Dos de cada tres ayuntamientos están tramitando ahora su plan urbanístico, que suele tardar una media de 9 años.
“En el urbanismo y la ordenación del suelo, cuando la ley aprieta, malo; y, cuando afloja, peor”. Un antiguo responsable público expresa así el debate entre prevenir ilegalidades sumando normas, y la agilidad administrativa vía reducción. A día de hoy la situación es más bien la primera, con 496 ayuntamientos andaluces de casi 800 tramitando su plan urbanístico, no en vano la media del proceso llega a 9 años. No hay alcalde que vea aprobado ‘su’ plan.
Otros 181 PGOU están aprobados y adaptados a la ley regional aun vigente, y 159 ni iniciaron la tramitación ni se hallan adaptados. Dentro de un año, la Junta espera el nacimiento de la nueva norma, la LISTA (Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía), que nace con unas siglas que darán juego, y las críticas dirigidas a que abre la mano tanto que prevén una ‘burbuja’ idéntica a la del crack de 2008.
Todos los actores sí coinciden en que se había llegado a un punto extraordinario de complejidad administrativa. Ya el último gobierno socialista llegó a tramitar una nueva ley cuya “filosofía es la misma que la nuestra, sólo que la hemos simplificado, aportando una gran diferencia: unir ordenación y urbanismo”, afirma Mamen Compagni, que en diciembre dejó la jefatura de la inspección para convertirse en directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Ella está convencida de que impregna al anteproyecto de ley el binomio flexibilidad -“un estado policía no funciona” – y control -“la LISTA tiene muchísimas más limitaciones a los crecimientos que la LOUA” -, la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que morirá junto a la LOTA, ley de Ordenación del Territorio. Compagni añade como ventaja al recorte de plazos la responsabilidad compartida con los ayuntamientos.
El alcalde de Vélez Málaga, y presidente de la Comisión de Urbanismo de la FAMP, Antonio Moreno (PSOE), discrepa: “Deberíamos contar con autonomía real para gestionar nuestro suelo una vez clasificado, somos mayores de edad y de capacidad”. Según Moreno, la delegación que plantea la LISTA “es un caramelo envenenado, debería conllevar una memoria económica ya que tendremos que reforzar la inspección” para evitar que se las ‘cuelen’ con las declaraciones responsables.
En este aspecto, pocos municipios como Carmona, con 4.000 viviendas ilegales. La nueva ley incluye el decreto de regularización de 2019, y la mayoría de las 45 urbanizaciones de Carmona -cuyo término es de 90.000 hectáreas- han puesto en marcha el proceso que, a la postre, acabará con los vecinos pagando los servicios, señala el alcalde, Juan Ávila (PP).
Carmona, después de catorce años tramitando el PGOU, volverá a empezarlo de nuevo, pero su alcalde está contento. Ávila sabe que la falta de Evaluación Ambiental Integrada anulará su plan, como el de tantos ayuntamientos tras una sentencia del Constitucional. Pero confía plenamente en la LISTA para ultimar el nuevo en menos de dos años. Los ayuntamientos podrán elegir entre seguir el trámite en curso, o reiniciarlo con la nueva norma regional.
“La nueva ley es extraordinaria y esperanzadora, para aplaudir”, añade Ávila, poniendo un ejemplo: “una empresa que quería ubicarse en el campo porque no cabía en un polígono tardaba, en el mejor caso, año y medio de trámites. Ahora, será la voluntad del pleno con los informes urbanísticos preceptivos, se acorta en un 80% la tramitación”.
La búsqueda de celeridad de la LISTA incluye la separación en dos del PGOU habitual. Habrá un plan de ordenación municipal -los usos del suelo-, y otro de ordenación urbana, centrado en las necesidades de regeneración y rehabilitación de la ciudad existente. Compagni indica que desean evitar anulaciones “en cascada” de planes urbanísticos. “Si el problema es la falta de impacto de género, que decaiga lo influido por eso, que nada tiene que ver con el número de árboles”, afirma.
Un aspecto sin críticas es que los municipios menores de 10.000 habitantes -si no son litorales o dentro de un área metropolitana- usarán una ruta simplificada, un Plan de Delimitación Urbana. Hasta ahora seguían el mismo proceso que una gran capital.
Impulso privado
“La ley no impulsa más a un sector que a otro, sino que facilita los usos que la sociedad demanda”, dice la directora general a las críticas de favorecer al ‘ladrillo’. La sospecha sobre el urbanismo, tras docenas de casos de corrupción (sobre todo en el litoral), y de negligencia (urbanizaciones ilegales), es una constante histórica. Los más críticos hasta ahora, Ecologistas en Acción y CCOO, apuntan justo ahí, a la división del suelo sólo en urbano y rústico, desapareciendo el urbanizable.
La Junta cree que la LOTA, con su restricción a cada pueblo de no crecer más del 30% de su población y el 40% de lo construido, provocó que los ayuntamientos reservaran ese máximo, generando enseguida especulación y bloqueando suelos rústicos para desarrollos futuros que casi nunca llegaron. “Las áreas de oportunidad, por ejemplo, han sido un fracaso”, afirma la directora.
“No se puede demonizar a ningún sector”, añade Compagni, convencida de que “no habrá otras Marbellas, los casos actuales vienen del pasado, hay muchísimos controles y mayor conciencia ambiental”.
Juan Aguilera, gerente de la patronal sevillana de la construcción, Gaesco, admite la “fama de ser los malos, pero no es así, la administración en esta ley conserva lo esencial, la aprobación o no del plan; lo que no tiene sentido que haya planeamientos inoperativos”, y cita caso de Sevilla, con gran cantidad de suelo reservado para oficinas cuando “no existe mercado”.
“Cada 10 años tenemos una crisis, y siempre hemos contribuido a salir de ellas, somos un sector locomotora, generador de empleo“, replica Aguilera. Compagni espera que le acusen de favorecer “a todos los sectores”, pues la “crudeza de la situación que ha dejado el coronavirus” obliga a un esfuerzo por el empleo en el que sitúa a la LISTA.
El capítulo del litoral lo resuelve el anteproyecto en dos artículos, pero la directora general recalca las exigencias que plantea a los planes locales o subregionales. “Si se cumplen, es para darnos con un canto en los dientes”, explica en su línea de que menos normas, pero cumplimiento efectivo.
Como ex directora de la inspección confía en la disciplina. La ley incluirá la presencia de sub inspectores de la Junta en todas las provincias, y ya anuncia que el plan de trabajo del cuerpo se centrará en evitar nuevas urbanizaciones ilegales y en la costa. “Habrá más visitas al territorio, cuadruplicarán la actividad”.
El permiso para construir viviendas aisladas en suelo rústico será una novedad en Andalucía. Compagni acude al argumento de que ya lo incluía el proyecto del PSOE, y subraya que “no vale la solución que ha fracasado, ser muy restrictivos, hay que exigir que de verdad se cumplan los parámetros, como que no impidan el normal funcionamiento de los usos ordinarios, que son los primordiales”. Ecologistas en Acción afirma que “esta norma abre las puertas a la generalización de las segundas residencias en el campo“.
Esta asociación considera inconstitucionales dos artículos del borrador: los que permiten que “cualquier vía pecuaria afectada por un proyecto urbanístico queda automáticamente desafectada”, y el “eliminar la obligación de someter a Evaluación Ambiental Estratégica a ciertos planes urbanísticos”.
La directora general de Urbanismo cree que los años negros -para algunos dorados- de la corrupción urbanística se dieron en “unas circunstancias que nada tienen que ver con las actuales, ahora lo que hay es gente que se puede equivocar”. Además del ‘nuevo ambiente’ confía en la futura ley: “La simplificación no va en contra de la seguridad jurídica ni de la protección ambiental”.
Marbella y el miedo
El colosal escándalo urbanístico de Marbella provocó modificaciones a la actual ley, la LOUA, “desde el miedo, impidiendo el desarrollo de casi todos los planes”, afirma Cristina Murillo, decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Ese volumen de garantías administrativas “consiguió que cualquier construcción fuera imposible, y el efecto real es que muchas son ilegales ¿Y, ahora, qué haces?”, añade.
Murillo coincide con la Junta en que en Andalucía hay poco margen hoy para especular, todo lo más en la Costa del Sol, “donde debe estar el 70% de las grúas”. Pero le preocupa que la ley siempre haya ido detrás de la realidad pues lo pagan los más desfavorecidos. “Si el urbanismo crece de manera desordenada divide a ciudadanos de primera y de segunda, y eso sólo lo puede ordenar el planeamiento, que debe coser los territorios degradados a los municipios, y a la vez dotarlos de suelos con unos trámites realistas”.
