Trabajo estima que los fondos acumulados en la ‘hucha del paro’ no serán suficientes para financiar el gasto en prestaciones de este año y espera una inyección extra desde el Presupuesto.
En la fase más crítica de la crisis financiera de hace una década, con el país rebasando el impensable umbral de los cinco millones de parados, el gasto público en coberturas al desempleo alcanzó un pico de 32.000 millones de euros, una cifra sin parangón en la historia…hasta que ha llegado 2020. La crisis sanitaria desencadenada por la Covid-19 y sobre todo la amplia red de protección dispuesta desde el Estado para garantizar una cobertura en forma de renta pública a todos aquellos trabajadores afectados por la situación – la ministra de Trabajo reveló en primavera que más de cinco millones de personas estaban protegidas por el sistema de protección al desempleo- va a significar una factura sin precedentes para las arcas públicas, que solo en lo que se refiere a las prestaciones abonadas desde el SEPE fuentes del diálogo social sitúan en el entorno de los 40.000 millones de euros.
El Ministerio de Trabajo decidió ya el pasado mes de mayo tirar de los remanentes acumulados durante los últimos años por el sistema de protección al desempleo – alrededor de 14.000 millones de euros- para sufragar la gravosa factura del conocido como ‘escudo social’, pero llegados a este punto empieza a asumir que probablemente no sean suficientes. Así lo admite en el capítulo de ‘Hechos posteriores al cierre del ejercicio’ de las cuentas anuales del Sepe (Servicio Estatal de Empleo) correspondientes a 2019 en el que asegura que en 2020 el organismo utilizará “parte del remanente de tesorería generado en años anteriores y es posible que tenga que utilizarlo todo y necesite además aportación del Estado“.
Las matemáticas parecen aproximar la opción del rescate del Estado. El pasado mes de junio, con los ERTE aún pendientes de prórroga, los gestores del servicio público de empleo ya estimaban que el gasto anual en coberturas al desempleo se situaría por encima de los 30.000 millones de euros, cuando los ingresos no superarían los 22.000 millones en el ejercicio. Ese agujero de 8.000 millones que se preveía entonces se ha ensanchado después a golpe de prórroga de los ERTE y mantenimiento de la red extraordinaria de protección a los trabajadores por la persistencia de la crisis económica y la segunda ola de rebrotes iniciada en la recta final del pasado verano.
Las últimas estimaciones sobre la factura anual de esta red de protección que han llegado al diálogo social sitúan ese gasto ya en el entorno de los 40.000 millones de euros, lo que convertiría en insuficiente la estrategia del Ministerio de aplicar los remanentes de 14.000 millones acumulados – no sin cierta polémica- por el sistema de protección al desempleo por los superávits de los últimos años y de utilizar otras medidas alternativas como utilizar los excedentes de las políticas de formación o reprogramar las inversiones asociadas al Fondo Social Europeo, que Bruselas también ha permitido reorientar hacia otros objetivos en esta situación excepcional. Fuentes del diálogo social deslizan que en el Ministerio de Trabajo ya se descuenta el escenario de una inyección extra de recursos por parte del Estado en la recta final del año para sufragar la parte de la factura del escudo social que no se puede pagar con remanentes, si bien no se concreta la cuantía a la que ésta podría ascender.
Varios factores condicionan la intensidad de ese eventual rescate del Estado. En principio el Gobierno ha decidido utilizar este año sólo 10.000 millones de los más de 21.000 millones a los que tenía derecho en el marco de Fondo Sure, dispuesto por la Comisión Europea para sufragar a bajo coste la factura de los mecanismos de protección dispuestos en los diferentes estados miembro para evitar un ‘shock’ en el mercado laboral. Además, el Tesoro anunció la pasada semana una reducción de emisiones netas de 15.000 millones de euros, si bien en este escenario ya se descontaba la posibilidad de tener que abordar una posible inyección extra de recursos tanto en la Seguridad Social como en el Servicio Público de Empleo.
Los remanentes y los gastos impropios del Sepe
El Sepe tiene argumentos financieros más que de sobra para exigir la intervención del Estado. En los últimos años, los sucesivos gobiernos han utilizado el superávit del tramo contributivo del sistema de protección al desempleo para sufragar todo tipo de políticas laborales, dejando una factura por este concepto de más de 16.000 millones de euros a las arcas del Sepe. Ese dinero se corresponde al fin y al cabo con las transferencias al SEPE dejadas de abonar en los últimos años por el Estado para sufragar la parte no contributiva de la actuación protectora del SEPE: subsidios al desempleo para parados de larga duración, bonificaciones a la contratación con cargo a la cuota por desempleo…En la Cuenta Anual del SEPE de 2018 el organismo acumulaba derechos de cobro – principalmente por el déficit de transferencias del Estado – de 16.314 millones de euros. En otras palabras, el Presupuesto del Estado le debía más de 16.000 millones al sistema público de protección al desempleo en concepto de todos los ‘gastos impropios’ abonados con cotizaciones por desempleo de empresarios y trabajadores para cuestiones ajenas a la cobertura contributiva por desempleo
La situación ha generado no pocas tensiones en los últimos años en el ámbito del diálogo social, ya que los sindicatos exigían que se empleara ese superávit para mejorar las prestaciones de los desempleados – recortadas en el año 2012 en el marco de las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy para poner en orden las cuentas públicas-; y CEOE planteaba por su parte que se aprovechara para reducir la contribución de las empresas vía cotizaciones al desempleo. El propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, consciente de esta situación, estaba decidido antes d que llegara la crisis sanitaria a utilizar ese superávit lo antes posible para mejorar tanto la cobertura como la cuantía de las prestaciones por desempleo, un plan que es posible que el escudo social obligue a retrasar.
El Gobierno admitió en septiembre que se había gastado el crédito de la UE en nóminas públicas y pensiones, dejando sin fondos a los ERTEs
El Gobierno admite que ya se ha gastado en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) los 21.325 millones de euros del fondo de ayudas al desempleo (SURE) que concederá la Unión Europea a España. Según ha podido saber La Información, el Ejecutivo ha trasladado a los agentes sociales que solo hasta agosto la factura total asciende a 19.680 millones de euros, a lo que habrá que sumar la nómina de septiembre. El propio presidente Pedro Sánchez hacía referencia este martes en el Senado al “esfuerzo” realizado por el Estado desde el estallido de la pandemia al destinar 4.000 millones de euros al mes para la protección de estos trabajadores y en el área económica del Gobierno reconocen que ya contaban con que el dinero del SURE sería insuficiente para cubrir los ERTE.
La factura de los ERTE sobrevuela la mesa del diálogo social desde hace semanas. Las fuentes consultadas, tanto en la patronal como en los sindicatos, aseguran que han pedido a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social en varias ocasiones que concreten cuánto se han gastado por este concepto durante la emergencia sanitaria. La respuesta la obtenían este martes: 19.680 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social hasta el mes de agosto. Esta cifra supone más del 90% de la cantidad propuesta por la Comisión Europea para España del fondo SURE y todavía hay que añadirle la nómina de septiembre, por lo que el montante total superará de largo la cuantía del préstamo.
En la vicepresidencia económica del Gobierno admiten que ya contaban de antemano con que el dinero europeo no sería suficiente para cubrir los ERTE y serían necesarias emisiones de deuda adicionales, así como el recurso a otros fondos comunitarios por más de 1.600 millones de euros. Nadia Calviño explicaba durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos en el Congreso la semana pasada que el préstamo del SURE se corresponde con la solicitud que realizó el Ejecutivo en base a la previsión de gasto hasta el 30 de septiembre, pero lo cierto es que la factura se ha desbordado porque España pidió a Bruselas 23.803 millones de euros para pagar no solo los ERTE, sino también la prestación extraordinaria por cese de actividad de los autónomos, las prestaciones por incapacidad temporal de las bajas laborales por Covid o el apoyo a trabajadores fijos discontinuos.
Solo el desembolso por los ERTE, según ha admitido ahora el Gobierno, por boca de los equipos negociadores de Trabajo y Seguridad Social, a las patronales y los sindicatos, ya ha superado los más de 21.000 millones del SURE, aunque, en cualquier caso, el dinero todavía no ha llegado. Se espera que el Consejo Europeo alcance un acuerdo este mismo mes y los países reciban un primer tramo de las ayudas en otoño de 2020 y el resto, el año que viene. Mientras tanto, España ha recurrido a financiarse a los mercados internacionales –el Tesoro ha programado emisiones por valor de 100.000 millones de euros adicionales– para obtener liquidez. Por cierto, las ayudas deberán devolverse en un plazo máximo de 15 años y la Comisión requerirá cada seis meses un informe sobre el uso de la asistencia financiera.
Mientras tanto, el Gobierno acaba de empezar a negociar con los agentes sociales una nueva prórroga de los ERTE, cuando faltan apenas tres semanas para que caduque el marco actual. Tras la ‘cumbre de Mallorca’, donde más que avanzar en la materia se buscó simbolizar el respaldo institucional al vapuleado sector turístico, la mesa técnica se reunió el pasado lunes para fijar un calendario ‘exprés’ que permita alcanzar un acuerdo la semana que viene. La primera cita se ha fijado para este jueves, cuando se debate un borrador inicial que han diseñado los equipos de Yolanda Díaz y José Luis Escrivá con las nuevas condiciones para esta regulación a partir de octubre.
De partida, las tres partes coinciden en que los ERTE deben prorrogarse más allá del 30 de septiembre, pero mientras la patronal y los sindicatos hablan de finales de este año o primavera de 2021, el Gobierno se resiste a poner fechas. También existe consenso en la necesidad de blindar las prestaciones para los trabajadores que lleven más de seis meses en ERTE, de manera que no vean reducida la cuantía del 70% al 50% de la base reguladora. Asimismo, parece haber sintonía en torno a la idea de focalizar las ayudas hacia las empresas que continúan con la actividad completamente paralizada y tienen a toda la plantilla en ERTE. Y todos apuestan por mantener la figura del ERTE ‘de rebrote’, que protege frente a nuevas restricciones sanitarias.
Pero hay algo que tanto la patronal como los sindicatos han exigido conocer antes de continuar negociando la nueva prórroga de los ERTE con el Gobierno y es, básicamente, cuánto dinero hay. Los agentes sociales quieren saber de qué fondos dispone el Ejecutivo para seguir manteniendo la red de protección a la suspensión temporal de empleo, toda vez que ya han constatado que el crédito europeo específico para financiar esta partida se ha agotado antes incluso de hacerse efectivo y que, cuando llegue el dinero de Bruselas, se tendrá que emplear en pagar el endeudamiento en el que se ha incurrido durante estos meses para poder hacer frente al pago de prestaciones. “Esperamos que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social no tarden en aportar toda esta información, porque no podemos seguir adelante con los ERTE si no sabemos de qué presupuesto disponemos“, exigen los interlocutores de la mesa del diálogo social.
Calviño destacó en Comisión la necesidad de realizar “una gestión muy eficiente de la tesorería” para “minimizar las necesidades de emisión de deuda” y no cargar las cuentas públicas de más intereses. A la hora de definir la búsqueda de más recursos, la vicepresidenta no descartó que el Gobierno acuda al fondo de rescate del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). “Tendremos que ver cuáles son las previsiones de flujo. Puede ser el SURE, el MEDE o el Next Generation“, explicó, aludiendo en último lugar al fondo de 750.000 millones de euros del presupuesto comunitario 2021-2024. La titular de Asuntos Económicos incidió en el “importante coste fiscal” que tendrán estos fondos y el resto de medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la crisis: un 5% del PIB de recursos aportados y un 15% del PIB en medidas de liquidez. Un “esfuerzo” sin el cual, aseguró, la economía se habría desplomado más del 25% y habría 3,5 millones de parados más.
