Si el ingreso mínimo tiene carácter permanente se solapará con la red de prestaciones similares que existen en las comunidades autónomas.
La crisis económica que han provocado las medidas de contención contra el Covid-19 está golpeando a muchos hogares españoles, pero especialmente a los más vulnerables. El Gobierno prevé aprobar mañana el denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación de la Seguridad Social que percibirán en torno a un millón de familias que no disponen de ingresos o que perciben rentas muy bajas y que están especialmente desprotegidas en el grave escenario creado por la pandemia. Según ha explicado el Gobierno, el montante de las ayudas variará según la composición e ingresos de las familias, pero su cuantía arrancará a partir de los 460 euros, y su coste para las arcas públicas será de unos 3.000 millones de euros al año.
La renta mínima vital será compatible con las rentas mínimas de inserción (RMI), una red de ayudas regionales de características similares que integran todas las comunidades autónomas. Se trata de un modelo de protección descentralizado y heterogéneo, especialmente respecto a la cuantía de la prestación –que difiere de unas comunidades a otras– y cuyo principal defecto es el exceso de papeleo necesario para solicitar las ayudas y la lentitud de su tramitación, un lastre que se ha hecho especialmente gravoso en un contexto de emergencia como el de la epidemia de coronavirus. Al igual que en el caso de la renta mínima vital, las ayudas autonómicas están ligadas a la adopción de un itinerario de formación y a la búsqueda de empleo.
Reforzar la protección, pero no crear dependencia
En un escenario de crisis económica aguda y de paralización de la actividad como el que está viviendo ahora mismo España, el Ingreso Mínimo Vital tiene un papel inequívoco, el de reforzar la protección social de un modo más ágil y menos burocrático, que cubra los defectos de la red autonómica y garantice unas condiciones razonables de superviviencia financiera a los hogares más golpeados por la crisis. Pero una vez que el país supere la fase más intensa de la recesión e inicie la recuperación, convertir este modelo de renta vital en una ayuda permanente, tal y como pretende el Gobierno, especialmente cuando ya existe una prestación similar en todas las comunidades autónomas, supone consolidar la duplicidad de ayudas, gestionar de forma ineficaz unos recursos limitados y elevar el gasto.
El Gobierno debe regular cuidadosamente la renta mínima vital por motivos de eficiencia social, principalmente para reducir el riesgo de desincentivación laboral que puede traer consigo un mal diseño en este tipo de prestación, pero también por razones financieras y de lógica económica, con el fin de evitar solaparse con las administraciones autonómicas en lugar de unir esfuerzos para mejorar, agilizar y optimizar la red de ayudas actual.
