegal de los fondos públicos.
Roberto Macías, que trabajó durante cuatro años en UGT como administrativo de su central de compras, encargada de los pedidos y de la facturación, reconoció durante el juicio celebrado el pasado 6 de marzo que filtró a EL MUNDO y a otros medios de comunicación “cinco o seis” documentos sobre la presunta corrupción del sindicato y el desvío millonario de subvenciones de la Junta de Andalucía. Macías pidió también el amparo de la Justicia como denunciante de un caso de corrupción y explicó que se dirigió a la prensa y no a las instituciones del Estado porque quería garantizarse el anonimato y temía las represalias de la organización para la que había trabajado. “¿Qué trabajador en su sano juicio se va a enfrentar a una organización mafiosa que está cometiendo este latrocinio de fondos públicos?”, se preguntó ante el juez el ex trabajador, que llevó vestía durante la vista oral una camiseta con el rostro del activista Julian Assange, fundador de WikiLeaks.
La jueza sustituta del Juzgado de lo Penal número 15, Ana María León Gallego, considera probado que Roberto Macías copió en un dispositivo de memoria digital un total de 22.500 archivos informáticos extraídos del servidor de UGT que contenía información reservada y en la que figuraba documentación relativa a todas las maniobras contables (‘rapel’ y ‘botes’) que utilizaba el sindicato para quedarse con “determinados porcentajes repercutivos a proveedores que luego no se declaraban a la administración”. También había información relativa a “facturas simuladas”.
El empleado “facilitó esta información, o al menos parte de ella, a determinados medios de comunicación con el fin de sacarla a la luz”, añade la juez, que apunta que el condenado no utilizó, sin embargo, otros medios de denuncia ante la Justicia o la Policía porque, como él mismo reconoció, solo la prensa le inspiraba confianza.
La juez hace alusión a la directiva europea 2019/1937 que proteje a las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, que había sido invocada por la defensa del trabajador, pero advierte de que esa directiva “aún no forma parte propiamente de nuestro derecho interno, pues está pendiente su transposición al derecho nacional“, y que, en la misma, “se prevé unos concretos canales de denuncia dentro de propia entidad o ante las autoridades competentes”, es decir que “busca la protección de los denunciantes que realicen revelaciones públicas, pero exigiendo para ello que la persona haya denunciado primero por canales internos o externos”.
El sindicato UGT había pedido también ser indemnizados con 60.000 euros y, aunque el juez, considera que sí ha podido existir un daño a la imagen de la organización considera que no se ha justificado suficientemente la cantidad reclamada y por tanto no establece indemnización alguna.
