La AIReF corrige notablemente las previsiones del Gobierno: el déficit será mayor y la recuperación más lenta.
La crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus será más intensa y dejará mayores secuelas de las que el Gobierno presume. En términos de déficit, de crecimiento y, también, en el mercado laboral, con 1,2 millones de trabajadores en situación de expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que no lograrán recuperar su empleo en 2020. Acabarán el año, por lo tanto, en situación de paro o inactivos.
La dura estimación procede de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ayer publicó el examen al que ha sometido al plan de estabilidad remitido por el Ejecutivo a Bruselas y cuyo resultado es una notable corrección. Para empezar, por el empleo y por ese 30% de trabajadores afectados por un ERTE, sobre un total de cuatro millones previsto por el Gobierno, que no conseguirán volver a trabajar. Serán, en su mayoría, empleados de sectores como el turismo y la hostelería, ámbitos que la AIReF estima estarán lejos de volver a la normalidad cuando finalice el año. Y las cifras constatan que si bien los expedientes de regulación han evitado la pérdida de una cantidad muy importante de puestos de trabajo, también muestran que la crisis es de tal envergadura que otros muchos sí están abocados al desempleo.
El organismo dirigido por Cristina Herrero prefirió no ofrecer una estimación de tasa paro que se pueda comparar con el 19% de media que estima el Ejecutivo, pero sí dejó claro que el mercado laboral se comportará peor de lo que prevé -o anuncia- el Gobierno. Para plasmar sus estimaciones, la Autoridad Fiscal ha desarrollado dos escenarios, siendo el primer de ellos el más «benigno» y en el que se cumplen todas las fases y supuestos del Ejecutivo, y un segundo en el que el fin del confinamiento se retrasa y se produce un rebrote estacional del virus en otoño. Surgen, en definitiva, complicaciones que no parecen en absoluto descartables. Pues bien, ninguna de las dos simulaciones iguala el ritmo de recuperación del empleo que sostiene el Gobierno, y sólo en la primera, en la más positiva, la caída en el presente ejercicio coincide con la señalada en el plan de estabilidad. En la segunda, el retroceso es marcadamente más negativo.
La previsión de crecimiento muestra un escenario muy similar al que dibuja el mercado laboral, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) que sólo está en línea con la del Gobierno en su escenario más positivo y únicamente para el primer año. En caso de que la situación se tuerza, la Autoridad Fiscal estima que el desplome rozaría el 12%. Y en cualquier caso, el rebote el próximo año no llegará al 6,8% que adelanta el Ministerio de Economía.
«El cuadro macro del programa de estabilidad prevé una recuperación más fuerte del empleo», apuntan sobre el primer aspecto. «Nuestra estimación de recuperación es algo más asimétrica. A finales de 2021 el PIB se situaría en torno a 5 puntos porcentuales de lo observado antes de la crisis», añaden en lo que se refiere al segundo.
Los números de Hacienda tampoco se salvan de la corrección de la Autoridad Fiscal. En cuanto al déficit, como ya se ha apuntado, pero también en ingresos proyectados. La desviación presupuestaria del 10,9% del PIB que maneja el Gobierno se queda, en todos los casos, por debajo de las cifras de la AIReF, cuyo peor escenario se va más allá del 13%. Más de 140.000 millones de euros.
La deuda, en consecuencia, también sería superior y los ingresos previstos por el Gobierno son asimismo erróneos a ojos de la AIReF. Están inflados, situación que ya se apuntó desde algunos ámbitos tras conocerse el contenido del programa de estabilidad y que ahora la Autoridad Fiscal corrobora. «La AIReF estima que los ingresos se situarán en 2020 entre el 39,5% y el 39,4% del PIB, ambos escenarios por debajo del 41,2% previsto en la actualización del plan de estabilidad», con diferencias impositivas en «todas las principales figuras impositivas». En el IVA, por ejemplo la caída prevista es del «5,2% en la recaudación mientras que el consumo privado cae un 10,2%», y en el IRPF «La caída en la actualización del plan de estabilidad es de sólo el 2,4%», subrayan.
Pero no se acaban aquí las matizaciones que ayer sufrió la ministra Montero. Es más, ni siquiera en este organismo. El Banco de España, en el análisis que publicó sobre la evolución de la economía española en 2019, concluyó que el sonrojante aumento de déficit registrado el pasado año se debe al incremento de las pensiones y sueldos de funcionarios.
La ministra de Hacienda, en la comparecencia que llevó a cabo la pasada semana en el Congreso, sostuvo que las principales responsables de que el déficit repuntase hasta el 2,8% en 2019 fueron las comunidades, cuyos Gobierno tuvieron que atender a numerosos compromisos electores. En cambio, el BdE afirmó ayer que «el empeoramiento se debió a un incremento de los gastos mayor que el de los ingresos» y, en concreto, que «los mayores incrementos se dieron en las prestaciones sociales [que crecieron un 6,3% por el aumento de las deducciones familiares y las prestaciones de desempleo, y por la revaloración de las pensiones con el IPC] y en la remuneración de asalariados».
Y de vuelta a la AIReF, la rueda de prensa dejó todavía un último y muy significativo reproche o, al menos, petición. Herrero fue preguntada por la verosimilitud de los 3.000 millones en los que José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social y su antecesor al frente de la AIReF, ha cifrado el coste de la renta vital mínima. En este punto, la presidenta se refirió al estudio que el año pasado, todavía con Escrivá al frente y con ella como número dos, desarrolló la Autoridad Fiscal y que arrojó una cifra de 3.500 millones; esto es, muy similar. Sin embargo, Herrero no quiso dejar pasar la oportunidad para señalar que la AIReF no ha incluido este gasto en su examen porque tampoco lo hizo el Gobierno en su informe a Bruselas, algo que calificó de «sorprendente» ya que Escrivá sostiene que entrará en vigor de manera inminente.
