El acto de denunciar irregularidades en entidades públicas ha pasado de ser un acto admirable a penalizado con la pérdida de empleo, el desgaste emocional, psicológico y económico. Los denunciantes sufren acoso y no pueden hacer frente a las deudas con los abogados.
“Si la gente introduce mi nombre en cualquier buscador de internet, aparece el problema al que estoy enfrentando y esto me ha cerrado las puertas del mundo laboral”. Así describe su situación Roberto Macías, un exadministrativo de UGT Andalucía que optó por colaborar con la justicia para desmantelar presuntas irregularidades económicas en el sindicato. Se enfrenta a una organización que pide para él cuatro años de prisión por supuesta revelación de secretos y 60.000 euros por presuntos daños morales.
La situación actual de los denunciantes de casos de corrupción se encuentra muy alejada de la ética y de la propia ley. Lo que debería ser considerado un acto heroico y admirable, ellos lo califican como un “acto temerario” o “un riesgo absoluto”. Decidieron destapar prácticas presuntamente ilícitas, pero el resultado ha sido el desempleo y la estigmatización. “Ninguna empresa ni ninguna asociación pública o privada les da trabajo, esto es en todos los casos, tienen un estigma que no se pueden quitar”, asevera Pedro Arancón, presidente de la Plataforma x la Honestidad, encargada de luchar por los derechos de estos denunciantes. Vozpópuli ha contactado con alguno de los denunciantes de estos casos.
Después de dos oposiciones y 20 años trabajando en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), Ana Garrido, tuvo que renunciar a su puesto de trabajo por una continua “tortura” y acoso por ser una de las personas que desmanteló la Gürtel. “Caí en una baja por depresión, pero ese tiempo lo dediqué a hacer una labor de investigación”, cuenta Garrido. Su objetivo era llegar a la Fiscalía Anticorrupción, y llegó. Desde entonces, Garrido ha vivido un calvario. “El sufrimiento y el desgaste emocional, psicológico y económico es irreparable (…) Tuve que dejar mi casa porque no podía hacer frente a la hipoteca, estuve viviendo de ocupa un año en un piso embargado por el banco, arrastro deudas de abogados por un importe superior a los 10.000€ y sobrevivo como puedo haciendo bisutería artesanal”, confiesa. Ahora, tres años después, es agente inmobiliario en España, Italia, Portugal y Francia y “sobrevive” gracias a las personas que conocen su situación y le encargan la compra y venta de sus inmuebles.
Macías fue llamado por la Guardia Civil para colaborar con una investigación sobre un presunto caso de fraude en el uso de fondos públicos que apuntaba a la UGT de Andalucía. “Les di mi testimonio, yo había estado trabajando en el departamento de compras durante seis años y les expliqué las presuntas vías de financiación ilegal”, señala. Sin embargo, el caso de Macías no acaba ahí, le despiden un 30 de noviembre de 2012 pero hasta el 28 de diciembre de 2013 no le interponen una querella por revelación de secretos en el juzgado. Ahora, se siente “como un jubilado” con algo más de 30 años porque considera que “las puertas del mundo laboral se han cerrado”.
Ana Garrido tuvo que renunciar a su puesto de trabajo por una continua “tortura” y acoso por ser una de las personas que desmanteló la Gürtel
El caso de Azahara Peralta, ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Medioambientales, es el de la directora de un proyecto de Acuamed que desembocó en el conocido caso del mismo nombre. Durante un año, Peralta vivió presiones para aceptar la oferta de un contratista concreto para el proyecto. Pero Peralta no estaba conforme con la idea y la rechazó. Llegó un momento, cuenta, en el que su superior le apartó del proyecto y se enteraba de reuniones por terceros. A Peralta le hicieron una auditoría dirigida exclusivamente a su puesto de trabajo. “Me dieron un informe técnico en el que indicaban que había cometido irregularidades, yo entré en 2013 y a mí se me achacaron problemas desde 2009”, recuerda. En el momento en el que la ingeniera presentó su pliego de descargo con sus alegaciones le abrieron un expediente disciplinario y le dieron la carta de despido.
Todos los denunciantes de casos de corrupción sufren los mismos síntomas: son sometidos a presiones, acosados, aislados del mundo laboral y han perdido su empleo. Todo a pesar de haberse demostrado que estaban en los cierto. Caso Gürtel, Caso Acuamed y la investigación de UGT en Andalucía son pruebas de que, cuando menos, algo sospechoso detectaron.
“La principal barrera con la que chocan es la ausencia de protección. Las personas que están viviendo estas circunstancias tienen miedo y no llegan a dar el paso, el miedo hace que cosas que tu integridad te pide no se tenga el valor de hacer”, asegura Peralta. “La ley obliga a los funcionarios a denunciar de los hechos de los que son testigos, si no se denuncia se está cometiendo un delito, pero el anonimato no está protegido y creemos que eso tiene que ser elección del denunciante”, señala Arancón. Garrido ve el lado positivo a pesar de lo vivido: “Es una gran satisfacción cuando algún denunciante te dice ‘yo me atreví a hacerlo porque tú lo hiciste'”.
Sin embargo, la que ayudó a que se destapara el caso Acuamed admite que dudó de si lo que estaba haciendo era lo correcto: “Saben liarte, llegó un momento en el que pensé que a lo mejor estaba siendo demasiado estricta”. Asegura que un superior le dijo que las notificaciones de que tenía que llegar a un acuerdo se dieron desde el Ministerio de Agricultura. “Empiezas a dudar de todo, pero cuando vuelves a comprobarlo te das cuenta de que no estás equivocado”, sentencia. Garrido asegura que ella tenía muy claro denunciar, pero cometió un “grave error” en el método. “Busqué un intermediario que preservara mi anonimato”, narra, y eligió a Manos Limpias. “Me estaba poniendo en manos de mi verdugo. Mi anonimato no duró ni dos días entre los miembros del PP”, lamenta.
En aquella época no tenía ni idea de lo que había detrás de Manos Limpias y lo primero que hizo Miguel Bernard fue ponerlo en conocimiento de Esperanza Aguirre
Peralta menciona el Ministerio, pero tanto en su caso como en el de Garrido y el de Macías, había empresas o entidades detrás de su situación y en ningún caso obtuvieron respuestas. “El Ministerio estaba informado de esto, enviamos varias cartas, he escrito a la ministra pidiéndole explicaciones y su respuesta es de risa: su propuesta era aceptar nuestra readmisión pero pagando una sanción. El Ministerio no ha hecho nada, solo mentir”, afirma Peralta. Macías vivió y vive una situación desoladora, no solo la UGT le aisló: “Los compañeros me dieron la espalda, me han señalado como el filtrador de facturas, la organización montó una auténtica caza de brujas”. Por su parte, Garrido se reunía con sus compañeros “a escondidas” por miedo a que les asociaran con la exconcejala. “Años después me enteré de que les dieron instrucciones: ‘Prohibido desayunar con Ana Garrido‘”.
Macías siente que pecó de ingenuo. Afirma que el día que declaró los investigadores comentaron en qué trabajaban y pidió ser testigo protegido para mantener su anonimato. “Se rieron y dijeron que no era para tanto, tiempo después creo que sí que lo era”. No obstante, ninguno se arrepiente de haber denunciado. “La organización tiene que asumir su responsabilidad sindical y penal, estamos hablando de fondos públicos”, afirma Macías. Tanto Garrido como Peralta aseveran que “nunca” se han arrepentido. Garrido ha “aprendido mucho” y a los nuevos denunciantes les aconseja que “no es necesario inmolarse para denunciar, tienen que protegerse”.
