En el informe ‘Coronavirus and the cost of non-Europe‘, el Parlamento Europeo analiza los beneficios económicos que ha producido la Unión Europea y qué efectos negativos tendría, de cara a la futura recuperación económica post-Covid-19, si se parara o revertiera el proceso de integración europeo.

El informe señala que es difícil dar una estimación clara de lo que implicaría exactamente el desmantelamiento de la UE, ya que los efectos dependerían de qué, cómo, cuándo y en qué medida se desarmarían las distintas partes del proyecto europeo.

Sin embargo, detalla que las estimaciones más prudentes sugieren que desmantelar el mercado único europeo costaría a la economía de la región entre 480.000 millones y 1,38 billones de euros al año, lo que representa entre el 3% y el 8,7% del PIB conjunto de todos los países.

Asimismo, añade que el coste potencial que tendría que no se adoptaran políticas comunes en 50 campos distintos identificados en el estudio sería de alrededor de 2,2 billones de euros, lo que equivale al 14% del PIB de la Unión Europea de 2017.

“Si ambos problemas se desarrollan al mismo tiempo, la economía de la Unión Europea sería entre un 17% y un 22,7% inferior a lo que podría ser”, según el informe del Parlamento, que calcula que esto equivale a entre 2,7 y 3,6 billones de euros.

Asimismo, añade a que a esto habría que sumar cualquier tipo de contracción directa que se produzca como consecuencia de la propia crisis del coronavirus, y que según distintos estudios podría rondar los 160.000 millones de euros en 2020 (el 7,5% del PIB).

Impacto de políticas comunes

En el caso de los beneficios económicos que se alcanzarían si se avanzara en políticas comunes en distintos campos, el informe señala que los mayores procederían de nuevas medidas para completar el mercado único (713.000 millones de euros).

Asimismo, también tendrían un impacto positivo de unos 502.000 millones de euros medidas para hacer frente a los desafíos medioambientales, la eficiencia energética y la integración del mercado energético, así como unas mayores inversiones en investigación, innovación, robótica e Inteligencia Artificial (IA).

Asimismo, añade que completar la unión económica y monetaria aportaría al conjunto de la UE alrededor de 322.000 millones de euros, reforzar las políticas europeas de justicia y asuntos internos unos 180.000 millones de euros y completar el mercado único digital alrededor de 178.000 millones de euros.

“Si se hubieran adoptado antes estas medidas, habría mejorado la capacidad de la Unión Europea para responder de forma más coherente y efectiva a la crisis del coronavirus”, incide el Parlamento Europeo.

En concreto, apunta que un sistema económico europeo más resistente habría ayudado a proporcionar el nivel adecuado de respuesta fiscal, mientras que un mercado único más integrado es un “instrumento clave” para garantizar el suministro ininterrumpido de bienes esenciales y la renovación a tiempo de suministros médicos y equipos médicos.

En esta línea, una mayor integración en la economía digital, los mercados de capitales y la unión bancaria, así como en las áreas social, de empleo y de salud habría dado a la UE “herramientas adicionales para enfrentar la crisis actual de manera más efectiva”.

Sin embargo, también añade que, pese a que algunas oportunidades se han perdido por no estar completa la integración, el proyecto europeo ha aportado a los estados miembros “una gran suma adicional de PIB”, colocándoles en una “posición mucho más fuerte para lidiar con la actual crisis en comparación con un escenario en el nunca hubiera existido la UE”.

Acción común

“Los resultados de este estudio confirman que cuando está unida, Europa puede ofrecer más y de manera más efectiva y más eficiente, ya que la acción común proporciona un nivel de profundidad estratégica que ningún Estado miembro individual o un grupo aislado de Estados miembros podría alcanzar”, remarca.

Por este motivo, el Parlamento Europeo defiende que haya un “movimiento decidido” hacia una mayor acción de política común, ya que podría fomentar “una recuperación más rápida, más sostenible y verdaderamente inclusiva”.

“Las respuestas de los Estados miembros y las intervenciones económicas deben coordinarse, ya que de lo contrario podrían terminar creando una mayor divergencia a medio plazo, poniendo en riesgo la recuperación, en particular en los Estados miembros más vulnerables”, incide.