El Gobierno rompe el consenso en los últimos nombramientos en organismos del Estado. Los expertos alertan del deterioro de la imagen del país en el exterior.
El Gobierno, poco a poco, va tomando el control de las instituciones y organismos del Estado. Las injerencias y los nombramientos de las últimas semanas evidencian un asalto al poder en todos los ámbitos de decisión, sin consenso debido y en contra de lo prometido. La ramificación por todos los estamentos se extiende, mientras la oposición acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias de nepotismo y de enchufismo. Desde los estamentos judiciales, como la Fiscalía General, y la Comisión Nacional de la Competencia, pasando por la Guardia Civil, como ha ocurrido a lo largo de este año, hasta el Banco de España y la CNMV, en anteriores ejercicios.
Cierto es que los nombramientos y las renovaciones en estos entes suelen generar tensiones, pero lo sucedido en pocos días pone de manifiesto las intenciones del Gobierno y debilita como poco la imagen de unas instituciones en las que se debe preservar la independencia y menoscaba la labor y el mérito de sus profesionales, muchos de los cuales son funcionarios de carrera. De un tiempo a esta parte, los acuerdos para la designación de altos cargos en reguladores, supervisores y otras entidades estatales se dan con menos frecuencia por la rivalidad política y partidista, lo que genera incertidumbres sobre su papel y desempeño.
Los expertos consultados por este periódico consideran que este tipo de elecciones deberían adoptarse por consenso ya que deterioran la percepción de los inversores en el exterior, que están en alerta ante lo que pueda suceder. Además, resaltan que el revuelo que se genera impide valorar en su justa medida el curriculum de los propios elegidos, que en la mayor parte de las ocasiones reúnen los requisitos y el prestigio adecuado.
“Siempre se crea polémica con estas decisiones, pero las formas son muy importantes y el consenso parlamentario es el que se debería primar máxime en una coyuntura como la actual”, señala Valentí Puig, presidente del Consejo General de Economistas, quien añade que incrementa la inestabilidad tras los compromisos alcanzados y los anuncios realizado, como el de la reforma laboral“.
Por su parte, Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, sostiene que “estas situaciones no deberían ocurrir y existe la tentación de que en el futuro otros hagan lo mismo, lo que genera confusión y todo se vea contaminado por la política como está ocurriendo en estos momentos”. Por ello, indica que “habrá que estar alertas y ver lo que sucede y que consecuencias trae”.
Ya en 2006 el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero rompió con el consenso existente en el Banco de España al nombrar gobernador al entonces secretario de Estado, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una figura con un perfil claramente político. Permaneció en el cargo hasta 2012, año en el que España tuvo que solicitar el rescate financiero a Europa por la caída de buena parte de las antiguas cajas de ahorros.
Casos recientes
Esta semana, el Ejecutivo de coalición de PSOE y Podemos ha terminado también con el pacto para la renovación del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y de los Mercados (CNMC), para elegir como presidenta a Cani Fernández, asesora de La Moncloa, y dar entrada a miembros propuestos por Podemos y ERC por primera vez.
Pero, también esta semana, el Gobierno ha nombrado jefe de la Guardia Civil al teniente coronel Daniel Blanes tras la polémica destitución de Diego Pérez de los Cobos por el informe judicial sobre la manifestación del 8-M. Blanes era el máximo responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria la noche en que el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó en Barajas, con supuestamente, cuarenta maletas llenas de oro, un acontecimiento que está bajo investigación de los tribunales y que ha puesto contra las cuerdas al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya que fue a recibirla.
Todo esto está ocurriendo días después de que Enagás nombrara consejeros a los exministros socialistas, José Blanco y José Montilla, y al asesor de Podemos, Cristóbal Gallego. La compañía de distribución de gas en la que el Estado controla el 5% del capital, y horas antes de conocerse que Sánchez ha designado a uno de sus mejores amigos, el arquitecto José Ignacio Carnicero, director general de Agenda Urbana, un puesto de reciente creación.
El asalto a los poderes coincide en medio de la peor de las crisis como consecuencia de la pandemia del coronavirus, y cuando la certidumbre y la seguridad jurídica son piezas claves para que la recuperación económica sea lo más rápida posible. Se prevé que el PIB caiga este año más del 10% y el desempleo supere el 20%.
La que fuera presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, se ha referido al propuesta de nombramientos en la CNMC y ha incidido en que Cani Fernández “salta directamente del más íntimo núcleo sin solución de continuidad”, por lo que no considera que su designación sea independiente. La hoy dirigente del PP ha remarcado que “se pasa del Gabinete de Pedro Sánchez a regular los mercados y la competencia”. Este mismo salto ya se produjo en la Fscalía General, cuando la entonces ministra Dolores Delgado accedió al puesto a principios de este año.
Propuestas de cambio
Desde hace tiempo los economistas vienen reclamando la separación de funciones y el acuerdo para este tipo de cargos. En 2018 ya un grupo de trabajo liderado por el expresidente de la CNMV, Julio Segura, y editado por la Fundación Ramón Areces, reclamaba independencia a los presidentes y consejeros de los supervisores, tanto del Gobierno de turno como de los sectores a regular. En el documento abogaban por un sistema que favorezca el principio del mérito, periodos en los cargos más largos y superiores a los ciclos electorales, no renovables y que los candidatos pasaran un filtro previo efectivo de carácter técnico.
Además, consideraban que los nombramientos debían contar con el respaldo de las mayorías parlamentarias reforzadas, aunque verían oportuno una reforma ambiciosa con la creación de una comisión similar a la de otros países, como la existente en Reino Unido. Con el fin de alcanzar dicha independencia, al menos organizativa, proponían que fueran los propios organismos los que determinaran su reglamento interno, sus procedimientos de actuación y las retribuciones del personal.
Por aquel entonces, el desencuentro se produjo en el Banco de España. La moción de censura promovida por Sánchez contra el Gobierno de Mariano Rajoy provocó los acuerdos iniciales entre PP y PSOE para la designación de un nuevo gobernador. Finalmente los populares, aún en el Ejecutivo, eligieron a Hernández de Cos, un experto de la casa. Meses después los socialistas, tras la salida anticipada de Javier Alonso como subgobernador, colocaron a Margarita Delgado en su puesto. Alonso había criticado las pretensiones del recién estrenado Gobierno de crear impuestos especiales contra la banca, entre otras medidas.
Renovaciones en el corto plazo
En el corto plazo no se espera ningún tipo de cambio en el organigrama del Banco de España. Tampoco de la CNMV. Pero los expertos avisan que todo puede cambiar en cuestión de horas y en función de los intereses políticos. Lo que sí se debe adoptar en los próximos meses es la sustitución del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El Consejo de Ministros ha confirmado la continuidad de Jaime Ponce hasta que encuentre un sustituto. El Frob es el encargado de ejecutar junto al BCE las medidas necesarias para reflotar entidades en dificultades.
Y también se espera, con un amplio retraso, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, proceso que lleva paralizado por la pugna política entre PSOE y PP desde hace tiempo.
