“Podemos gastarnos todo el dinero que venga de Europa, pero si después se acaba y no hemos hecho reformas estructurales, se nos vuelve a caer el mercado laboral”.
Sus hijos la convencieron para aceptar el trabajo más complejo de su carrera: ser la consejera de Empleo en Andalucía, la región del paro. Casi dos años después, aún le cuesta sentirse política a esta inspectora de Trabajo cuyo último destino fue la Dirección de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga. Esquiva a los periodistas con la misma fuerza con que intenta poner patas arriba su consejería “para que sirva de verdad a los andaluces”. En su primer año, los datos le sonrieron, pero llegó una pandemia mundial…
PREGUNTA. La EPA refleja un crecimiento del desempleo del 18% en solo un trimestre, hasta situarse en una tasa de paro del 23,8% en Andalucía. ¿Qué opina de esos datos?
RESPUESTA. Bueno, la EPA nos vuelve a demostrar la dificultad que están teniendo las estadísticas para reflejar la situación económica excepcional que está generando la pandemia. El paro ha registrado una subida de más de 143.000 personas, lo cual supone un dato muy elevado y solo superado en el cuatro trimestre de 2008, en plena crisis económica financiera. Pero hay que decir que es un dato confuso, porque refleja un efecto estadístico sobre muchos trabajadores que en el anterior estado de alarma no eran considerados como activos porque su sector estaba paralizado y no contaban como parados, mientras que ahora sí. Esto significa que la fuerte subida del paro que la EPA nos ofrece ya venía del trimestre anterior, pero ahora es cuando ha sido reflejada.
P. Aunque venga del anterior trimestre, la evolución del paro este año parece muy negativa, ¿no?
R. El paro andaluz en los últimos 12 meses es muy elevado y está aumentando, pero lo hace a mitad de ritmo que el conjunto de España. En cualquier caso, los próximos meses van a continuar siendo muy difíciles ante las nuevas restricciones que lleva aparejado este nuevo estado de alarma.
P. ¿Cuándo llegará el pico de la ola del paro?
R. Aún no hemos alcanzado el pico, que se producirá cuando se acaben los ERTE, algo ahora previsto en el primer trimestre, que será cuando el empleo caiga a plomo. En ERTE hay todavía 85.000 trabajadores andaluces de los 480.000 que llegaron a estar en el pico de la primera ola. Además, creemos que se van a producir numerosos ERE hasta final de año y también se producirán numerosos despidos tras los ERTE.
P. ¿De qué cifra hablamos?
R. Nuestra previsión es que llegaremos a alcanzar un 30% de paro, que es muchísimo, pero recuerdo que en la crisis anterior alcanzamos un 36% y que, además, en esta ocasión no hay un problema estructural, como la crisis inmobiliaria anterior, sino un problema coyuntural por una crisis sanitaria que está en vías de solución.
P. ¿El paro está afectando más a algún tipo de colectivo (jóvenes, mayores, mujeres…)?
R. No. Es una crisis sanitaria que afecta al paro de manera transversal. Pero sí se nota algo más a nivel sectorial, ya que el parón de la economía nos está afectando más en Andalucía a hostelería y comercio, que suponen ya el 54% de los ERTE presentados. Por eso nos da miedo que cuando acaben los seis meses que les protegen, muchos trabajadores sean despedidos.
P. ¿Prevé rebrote de ERTE en esta segunda ola?
R. De momento, no se está produciendo. En la primera avalancha, llegamos a recibir más de 88.000 solicitudes de ERTE por parte de las empresas andaluzas. De hecho, recuerdo que en solo tres días llegamos a recibir 18.000 expedientes. Una locura, teniendo en cuenta que en todo el año 2019 solo tramitamos 2.800 ERTE en Andalucía. Ahora, en esta segunda ola, hemos recibido 1.687 solicitudes, la mayoría por limitación de actividad y también por afección ‘indirecta’ (empresas cuyo 50% de facturación en 2019 dependía de alguna empresa afectada por la crisis de este año).
P. La Junta es partidaria de la ampliación de los ERTE, pero usted ha dicho alguna vez que esto no puede ser ilimitado ni para mantener empresas fantasma…
R. Desde la Junta de Andalucía, no solo somos partidarios de los ERTE hasta el 31 de enero sino que defendemos que continúen hasta junio. No entendemos el propósito de tener que volver a negociar cada tres meses y llegar siempre al límite. Recordemos que Alemania ya dijo hace muchos meses que los ERTE seguirán hasta final de 2021. Pero, además, creo que debemos aprovechar el momento para conseguir algo más…
P. ¿A qué se refiere?
R. A vincular los ERTE a la formación. Hay muchos empleos que no se van a recuperar, muchas actividades que han cambiado radicalmente en este año, y creo que es el momento de decirles a las empresas y, sobre todo, a los trabajadores que les apoyamos con un ERTE pero que deben aprovechar esta pausa para reciclarse y formarse en nuevas competencias. Esa es la política activa de empleo más eficaz y potente que existe.
P. Pero la formación en Andalucía lleva parada casi 10 años tras los casos de corrupción. ¿Cuándo se va a poner en marcha?
R. La formación ya está aquí, y ha llegado para quedarse y mejorarse en Andalucía. Llevamos desde 2011 sin formación en una comunidad como esta, que tanto lo necesita. Pero no queríamos más de lo mismo. Por eso, hemos desechado el sistema anterior de subvenciones para la formación y lo hemos sustituido por un sistema muy novedoso, y por el que ya se han interesado otras comunidades, que es la licitación a través de la Ley de Contratos del Estado, con mucha mayor transparencia, seguridad jurídica y celeridad.
P. ¿Qué diferencia hay?
R. Que las empresas, los operadores de formación, se pueden presentar a un concurso público para dar un servicio de formación por el que pueden obtener una ganancia a cambio. Antes, la subvención a esos operadores no siempre garantizaba la ejecución de ese servicio y además no les permitía obtener ganancias…
P. … Con lo que se buscaban la fórmula, legal o no, para obtener esas ganancias…
R. … Bueno, no quiero decirlo yo. De hecho, son los tribunales los que tienen que decidir sobre lo que se hizo mal en las etapas de gobiernos anteriores. Lo que yo digo es que nos parece un sistema obsoleto que hemos cambiado por uno que creemos que es mucho mejor.
P. ¿Esta nueva fórmula abre la competencia? Antes, estos cursos estaban sobre todo en manos de patronal y sindicatos…
R. Claro. Cualquier empresa de formación puede presentarse. De hecho, en esta primera licitación, hemos sacado lotes muy divididos precisamente para que se presentaran no solo los grandes operadores de formación sino empresas pequeñas que lo han pasado muy mal en este tiempo y que tengan opción, siempre que garanticen su calidad en el servicio.
P. Y con ese nuevo sistema, ¿cuándo vuelven los cursos de formación a Andalucía?
R. Este mes, hemos licitado dos programas, uno de formación en tecnologías para empleados, por importe de 3,1 millones, y otro para hostelería y turismo, por 4,3 millones. Vamos a sacar en los próximos días una formación para el sector de la construcción, por 7,5 millones, y además vamos a dedicar 26 millones a formación en actividades específicas de cada provincia. También acabamos de sacar una orden de subvenciones por 20 millones para formación con compromiso de contratación, que no se aplicaba desde 2016. Esto supone que las empresas forman a trabajadores en sus principales necesidades, y se lo pagamos a cambio de un compromiso de contratación del 40% de ellos. Y en el primer trimestre del año, vamos a sacar nuevos programas de formación para jóvenes de hasta 25 años y también en un sector de futuro como el 5G.
P. Por primera vez en la historia,se va a permitir que las agencias de colocación privadas colaboren con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), algo que los sindicatos rechazan…
R. Estamos muy ilusionados con este proceso, que no hemos inventado nosotros, porque fue el Gobierno de Zapatero el que aprobó en 2010 la ley que permite esta colaboración público-privada. La intermediación siempre es pública, pero puede gestionarse también a través de esas empresas privadas. Es un sistema que se usa en toda Europa y en buena parte de España. Hemos sacado una primera licitación que nos sirva de experiencia piloto, por 1,9 millones de euros. Hace un par de semanas que se abrieron los pliegos y queremos que esté adjudicada el próximo mes.
P. Los sindicatos dicen que es una privatización de un servicio público…
R. Es una intermediación complementaria. En ningún momento es sustitutiva de lo servicios públicos de empleo y, por su puesto, es gratuita para las personas que voluntariamente lo soliciten. Y no se lo vamos a poner fácil a estas empresas. Quiero decir con esto que no les vamos a encargar los desempleados con mayor posibilidad de colocación sino todo lo contrario. Es una forma de reforzar el servicio público para llegar a sitios donde antes no llegábamos.
P. ¿A cuántos beneficiará esta primera licitación? ¿Tiene algún plazo?
R. Nuestro horizonte es llegar a 4.000 desempleados en 24 meses. Después, veremos si se prorroga.
P. También ha anunciado una importante inversión en la automatización del SAE. ¿En qué consiste?
R. Es uno de nuestros grandes proyectos y venimos trabajando en ello desde que llegamos. No hay otra comunidad que lo tenga. Tenemos dos proyectos en marcha: de gestión integral del SAE y otro de perfilado estadístico. El primero ya se ha adjudicado por 2,7 millones y el otro será de 5,6 millones, y queremos que esté adjudicado a final de año.
P. ¿Para qué servirá?
R. El primero es un nuevo sistema que permitirá un mucho mejor servicio, basado en los datos. Por ejemplo, el SAE actualmente no tiene información sobre el tejido productivo de Andalucía, ni qué tipo de desempleado hay. Para tomar decisiones, tienes que tener datos e información. Vamos a tener un perfilado estadístico de oferta y demanda. Es decir, el SAE ofrece un servicio de encuadramiento, orientación e intermediación, y queremos que esas tres líneas estén bien delimitadas. Queremos que al desempleado le podamos dar, por sus características, por su historial, y también por los datos de su zona y de su entorno de tejido productivo, una posibilidad más certera de su posible salida al mercado laboral. Enganchar la oferta con la demanda.
P. ¿Eso no ocurre ya?
R. Actualmente, no tenemos esos datos. Entonces, nuestro orientador puede ser un gran profesional, pero realmente no sabe qué ofrecerle al desempleado porque no tiene herramientas para ello. Ahora, podrá recomendarle un curso o un puesto porque contará con grandes datos que nos va a proporcionar la inteligencia artificial. Y también queremos meter la formación ahí, porque en estos momentos no está dentro del SAE.
P. El Gobierno ha pactado con EH Bildu la derogación de la reforma laboral de Rajoy, aunque después lo matizó y dijo que serían cambios puntuales…
R. Sería muy equivocado y un gran error histórico. Europa apuesta por la flexiseguridad y nuestro mercado laboral es excesivamente rígido. La reforma laboral intentó flexibilizar algo esto y sería tremendo un retroceso, volver a situaciones anteriores. La reforma laboral de Rajoy nos ha permitido sostener con los ERTE nuestro sistema productivo en estos momentos de pandemia. Además, es la primera vez que el PIB cae menos que el desempleo en Andalucía, porque las empresas están aguantando con este mecanismo…
P. ¿Qué espera de los fondos de la UE? ¿Permitirán una recuperación del empleo?
R. Tenemos que aprovechar los fondos que vengan de Europa para hacer reformas estructurales para el futuro, porque parece que el plan del Gobierno no las tiene y solo piensa en cómo repartir ese dinero. Podemos gastarnos todo el dinero que venga de Europa, pero si después se acaba y no hemos hecho reformas estructurales, se nos vuelve a caer el mercado laboral. No necesitamos medidas solo para mantener la economía sino un plan para reactivarla.
P. Una de las medidas estrella del Gobierno ha sido el ingreso mínimo vital. ¿Qué opina?
R. Es una prestación no contributiva de la Seguridad Social en materia que, en un principio, es competencia de las comunidades autónomas, con lo que el escenario, en principio, es nebuloso. Además, el incentivo a las personas para que consigan un empleo es muy débil. Estar inscrito como demandante de empleo no obliga prácticamente a nada, y el Ministerio de Inclusión no tiene estructura para desarrollar en la práctica cualquier estrategia de inclusión, porque somos las comunidades autónomas las que tenemos la competencia. Entiendo que supone un cambio significativo en la cultura de acceso a una prestación que se puede traducir en un desincentivo de la búsqueda activa de empleo de los beneficiarios. Además, entiendo imprescindible asegurar la colaboración con las comunidades autónomas para llevar a cabo itinerarios laborales de inserción, cosa que no se ha hecho.
P. El Gobierno quiere modificar la cotización de los autónomos. ¿Está de acuerdo?
R. Entendemos que la situación actual no es la idónea para esta reforma, ya que los autónomos están lo suficientemente asfixiados como para cotizar más, con la dramática situación que están viviendo. Y, además, este sistema que pretende ser más justo, y que se planteaba como una reforma integral del RETA, no lo es, porque solo atañe al 46% del total de los autónomos, es decir, sobre los que Hacienda conoce sus rendimientos netos, y va a penalizar a los autónomos persona física en estimación directa que declaran sus ingresos. los demás se verían excluidos del modelo, ya que la Agencia Tributaria no tiene información sobre sus rendimientos netos y, por tanto, no sabe qué cuota aplicarles. Y, por último, se olvida también de las nuevas altas de autónomos que han iniciado su actividad y de los que Hacienda va a tardar un tiempo en conocer sus rendimientos netos, con lo que no se sabría qué cotización deberían realizar.
P. ¿Y qué está haciendo la Junta para ayudar a los autónomos?
R. Hemos aprobado hasta 60 medidas distintas para ayudarles. La más conocida es que, cuando llegamos el pasado año al Gobierno, ampliamos la tarifa plana estatal, lo que supone una media de 2.776 euros de ahorro. También hace unos meses aprobamos una ayuda de 300 euros debido a la pandemia y hemos tramitado 67.000 solicitudes en dos meses y medio gracias a un sistema de robotización, de las cuales se han concedido ya 43.000 ayudas. Este mismo mes, hemos aprobado un decreto de ayuda a los alquileres de 900 euros (1.200 para las actividades de ocio nocturno e infantil) que además vamos a ampliar ahora a 1.200 y 4.000 euros respectivamente.
P. ¿Ha caído mucho el número de autónomos durante este año de crisis?
R. Lo contrario. Está subiendo. El número de autónomos ha crecido en 7.000 en lo que va de año. En estos momentos, hay 544.000 en Andalucía. A 1 de enero de 2020, Cataluña nos superaba en 10.840 autónomos. Hoy, nos supera solo en 3.000.
P. ¿A qué cree que se debe? ¿Han aumentado los falsos autónomos?
R. Queremos creer que lo estamos haciendo bien en el apoyo a este colectivo, o que muchos trabajadores que se están quedando sin trabajo están acudiendo al autoempleo.
