Comentando la aprobación del presupuesto de una autonomía, un socialista me dijo una vez: “Es un buen presupuesto, el gasto aumenta un 8%”. Yo, atónito, no respondí. Eran los años de la burbuja del gasto público, que los socialistas de todos los partidos bautizaron “inmobiliaria” para diluir su responsabilidad en el desastre. Esa misma idea -“cuanto más gasto, mejor”-, es la que guía la política económica del gobierno de Pedro Sánchez. No han aprendido de la experiencia de la crisis anterior.
Es evidente que, en una crisis como la actual, las cuentas públicas sufren un deterioro inevitable. Por eso, es razonable que la Comisión Europea haya suspendido la aplicación de las reglas fiscales. El error de la Comisión es creer que en todos los países hay gobiernos sensatos, que sabrán adaptar a su particular realidad la suspensión de tales reglas.
En los últimos cinco años, Alemania acumuló un superávit fiscal de 185.400 millones de euros (casi 6% de su PIB), Luxemburgo uno de 5.000 millones (9% de su PIB) y Suecia uno de 8.500 millones (1,7% de su PIB). También acumularon pequeños superávits durante el lustro 2014-2018 Malta, República Checa, Dinamarca y Lituania. Por su parte, Grecia y Holanda, tuvieron superávits fiscales en cada uno de los últimos tres años.
Otros países (Bélgica, Estonia, Irlanda, Croacia, Italia, Letonia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Finlandia), tuvieron déficits, pero dentro de las normas del Pacto de Estabilidad (desequilibrios inferiores al 3% del PIB).
España, en cambio, es el país que en los últimos cinco años acumuló el mayor déficit, equivalente a más del 20% de su PIB. En su único ejercicio completo como presidente (2019), Pedro Sánchez negoció con la Comisión Europea ampliar el límite de déficit fiscal de 1,3% a 2%. Lo consiguió, pero ni así fue capaz de cumplir: el déficit del año pasado fue de 2,8% del PIB.
Por lo tanto, España no tiene margen para saltarse las normas con la misma flexibilidad que los otros países. Lo razonable, si se quiere que el país siga siendo capaz de refinanciar su deuda, es dar señales inequívocas de que el Gobierno se toma en serio el problema del déficit fiscal y de la deuda pública.
Lejos de intentar generar confianza, en la nota de prensa en la que se difundió la aprobación del techo de gasto para 2021, el Gobierno se encargó de resaltar que “la disminución del déficit no será a costa de aplicar recortes”. Además, se presentó la información de modo tal de maximizar el aumento del gasto público (exactamente lo opuesto de lo que haría alguien que es consciente de que está jugando con fuego).
El Gobierno cree que le basta con hacer unas vagas referencias a la “responsabilidad fiscal” e inventarse que en 2021 se logrará “una de las mayores reducciones del déficit jamás registradas” (sic). Leyó bien, amigo lector: el Gobierno compara una previsión que subestima el déficit fiscal de 2020 (11,3% del PIB, según ellos; alrededor de 14% para todos los demás) con una previsión dibujada para el año próximo (7,7% del PIB, muy dependiente de que haya un fuerte crecimiento económico), y da por hecha una caída histórica del déficit fiscal. La verdad es que, aunque se cumpla el dibujo del gobierno, el déficit de 2021 será, al menos, el quinto más grande de los últimos 80 años.
En 1748, Benjamín Franklin escribió sus ‘Consejos a un joven comerciante’. Un párrafo, dice, palabra más, palabra menos, lo siguiente: “Si tu acreedor escucha tu voz en la taberna, mañana mismo te reclamará tu deuda. Pero si ve la luz de la vela en tu taller, a altas horas de la noche, y escucha tu martillo golpeando sobre el yunque, no te la reclamará por seis meses”. Sánchez, Iglesias, Montero y Calviño están mostrando ser más de “taberna” que de “taller”. Los acreedores tomarán nota y todos pagaremos las consecuencias.
