En política, como en casi todo, el miedo a un peligro no previsto une más que cualquier otra cosa a los adversarios, aunque lo sean de toda la vida.

¿Recuerda usted el abrazo histórico de Sánchez e Iglesias a los dos días de las últimas elecciones generales? Pocas veces se ha visto a dos políticos manifestar con tanta claridad el mismo susto por lo que podrían haber sido las consecuencias de las muchas idioteces que, uno contra otro, se regalaron tras las urnas del 28A y que en las del 10N les llevaron a perder 14 escaños de los18 de ventaja que habían conseguido sobre el trío de Colón, además de “lograr” que Vox alcanzara los necesarios para presentar mociones de censura cuyas consecuencias nunca acaban en una votación.

Casi un año después, el mismo Sánchez, pero esta vez con Casado, solo se abrazarían en público para ahogarse juntos durante el hundimiento del Titanic en el que conviven, pero tampoco es exagerado afirmar que cualquier testigo de la actualidad habría acusado de temerario a quien, “antes de”, hubiera osado mezclar el lío que se traen ambos dos a cuenta de la renovación del CGPJ con la moción de censura defendida por Abascal.

En cambio, “después de”, a todo el mundo le ha parecido normal que Sánchez paralizara solemnemente esa reforma como reconocimiento a un Casado que, al margen del discurso, se limitó a posicionar sus escaños contra una derrota que ni sería “heroica” ni tampoco él podría liderar.

Hasta tal punto se alegraron los influyentes del periodismo no ultraderechista que incluso se olvidaron de que tres días antes Sánchez ya había dejado caer que pararía esa iniciativa si Casado negociaba los nombres, “animado” el presidente, quizás, por los ecos desconfiados que llegaban desde Europa.

Y tampoco he leído destacar que Sánchez no pretendía reformar nada, sino ejercer presión para recomponer los contubernios del bipartidismo de toda la vida. Tan inamovibles como nuestra Constitución, por supuesto.

Abunda en nuestra duda sobre el relato dominante la Europa que nos despierta hoy, 25 de octubre, tres días “después de”, con la noticia de que “PP y Cs frenan junto al PSOE un debate en la Eurocámara sobre el CGPJ”, noticia que firma Gabriel Sanz en Voz Populi. Que sepamos, quien estaba moviendo Roma con Santiago más allá de los Pirineos y contra la reforma de Sánchez se llama Pablo Casado. Nos lo confirma González Terol, también dirigente del PP quien, en una entrevista concedida igualmente a VP, desvela que “gracias a Casado la UE tiene al gobierno (de España) en el punto de mira”, añadiendo que, sobre la reforma del CGPJ, “Sánchez ha minusvalorado la capacidad política que tienen Casado y el PP en Europa”.

Resulta, por tanto, que una iniciativa de eurodiputados alemanes y nórdicos para debatir sobre la reforma del CGPJ en España, cuyo argumento era esencialmente coincidente con el que el PP estaba manejando también en Europa contra Sánchez, es bloqueada por el mismo PP dos días después del supuesto giro de Casado en sus relaciones con Abascal. La respuesta está en el apoyo de Puigdemont a esa iniciativa europarlamentaria, pero no parece probable que Casado vuelva a incordiar tanto por Europa.

Recapitularemos para intentar entender lo que está ocurriendo, ahora que Sánchez nos ha autorizado a especular sin tapujos.

Uno de los lugares comunes más compartidos nos dice que, ante la avalancha de asuntos de corrupción que afectan al PP y que seguirán conquistando portadas, los de Casado se han estado negando a la renovación del CGPJ para que los jueces nombrados durante el gobierno de Rajoy resistan el máximo tiempo posible.

Aunque Casado sepa que esos trámites pueden producir molestos salpicones, sabe aún mejor que ninguna ayuda le podría proporcionar la estrategia de “ni sí ni no sino todo lo contrario” con el descarado de Abascal, para quien “cualquier gobierno de los últimos 80 años es mejor que el actual”, que de tanto repetirlo terminará recordando los años durante los que la corrupción era el menor crimen de la dictadura y solo afloraba cuando estallaban conflictos entre corruptos, como en Redondela, aunque siempre había un juez que archivaba los delitos, como el padre de un tal “M. Rajoy” en Redondela.

Pero, debemos preguntarnos, ¿es suficiente la perspectiva de sentencias duras contra el mismo PP de quien solo era un “diputado por Ávila”, como para atizar al hermano impertinente Abascal con la intención de mejorar las relaciones discretas que todo jefe de la oposición mantiene con el del gobierno, sea cual sea el teatro que en público representen?

La respuesta es no. En cambio, sí que han aparecido peligros que, no teniendo relación con la moción de censura, han coincidido en el tiempo y multiplicado el tamaño de la principal preocupación, con diferencia, de Sánchez y Casado.

6 de octubre de 2020. El Juzgado 25 de lo Penal de Barcelona absuelve a Tamara Carrasco, quien fue inicialmente acusada de terrorismo con gran despliegue de filtraciones hacia unos medios que se hicieron tanto eco indebido como casi silencio ordenaron a la hora de la absolución. Una sentencia que ha dejado a los guardias civiles que declararon como testigos a la altura del betún.

20 de octubre de 2020. Un día antes del debate sobre la moción de censura dos jueces de la AN, en contra de “Concha” (Cospedal dixit) Espejel, a la sazón presidenta del tribunal, redactan una sentencia de 96 folios que pasará a la historia. Absolvían a Trapero y al resto de acusados de la cúpula de Interior de la Generalitat al asumir que actuaron correctamente, ateniéndose al auto de la jueza Mercedes Armas, del TSJC, que exigía que la actuación de las fuerzas de seguridad durante el 1 de octubre de 2017 se llevara a cabo “sin alterar la normal convivencia ciudadana”. Si los Mossos catalanes, no tocando ni un pelo a los votantes, cumplieron ese día con la legalidad, no puede ser que también respetaran la ley los miembros de los dos cuerpos armados enviados desde La Moncloa, que no causaron víctimas mortales gracias a que ningún votante tropezó mal durante las acciones de violencia que iniciaron y continuaron, única y exclusivamente, policías nacionales y guardias civiles. Por lo demás, el hecho de que los de Abascal no acudieran al juicio contra Trapero como acusación particular permite pensar que, con Vox en el gobierno, las fuerzas armadas podrían cometer crímenes incluso peores que el de no defender la unidad de España a cualquier precio, y sin ningún miedo a ser juzgados.

22 de octubre de 2020. Dos días después de la sentencia que absuelve a Trapero y al resto de acusados, nos informa Bea Talegón en D16 que la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa ha dado un ultimátum a los agentes de la Guardia Civil investigados por la violencia que desataron contra los votantes que acudieron a ejercer su derecho durante el 1 de octubre de 2017 en el Instituto Quercus de Sant Joan de Vilatorrada. La jueza ha advertido que abrirá una pieza separada por encubrimiento si no le envían las fotografías de los 18 agentes que intervinieron aquel día, pues pronto se cumplirán 5 meses desde que requirió por primera vez esas identificaciones sin recibir la obligada respuesta desde los responsables del cuerpo armado. Abundando desde otro enfoque de la misma tragedia españolista, Teresa Cunillera, delegada de La Moncloa en Catalunya, se quejaba de que no hay miembros de las fuerzas de seguridad dispuestos a cubrir los puestos que necesita en Catalunya. No debe hacer ninguna gracia saber que allí vuelven a llamarse “fuerzas represivas”.

Hasta tal punto está debilitándose el brazo armado, legal, por supuesto, del españolismo que, si en este momento, los independentistas decidieran convocar una nueva movilización en forma de referéndum como el del 1 de octubre de 2017, Sánchez se encontraría con un problema que en ningún caso podría abordar como hizo Rajoy. Es el mismo Sánchez, como no recordarlo, que, estando entonces en la menos difícil oposición, tuvo que envainarse en menos de 24 horas su apuesta personal para reprobar a la vicepresidenta Soraya y que, dos días después, apoyó sin fisuras el irresponsable discurso de Felipe VI que, entre otras cosas, consiguió hundir el Ibex 35 del 4 de octubre.

Sánchez y Casado son uña y carne contra el independentismo de Catalunya y, por tanto, necesitan “abrazarse” en su mundo privado ante la menor sospecha de pérdida de control de la justicia, cosa que podría abocarles al fracaso histórico de convertirlos en los líderes que no supieron evitar que Catalunya se descolgara de España.

Y es que no hay nada para sentirse cómodos como tener unos jueces que, habiendo sido nombrados por el PP o por el PSOE, estén dispuestos a meterse en política sin colgar antes las togas para resolverle al gobierno, sea del PSOE o del PP, la papeleta de enfrentarse a un problema territorial, pero sobre todo político, que no se atreven a reconocer que les supera.

Y pocas cosas debe haber, para sentirse desgraciados, como contemplar también que se resquebraja la unidad de criterio de esos jueces a los que se encomendaron porque no quisieron negociar con los representantes de millones de personas a quienes no estaban dispuestos a reconocerles los compromisos adquiridos con los votantes que les habían concedido la mayoría parlamentaria y, por tanto, el gobierno.

¿Derrotarán los jueces independientes a los españolistas represivos por incapaces, estén en la oposición o gobernando?

Es una duda que se irá resolviendo poco a poco, pero de la que, como para casi todo, existen antecedentes históricos. Fue con sentencias imprevistas que comenzaron a absolver antifranquistas detenidos y torturados por la policía de la dictadura, aquella BPS, y que no podían evitar los criminales que seguían implicados en el régimen, como algunos jueces del TOP comenzaron a independizarse de las directrices más autoritarias.

No debe resultar extraño que, cincuenta años después, sean jueces de la AN los que comiencen a desmarcarse de los gobiernos de hoy, monárquicos por definición. Tanto restauró el dictador esta monarquía para que los “héroes de la Transición” nos la colaran en la Constitución, como que aquellos mismos “héroes” a lo único que se atrevieron contra la justicia envenenada del franquismo fuera a tomar decisiones tan continuistas e inútiles como cambiar el nombre del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional.