Los funcionarios esperan tramitar una avalancha de más de tres millones de solicitudes en los próximos meses y advierten de que, en paralelo, se están revisando los pagos de oficio y se pedirán devoluciones.
La historia se repite. El colapso administrativo que sufrió el Servicio Público de Empleo Estatal por la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se ha trasladado ahora al Instituto Nacional de la Seguridad Social por el alud de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital. Los funcionarios responsables de sacar adelante esta nueva prestación que busca paliar los efectos de la crisis sanitaria y económica sobre la población más vulnerable denuncian la falta de medios materiales y humanos para hacer frente a una sobrecarga de trabajo sin precedentes. Admiten el colapso de los expedientes y alertan de que la verdadera oleada de peticiones todavía está por llegar. Mientras tanto, cientos de miles de personas esperan la ayuda prometida.
La situación que atraviesan los potenciales beneficiarios del IMV es, cuando menos, preocupante. Los casos de personas que se quedaron sin trabajo tras el estallido de la pandemia y ven caer las hojas del calendario sin ingresar ni un solo euro se cuentan por miles. Muchas se han visto obligadas a acudir a los bancos de alimentos para poder dar de comer a sus familias. Para dar una respuesta rápida a esta crisis, el Ejecutivo, por iniciativa del vicepresidente Pablo Iglesias y el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, aceleró la aprobación de la renta mínima, que no estaba prevista hasta 2021. Pero la Seguridad Social no empezó a tramitar solicitudes hasta junio y a día de hoy solo han cobrado 74.119 hogares perceptores de ayudas por hijos menores a cargo, en una primera nómina que se pagó de oficio el día 26 del mes pasado.
Según los datos que ha hecho públicos el propio Escrivá, la Seguridad Social ha recibido ya más de medio millón de solicitudes del Ingreso Mínimo Vital, en concreto, 510.000 hasta este viernes. El ministro advertía además de que, según sus previsiones, basadas en experiencias previas, en torno a la mitad de esas peticiones serían rechazadas por incumplir los requisitos. “A este ritmo, se avecinan unos meses muy complicados en los que vamos a tener que tramitar más de tres millones de solicitudes”, advierte el responsable nacional del sindicato de funcionarios CSIF en la Seguridad Social, José Manuel Moreno, quien denuncia a La Información un “importante atraso” en la tramitación de los expedientes por la “carga abrumadora de trabajo”.
Moreno recuerda que el INSS cuenta con una plantilla de 10.617 efectivos y solo tres cuartos son gestores con competencias para tramitar prestaciones. El personal tiene ahora que sumar a sus tareas habituales la gestión del IMV, que supone entre 40 y 45 minutos por solicitud, según han tasado, lo que está provocando a su vez atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc. “Se está produciendo una sobreacumulación de trabajo para el mismo número de funcionarios y esto va a derivar en problemas que van a acabar afectando a otras entidades, como la Tesorería o la Gerencia Informática”, avisa Moreno. Adicionalmente, se están empezando a revisar los más de 74.000 pagos que se hicieron de oficio el mes pasado y, en caso de detectarse cobros indebidos, la Tesorería procederá a reclamar la devolución de los importes.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones admiten que han recibido “muchas solicitudes” desde la puesta en marcha del IMV y garantizan que todas ellas se están tramitando a la mayor velocidad, porque los funcionarios están haciendo “un gran esfuerzo” para llevar a cabo esta tarea “lo antes posible”. Argumentan que hace solo 15 días desde que se pagó la primera nómina (de oficio) y todavía no se ha cumplido ni un mes desde que se puede solicitar la prestación, por tanto, aún es pronto para aportar datos más específicos como el tiempo medio de resolución de las solicitudes. La próxima nómina se cerrará dentro de “dos o tres semanas” y entonces dispondrán de más información. Hay que recordar que el Gobierno calcula que la renta mínima llegará a un total de 850.000 hogares.
Sin embargo, los funcionarios que están en el meollo de la tramitación diaria de las solicitudes empiezan a alertar de que se están acumulando demasiados expedientes en toda España. A nivel provincial, en Valencia ya han advertido del colapso e incluso han avisado de que hay trabajadores públicos que están renunciando a tramitar el Ingreso Mínimo Vital ante la cantidad de obstáculos que supone por incompatibilidades con la Renta Valenciana de Inclusión. En un comunicado hablan de “desmoralización y desestimientos de empleados públicos” y reclaman más efectivos para la plantilla. Es solo un ejemplo de muchas de las situaciones que se están produciendo por problemas entre el INSS y las administraciones locales y que no hacen más que estrechar el cuello de botella en los expedientes, según denuncian desde el sindicato de funcionarios presente en la Seguridad Social.
El colapso que describen los funcionarios recuerda al que hasta hace no mucho denunciaban desde la plantilla del SEPE. Con alguna salvedad, pues el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo fue reforzado con 1.000 interinos, de los que finalmente se incorporaron unos 800, y además tuvo que tramitar una cascada de prestaciones muy superior, pues a los 3,4 millones de afectados por ERTE se sumaron 1,5 millones de autónomos en cese de actividad, ayudas extraordinarias para trabajadores temporales y empleadas del hogar, subsidios por desempleo… Ante esta carga de trabajo, el sindicato CSIF en el SEPE llegó a denunciar el agravio comparativo con el INSS, ya que los funcionarios de la Seguridad Social perciben una compensación económica de 21 euros la hora extra por tramitar el IMV.
Refuerzo externo de plantillas
El responsable de CSIF en la Seguridad Social señala, no obstante, que muchos funcionarios se han ido borrando del plan de horas extraordinarias ante la “inmensa carga de trabajo” a la que se están enfrentando. Moreno adelanta, además, que se ha solicitado un refuerzo de 1.000 interinos para el Instituto Nacional de la Seguridad Social y otros 250 para la Tesorería General y en estos momentos están pendientes de la resolución de Hacienda. Serían, en cualquier caso, contratos de 12 meses, ampliables por 36, que desaparecerían cuando dejasen de ser necesarios, de manera que de ningún modo se cubre el 21% de efectivos perdidos en los últimos 10 años.
El ministro Escrivá es consciente de las necesidades de la plantilla del INSS pero ha decidido recurrir a la contratación de trabajadores externos para ayudar en la tramitación del IMV. El encargo se ha efectuado a través de una encomienda de gestión a la empresa pública Tragsa, que ha aportado unos 500 trabajadores para la gestión de las solicitudes y en torno a 200 teleoperadores adicionales para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Se trata de la misma empresa que ha ayudado al SEPE a desatascar los ERTE durante estos meses, aunque desde CSIF critican que, al igual que los interinos, el personal que aporta Tragsa tanto al SEPE como al INSS no está capacitado para estos trámites y generalmente necesitan formación por parte de los funcionarios, lo que les acaba restando tiempo.
