Los consistorios de municipios de más de 20.000 habitantes tendrán que asumir una parte burocrática de las peticiones, pero no cuentan con ninguna partida para reforzar las plantillas que se ocuparán de ello.
A partir del 15 de junio, 850.000 familias van a demandar el ingreso mínimo vital (IMV), la medida estrella del Gobierno para levantar un escudo social que ayude a mitigar los efectos económicos del coronavirus. La gestión de la ayuda residirá en el Instituto de la Seguridad Social (INSS), excepto en el País Vasco y Navarra. Y el coste lo aumirá el Estado… menos la parte burocrática, que les corresponderá a los ayuntamientos.
Así se desprende del borrador del convenio de colaboración entre el INSS y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que ha tenido acceso EL MUNDO. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán los que inicien el expediente administrativo de cada solicitante, pero el documento -al igual que el decreto ley- no incluye una partida destinada a que los entes locales puedan reforzar y ampliar sus plantillas de servicios sociales. Y eso deja las finanzas locales en una complicada encrucijada.
¿Por qué? Porque los ayuntamientos ya están recibiendo una gran cantidad de peticiones de ayuda local, de manera que no tienen margen para, con el mismo personal, hacer frente a un nuevo -y laborioso- trámite burocrático. Las 850.000 familias a las que se prevé que llegue la ayuda totalizarán 2,3 millones de personas, de las que habrá que hacer comprobaciones y seguimiento, una a una.
El decreto-ley que regula la renta mínima ya incluyó una disposición que decía que “los gastos” que se deriven de la iniciación de los expedientes “deberán ser financiados por las entidades locales exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes que prevean obtener en el mismo ejercicio en el que se inicie el procedimiento regulado en aquel precepto, sin que se pueda exceder el superávit previsto al cierre del ejercicio”. El borrador del convenio no lo compensa, sino que, en su cláusula séptima -que versa sobre la financiación- explica: “Este convenio no implica por sí mismo obligación alguna de contenido económico para ninguna de las partes”.
Las tareas de los ayuntamientos
La ley impide que los ayuntamientos aumenten su gasto de personal en más de un 5% a causa de la gestión de la renta mínima, pero los alcades aseguran que ya están con el agua al cuello: “Estamos encantados de ayudar en la renta mínima, pero vamos a colapsar si no se nos dan fondos para pagar el refuerzo de los servicios sociales”, asegura el alcalde de una gran capital. “Nos hacen que corramos con los gastos de una competencia que en el fondo es impropia: no deberíamos pagar nosotros a los trabajadores sociales que van a gestionarlo”, agrega.
El borrador detalla una gran cantidad de tareas para los ayuntamientos, que, por su cercanía, son los que mejor pueden incentivar que la ayuda se expanda. Entre otras muchas, “comprobar de oficio el mantenimiento de la unidad de convivencia”, “recibir y trasladar al INSS” todo cambio de las condiciones económicas de cada familia, “comprobar el cumplimento de las obligaciones” y “elaborar informes” que servirán para determinar las sanciones de los incumplidores.
Pero ese no es el mayor temor de los ayuntamientos. El principal es que les lleguen decenas de miles de solicitudes de golpe, no puedan gestionarlas y se les acabe culpando por los retrasos (aunque la ayuda se cobrará retroactivamente, hasta el 15 de septiembre).
