Andalucía, Madrid y Cataluña reciben casi la mitad del total de los fondos.
Los cerca de 800 millones de euros movilizados por el Gobierno para suavizar el impacto de la crisis del coronavirus en el mercado del alquiler se repartirán entre las comunidades autónomas de régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en base a unos criterios que nada tienen que ver con las consecuencias que la pandemia deja en cada una de las regiones, y que están fijados desde hace casi 30 años. Este modelo, establecido en su momento por la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, data del año 1992, y ha permanecido inalterado desde entonces. Así, Andalucía, con el 17,1% del presupuesto, Madrid (15,9%) y Cataluña (14,5%) acaparan desde entonces casi la mitad de los fondos fijados en los planes estatales de vivienda. También lo han hecho con los 346,6 millones y los 354,2 millones de euros de los fondos comprometidos para 2020 y 2021, que han sido adelantados a raíz de la crisis del Covid-19, a los que se les han añadido posteriormente otros 100 millones adicionales. En total, unos 800 millones.
Andalucía, de esta forma, cuenta con 136,8 millones de euros que se destinarán a las políticas de vivienda y ayuda al alquiler. Madrid dispone de 127,2 millones y Cataluña, de 116 millones. Las tres regiones acumulan casi el 50% de las cantidades movilizadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Rioja, Cantabria y Baleares (con unos 13, 15 y 19 millones de euros, respectivamente), junto a las ciudades autónomas (ambas con 800.000 euros cada una), son las que menos fondos reciben. A estas ayudas hay que sumarles los 1.200 millones de euros en líneas de crédito del ICO, que se reparten, en este caso, en base a criterios estatales.
De los 800 millones movilizados, calcula la cartera que dirige José Luis Ábalos, las comunidades dispondrán íntegramente de algo más de 600 millones, tal y como explican portavoces del ministerio. Todo porque algo menos de 200 millones estaban ya comprometidos para el desarrollo de otros planes antes de que estallase la crisis del coronavirus.
Es el caso, por ejemplo, de Madrid, con los 45 millones de euros de 2020 ya cerrados. En este contexto, ya que las competencias dependen de cada comunidad, el ministerio pide a las autonomías que reorienten el uso de estos fondos.
Un método caduco
El modelo de reparto por el que se rigen los planes de vivienda, con ayudas y fondos cuatrienales, ya estaba caduco antes de que el coronavirus trastocase todo. El pasado año, la Airef alertó de la falta de coordinación y planificación de estas subvenciones, ya que, a juicio de la autoridad fiscal, el método de distribución no se regía por criterios objetivos. Tampoco se conocían las razones por las que se concretaron estos porcentajes. Así, el modelo no tiene en cuenta las variaciones demográficas que ha vivido cada comunidad en estos 28 años. Andalucía, Baleares, Madrid o Cataluña, por ejemplo, han ganado cientos de miles de habitantes en estas casi tres décadas, mientras que otras regiones como Castilla y León han perdido población.
Tampoco se tiene en cuenta la evolución del empleo en cada una de las zonas, así como las dificultades propias de cada mercado residencial en cuanto a puntos como los precios, las áreas tensionadas, la incidencia de los pisos turísticos o el esfuerzo financiero de los hogares destinado al pago del arrendamiento.
Antes de que estallase la conmoción sanitaria y económica provocada por el coronavirus, el ministerio se había propuesto presentar una modificación sustancial del Plan Estatal de Vivienda para, entre otros puntos, intentar cambiar los criterios de reparto entre comunidades y adecuarlos a la actualidad. Ahora, pese a que la gestión de la crisis y sus consecuencias ocupan casi la totalidad de la agenda de Ábalos y su equipo, estas correcciones siguen siendo necesarias y “tendrán que estudiarse a medio plazo”, explican fuentes del antiguo Fomento.
En una situación de crisis como la actual, prosiguen las mismas fuentes, habría sido coherente que los fondos se repartiesen entre las regiones atendiendo a criterios objetivos. Habría sido interesante, dicen, poder mirar, por ejemplo, “la incidencia a medio y largo plazo del empleo”. También habría sido oportuno, añaden, estudiar el ritmo de recuperación económica y ver las diferencias entre unas zonas y otras, para destinar buena parte de las ayudas a aquellas regiones “que viven mayoritariamente del turismo y los servicios, y que previsiblemente sean las que más van a sufrir”. El ministerio, sin embargo, dice tener las manos atadas, ya que para poder fijar algún cambio en el criterio tiene que haber consenso en la Conferencia Sectorial, en la que también están todas las regiones representadas.
Distribución estatal de los 1.200 millones del ICO
Además de los 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda, el Gobierno ha habilitado también una línea de crédito de 1.200 millones de euros avalada por el Estado para aquellos inquilinos que no puedan afrontar el pago de la renta de la casa. Estos 1.200 millones, provenientes del ICO, se repartirán en base a criterios homogéneos a lo largo de todo el país y beneficiarán, según las estimaciones del Ejecutivo, a cerca de 450.000 inquilinos. Estos créditos no tienen el lastre del modelo de repartición caduco.
De hecho, para modificar los criterios de reparto de las ayudas tiene que haber consenso en la Conferencia Sectorial, en la que están representadas las comunidades autónomas y el ministerio. En las pocas ocasiones en las que se ha intentado actualizar el modelo, el debate ha solido verse salpicado por argumentos partidistas y en pocas ocasiones técnicos, ya que las comunidades con diferentes colores políticos no suelen ponerse de acuerdo. Además, mientras que las que con el paso de los años se han salido perjudicadas con un método que data de 1992 quieren soluciones, las que han salido ganando con el paso del tiempo suelen ser reacias a los cambios. El Plan de Vivienda 2018-2021, que fue aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2018, fue diseñado por el anterior Gobierno de Mariano Rajoy. En su origen disponía de 1.443 millones de euros a repartir entre las autonomías.
