El Gobierno ha sido incapaz de frenar el proceso de desindustrialización que sufre el país y que se ha visto agravado por la crisis del coronavirus.
Los últimos cierres de Nissan en Barcelona y Alcoa en Lugo se suman a la larga lista de empresas que han cesado su actividad en los últimos años por el proceso de desindustrialización que sufre el país y que el actual Gobierno no ha sido capaz de frenar. Desde junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, un total de 6.794 compañías dedicadas a la industria manufacturera o extractiva han echado el cierre en España, según consta en los registros de la Seguridad Social. Suponen un 6% del tejido industrial local.
El coronavirus ha sido la sentencia definitiva para muchas de ellas, aquejadas durante años de lastres crónicos que han reducido su competitividad. Sólo durante los meses de marzo y abril han desaparecido más de 4.500 empresas industriales que ya estaban al límite y que se suman al largo registro de 91.000 defunciones corporativas vinculadas a la pandemia sanitaria.
Pero antes de que el virus pusiera todo patas arriba, el fenómeno de la desindustrialización ya se había llevado por delante 2.280 compañías en el sector secundario de la economía en la época Sánchez y más de 14.500 durante la última década. «La falta de una política y estrategia industrial a medio y largo plazo como país tiene efectos devastadores para el empleo. La escasa participación de la industria manufacturera en el PIB (12,6% en 2018), por debajo de la media de los países de la UE (14,5% en 2018), sitúa a España en una posición de debilidad para afrontar situaciones de crisis», lamentan desde la rama industrial del sindicato CCOO.
Los cierres afectan principalmente a pequeñas fábricas de entre 6 y 50 empleados que se han quedado fuera de mercado por la competencia exterior, principalmente proveniente de Asia, y la pérdida de competitividad a nivel local por lastres como el alto precio de la energía. Además de las pequeñas, desde 2011 han desaparecido un total de 32 empresas con más de 50 empleados.
Sindicatos y empresas llevan años denunciando la falta de un plan industrial real y lamentan que los Gobiernos y partidos políticos solo se acercan al sector cuando hay que buscar caladeros de votos provinciales ante unas próximas elecciones. «La apuesta gubernamental durante el período de transición y hasta las últimas elecciones legislativas de 2019 pasó por la profusión de decretos. Hasta entonces, el gobierno tomó carrerilla y en un mes presentó la constitución de tres Agendas para Sectores Industriales en dos meses», denuncia el último informe sobre la situación del sector elaborado por CCOO. Sin embargo, la propia ministra del ramo, Reyes Maroto, reconocía ayer en una tribuna en EL MUNDO que la ejecución de estos planes se atascó por el bloqueo político que sufre el país y la incapacidad del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos propios.
El futuro para el sector en España pinta bastante negro ya que el repliegue a nivel local le hace también perder peso en la cadena de valor de la industria global, donde el país el año pasado solo aportaba un 1,3%. Y a las cuatro empresas que echan el cierre cada día de media se suma un bajo nivel de emprendimiento en un área que obliga a tener conocimientos técnicos en la plantilla y la base suficiente para competir en un mercado globalizado. En 2019, por cada empresa industrial que nació en el país se fundaron otras 20 dedicadas al campo de la construcción.
Siete patronales industriales han constituido recientemente una plataforma para alzar la voz en defensa del sector y proponer medidas que frenen su sangría y mejoren su competitividad a nivel global. Estos grupos han reclamado en los últimos años al Gobierno que evite generar incertidumbre con sus amagos de subidas de impuestos o la demonización del diésel, y ahora reclaman evitar cualquier alza fiscal que afecte al consumo de cara a la reconstrucción económica del país.
