“Esa presión claro que se nota”, dice a este periódico un comisario ya jubilado que prefiere no revelar su nombre. Recuerda cómo su director de la Policía le advirtió al poco de llegar: “Si te dicen que van de mi parte, no hagas ni caso”. Algunas llamadas interesándose por el curso de investigaciones llegaban de la Secretaría de Estado de Seguridad. “No te preguntan directamente, no se atreven. Solo tantean”, dice en alusión a una causa de las más mediáticas. “Si dices que sí una vez, ya estás perdido”, concluye.

La víctima en esta ocasión ha sido el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. Fue fulminado por negarse a dar detalles de la investigación que sus subordinados llevan a cabo a las órdenes de la juez Rodríguez Medel. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, negó esta relación y lo enmarcó en una remodelación en el Cuerpo. Eso a pesar de que el cese se le comunicó un domingo por la noche y todavía no se conoce a su sustituto. Horas antes, recibió varias llamadas de superiores interesándose por el estado de esta causa que ya señalaba a Simón, según avanzó días antes El Confidencial.

Desautorizar el informe

Desatado el escándalo, desde el Ejecutivo y el Ministerio optaron por desautorizar el contenido del informe. Lo hicieron desde el mismo lunes, cuando el documento aún no se había publicado en prensa. Al menos a media tarde, Interior ya lo tenía y lo había analizado, según confirmaron a Vozpópuli fuentes de este Departamento. Medios como El País llegaron incluso a recoger declaraciones atribuidas a “responsables” del Ministerio desacreditando las conclusiones por “falta de neutralidad política”. Mientras, la juez advertía en una providencia que solo ella podía tener acceso al documento.

La magistrada, la misma que investigó a los populares Cristina Cifuentes y Pablo Casado por el caso Master, también avisó de que si el cese de Pérez de los Cobos tenía por objeto interferir en su causa, tomaría medidas. Marlaska niega haber leído el informe o que el cese sea consecuencia del mismo. Reconocerlo le podría acarrear consecuencias judiciales como apuntó la Asociación Profesional de la Magistratura. El coronel ni siquiera firma el documento. Para la Asociación Pro Guardia Civil, la destitución del coronel es una amenaza, “un aviso para navegantes”.

A lo largo de sus 83 folios el informe concluye que las manifestaciones como la del 8-M nunca se tendrían que haber celebrado. Pese a los errores detectados, la juez considera que el atestado es una “magnífica investigación”, según un mensaje difundido por ella el mismo lunes. No lo ve así la Abogacía del Estado, que ha criticado el informe en un escrito. No es la primera vez que los investigadores policiales incurren en fallos en sus informes que tantas veces acaban en la prensa. En otras ocasiones han sostenido acusaciones que luego no se han traducido en condenas. La última palabra la tienen los tribunales.

Fallos en los informes

Nunca se probó que “Luis el cabrón” fuera Luis Bárcenas. A Ana Mato le atribuyeron una factura de 7.000 euros que en realidad correspondía a la fiesta del ascenso del Getafe. En la sentencia del procés apenas se menciona el famoso documento Enfocats en el que, supuestamente, estaba la hoja de ruta del desafío soberanista. La causa de los CDR pasó en cuestión de días de “rebelión y terrorismo” a dejarles en libertad. Estos casos también pusieron bajo el foco a los investigadores. Esta semana ha pasado casi desapercibida, en cambio, la absolución de un empresario acusado de financiar a Daesh que llevaba tres años preso preventivo, más que Sandro Rosell, absuelto también tras 22 meses entre rejas.

“No investigamos a personas, sino conductas”, reivindica otro miembro de las fuerzas de seguridad que ya no se dedica a estas pesquisas que denomina “complejas”. Se refiere a que son casos con “cientos de miles de datos”, donde “el error siempre es posible y se magnifica mucho”. Desde el anonimato comenta que él y sus compañeros no eran ajenos al exterior y leían los periódicos: “Nos ayudaba mucho, la prensa cumple una función”. Se refiere a que, en una investigación de este tipo, las unidades investigadores tienen acceso a una parte, pero otras corresponden a Hacienda, el Tesoro o incluso otros países, lo que ralentiza mucho los casos. No echa de menos ese trabajo, aunque evita hablar de miedo: “Uno tiene miedo a que le pongan una pistola”.

Esta semana la oposición ha cargado con dureza contra el ministro tras el cese de Pérez de los Cobos. “No conseguirán amordazar al pueblo español ni los medios, ni en las redes, ni en la calle, ni en los tribunales”, dijo el líder del PP, Pablo Casado. En 2013, bajo el Gobierno del Partido Popular, el Ministerio del Interior devoraba responsables de la Comisaría General de Policía Judicial donde se investigaban casos que afectaban al partido como los papeles de Bárcenas o la trama Gürtel.

Cuatro comisarios en dos años

Tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, el Ministerio del Interior que dirigía Fernández Díaz compuso su propio equipo. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, cesó al comisario de Policía Judicial y nombró a Enrique Rodríguez Ulla. Solo duró seis meses y fue sustituido por “pérdida de confianza”. El siguiente fue José García Losada al que también cesaron al cabo de un año por lo mismo. Le sustituyó Santiago Sánchez Aparicio. Cuatro responsables en poco más de dos años. Entonces era el PSOE, en la oposición, el que se quejaba. Los socialista pidieron la comparecencia en el Congreso de Ignacio Cosidó.

De esa comisaría depende la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), otra de las sillas más calientes en las fuerzas y cuerpos de seguridad por llevar algunas de las investigaciones contra la corrupción más sensibles. Su actual responsable es el comisario Fernando Moré. Llegó al puesto en 2017 tras 16 meses sin que lo ocupase nadie. El Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido llegó a declarar desierta la convocatoria de la plaza al presentarse solo tres candidatos, Moré entre ellos.

Un veterano investigador recuerda que se cambian las cúpulas, pero no a los agentes que hacen los documentos. Este mando fue el último responsable de muchas de esas investigaciones y asegura que nunca pidió expresamente ver un informe, salvo que se lo mandasen sus subordinados. “Alguna vez les dices cosas como ‘este párrafo lo has puestos 17 veces’, ‘no te ciegues en este aspecto’ o ‘ponlo adecuadamente’”, comenta, aunque aclara que eso es así ya sea materia de corrupción o un suceso.

Siete querellas del PP a los investigadores

De la UDEF salió hace ahora pocos días por la puerta de atrás uno de sus investigadores más conocidos, Manuel Morocho, artífice de los principales informes del caso Gürtel, que terminó derrocando al Gobierno de Rajoy. Según informó eldiario.es, se va destinado a la comisaría de Canfranc (Huesca) tras no haber recibido ninguna oferta para seguir en una unidad desmoralizada y con la mitad de recursos. En 2017 declaró en la comisión de investigación de la financiación irregular del PP en el Congreso de los Diputados. Contó hasta siete querellas interpuestas por el PP contra los investigadores, todas desestimadas.

La imagen de la UDEF se vio afectada por las actividades del clan Villarejo o la aparición de informes apócrifos atribuidos a esa Unidad contra Podemos, el independentismo catalán y la familia Pujol, finalmente imputada por corrupción. Las investigaciones en torno al polémico mando han sacado a la luz que el polémico mando usaba la UDEF para blanquear sus gestiones. Villarejo siempre contó con la protección de sus superiores en aquellos años, desde el director adjunto operativo, Eugenio Pino, hasta el ministro Fernández Díaz.

Tras la jubilación de Pino, su sucesor Florentino Villabona, admitió en público que habían perdido la confianza de los jueces y haría todo lo posible por recuperarla. Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hacía con las principales investigaciones contra la corrupción como el caso Lezo o la Púnica. Eso le costó también ataques y campañas a los investigadores del Instituto Armado.

Ataques a la UCO

Especialmente furibundo fue el enfrentamiento entre la UCO y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes cuando fue vinculada con un contrato irregular para la explotación de la cafetería de la Asamblea de Madrid. “La UCO está equivocada”, dijo. Tachó de juicio de valor sin fundamento jurídico el informe policial con “incorrecciones”.  “Llega a extremos que están equivocados”, añadía, arropada por su partido, en una tensa comparecencia en la Asamblea de Madrid en 2017. Incluso el entonces ministro del Interior,  Juan Ignacio Zoido, en lugar de defender a sus agentes, les acusó por haber “dañado a una persona y un partido”.

En aquellos días, la actual portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, planteaba que “unidades como la UCO o la UDEF, que en estos años han acumulado un inmenso poder, asuman su cuota de responsabilidad”. Abogaba por que firmasen los atestados con nombres y apellidos y se hiciesen responsables de su contenido, incluso económicamente porque “informes policiales arrastraron por el fango sin consecuencia penal”. Hoy, tres años después, Cifuentes está fuera de la política e imputada en la Audiencia Nacional por el caso Púnica.

El cabecilla de esa trama, Francisco Granados, también libró un enfrentamiento contra los agentes que le investigaron. Denunció que los guardias civiles habían renunciado a esclarecer la presunta relación de su exsocio, David Marjaliza, con el narcotráfico. En dos ocasiones la Justicia archivó su denuncia.