De 123.000 pymes y autónomos que se acogieron a la ayuda del Gobierno para reducir potencia durante el confinamiento y así pagar menos, 95.000 continúan sin recuperar su actividad.
La crisis derivada de la pandemia del coronavirus está haciendo estragos sobre el tejido empresarial. Así lo demuestra el elevado porcentaje de pymes y autónomos que siguen sin recuperar su capacidad eléctrica, uno de los mejores indicadores de salud del negocio, tres meses después del fin de las restricciones motivadas por el estado de alarma.
De los más de 123.000 pequeños empresarios que solicitaron reducir gratis su potencia eléctrica contratada por inactividad, una medida de flexibilidad que amparó el Gobierno en el Real Decreto-ley 11/2020 para hacer frente al covid-19, 95.000 aún no han vuelto a recuperar esa potencia que tenían, según datos que manejan las distribuidoras eléctricas. Es decir, que casi el 80% no son capaces de trabajar o lo hacen a un ritmo mucho más moderado.
La potencia eléctrica es algo así como el tamaño de la autopista por donde llega la luz. En función de las necesidades de cada pyme, se contrata más o menos. No es lo mismo un pequeño local que solo necesita luz y enchufes para dispositivos electrónicos que otros negocios, como una panadería, que necesita hornos y maquinaria que demandan más potencia. En función de la potencia contratada, se paga la parte fija de la luz cada mes. A más potencia, la factura cuesta más, consumas lo que consumas.
Ante el confinamiento que provocó el estado de alarma, muchos negocios se vieron obligados a cerrar y eso significó que no necesitarían potencia eléctrica. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica decidió obligar a las distribuidoras eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo) a que facilitaran la reducción de potencia eléctrica y además lo hiciesen gratis. La ley del sector solo les obliga a un cambio cada 12 meses, pero se levantó esa limitación. Con ello, el Ejecutivo buscaba que pymes y autónomos que se quedaron sin ingresos redujeran gastos y así facilitar su supervivencia.
Sin embargo, tras el levantamiento del estado de alarma, solo un 20% de los negocios que solicitaron esta ayuda (unos 28.000) han reactivado la potencia que tenían previa a la pandemia.
¿Qué está pasando? Fuentes del sector achacan la pobre recuperación de potencia eléctrica contratada a la falta de actividad. Quiebras, negocios hibernados que no han abierto en todo el verano, sobre todo en turismo y ocio, y firmas que funcionan a medio gas, nunca mejor dicho, están detrás de esta situación. Este mismo martes, Red Eléctrica señalaba en su último informe de demanda eléctrica sectorial correspondiente al mes de agosto que “se siguen registrando caídas muy significativas, especialmente en el turismo, que continúa retrocediendo casi un 37% respecto al mismo mes del año anterior”.
No obstante, también apuntan a otros factores, aunque de forma residual, que tendrían que ver con aquellas firmas que continúan teletrabajando y no han vuelto a las oficinas habituales por seguridad sanitaria, lo que explica que algunos suministros sigan congelados.
El real decreto por el que se podía reducir potencia de luz y gas contemplaba tres meses después del fin del estado de alarma para reactivar la potencia e incluso hacer una primera solicitud durante el verano. Pero justo esta semana se ha cumplido esa fecha, por lo que termina el plazo de ayuda en plena segunda ola de la pandemia. Esto inquietaba a diferentes negocios como hoteles, bares, discotecas, etc., que siguen sin abrir. No obstante, la Secretaría de Estado de Energía aclaró recientemente que aquellos que redujeron su potencia podrán volver a subirla sin coste adicional hasta finales de año, alargando implícitamente esta medida.
Más gastos a cubrir con impuestos
Pero el problema tiene una derivada económica que afecta a todos los ciudadanos. Los gastos que dejaron de pagar estos negocios, ya que el pago de la parte fija de su factura es inferior, no van contra las distribuidoras de luz, que tienen su rentabilidad garantizada sobre la base de sus activos. En circunstancias normales, irían contra el sistema eléctrico. Es decir, que esos menores ingresos los cubren los consumidores de luz.
Sin embargo, para que esta medida no recayera sobre el sistema eléctrico, que afronta de nuevo una situación de déficit por hundimiento de ingresos, el Ejecutivo explicitó en el real decreto que se cubriría con los Presupuestos que se elaboraran tras la pandemia. Es decir, que la reducción de potencia de pymes y autónomos se deberá pagar con impuestos, pero por ahora está en un limbo cómo se sufraga, ya que el Gobierno sigue sin lograr sacar unos nuevos Presupuestos.
El Gobierno calculó que esta medida costaría alrededor de 37,2 millones de euros al mes a las arcas del Estado. Pero esperaba que tres meses después se hubiera recuperado por completo, algo que está lejos de producirse. Los datos que manejan las empresas es que aún hay 9.000 MW de potencia que se redujo y no se ha recuperado, correspondiente a 95.000 pymes y autónomos que siguen en el dique seco. Además, fuentes del sector advierten de que los que más sufren son los negocios más pequeños, ya que el 20% que sí se ha reactivado supone una subida de 30.000 MW.
Esto quiere decir que mientras haya pymes y autónomos que sigan sin actividad, seguirá aumentando el agujero que tendrá que asumir Transición Ecológica en su partida de los próximos Presupuestos —si hay Presupuestos—. Todo ello con la situación actual, en que España está en plena segunda ola con los peores datos epidemiológicos de toda Europa y cada vez más restricciones. Un panorama que no invita al optimismo, lo que augura que estos 95.000 empresarios que han optado por hibernar sus negocios tendrán complicado volver a la actividad, si es que en algún momento vuelven.
