La UE trabaja en un nuevo esquema fiscal que entrará en vigor a mediados de la década y se mantendrá en pie desde entonces.
El comisario europeo de Presupuestos, Johannes Hahn, ha anunciado que Bruselas está trabajando en la creación de una batería de impuestos propios con los que se pretende aumentar el presupuesto manejado por las instituciones comunitarias. Aunque la medida se ha presentado en medio de la pandemia del covid-19, el alcance de estas propuestas no será puntual ni de corto plazo, puesto que se habla de un nuevo esquema fiscal que entrará en vigor a mediados de la década y se mantendrá en pie desde entonces.
En una primera fase, Hahn ve posible generar 10.000 millones a corto plazo por esta vía, pero la idea de los euroburócratas es recaudar hasta 20.000 millones de euros al año a través de un gravamen aplicado a las grandes empresas. El umbral a partir del cual se quiere cobrar este tributo son los 750 millones de euros de facturación y no se ha aclarado si el pago irá ligado al volumen de ventas o al beneficio.
La financiación comunitaria empezaría a nutrirse de este impuesto a partir del año 2024. La base imponible son unas 70.000 empresas. Para estas compañías, el pago medio supondrá un desembolso medio de 285.000 euros anuales, aunque en una primera fase se cree que esta cifra será un 50% menor.
En una entrevista concedida al Financial Times, Hahn dejó claro que el proyecto busca “un flujo constante de nuevos recursos propios que se añadan al presupuesto” y habla explícitamente de “lograr por esta vía unos ingresos estables”. Hasta ahora, las contribuciones al presupuesto europeo han bebido de tres fuentes: contribuciones presupuestarias de los países miembros (ligadas a su peso sobre el PIB europeo), aranceles aplicados a los bienes que entran en el mercado europeo y un porcentaje determinado del IVA que cobra cada país (siendo el cobro de este tributo un requisito para la pertenencia a la UE).
Tres impuestos más
En el horizonte de medio plazo, Hahn también baraja la aplicación de tres gravámenes más:
- El primero gravaría más aún la generación de CO2, añadiendo un recargo a la compra de derechos de emisiones;
- El segundo se aplicaría como un arancel en frontera a productos de países con estándares medioambientales menos exigentes;
- El tercero sería una suerte de Tasa Google diseñada de la mano de la OCDE.
Sobre la Tasa Google, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha decidido abrir una investigación la Unión Europea y otros nueve países, entre ellos España, con respecto a los impuestos sobre servicios digitales que se han aprobado o planteado en sus jurisdicciones, según informó el organismo ayer martes. Además de a la UE y a España, la Oficina ha iniciado esta investigación examinando a Austria, Brasil, República Checa, India, Indonesia, Italia, Turquía y Reino Unido.
El proyecto de Hahn cuenta con el beneplácito de Úrsula von der Leyen, sucesora de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea. Aunque la exministra alemana proviene del Partido Popular Europeo, se ha mostrado partidaria de este tipo de medidas fiscales y también ha apostado por un Pacto Verde Europeo que sigue las propuestas de los principales grupos de la izquierda europea.
