La crisis vinculada a la pandemia del Covid-19 ha llevado a disparar los niveles de deuda a nuevos récords. Con las previsiones actuales del FMI, veremos un incremento de 20 puntos del PIB en las economías avanzadas, en 10 puntos en las economías emergentes y alrededor de 7 puntos en los países en vías de desarrollo.
Se partía de niveles de deuda históricamente elevados. No obstante, hay que recalcar que gran parte de las economías avanzadas todavía tienen capacidad de endeudarse, a diferencia de emergentes y países en vías de desarrollo que afrontan límites mucho más estrictos en su capacidad marginal de endeudarse.
El total de la deuda privada y pública del G20 ha tendido al alza durante las dos últimas décadas y ha alcanzado casi el 240% del PIB a finales de 2019, con un aumento constante de la deuda privada desde 2014 hasta casi el 150% del PIB a finales de 2019. La disminución a largo plazo de los costes de los préstamos y la expectativa de que los tipos de interés se mantengan bajos ha permitido a los gobiernos de las economías avanzadas y de muchos mercados emergentes soportar mayores cargas de deuda al moderar la carga del servicio de la deuda en relación con el PIB.
Los países que verdaderamente han elaborados la respuesta fiscal se encuentran en las economías avanzadas y emergentes por tres razones específicas: son las que sufrieron la primera oleada de contagios y por lo tanto, una crisis sanitaria que obligó a movilizar recursos; ostentan unos bancos centrales con mayor credibilidad y podían proporcionar un estímulo monetario masivo para la adquisición de títulos de deuda pública y privada; y sus respectivos tesoros pudieron financiar déficits más grandes a bajos tipos de interés.
Los niveles de deuda están en máximos y todo ello para seguir prestando apoyo para proteger a las personas que no pueden ganarse la vida en las circunstancias actuales y promover una fuerte recuperación. La política fiscal busca ahondar en el déficit público para adaptarse a las diferentes fases de la pandemia, adaptándose a la evolución de las necesidades y proteger los ciudadanos, apoyar la demanda, facilitar la transformación a la economía posterior a la pandemia y garantizar la sostenibilidad de la deuda.
En este punto, la deuda pública se incrementaría cerca de 30 puntos porcentuales del PIB en Italia, Japón y España, impulsada principalmente por los grandes saldos de deuda existentes junto con la caída de la actividad económica.
Las medidas fiscales anunciadas hasta septiembre se estiman en 11,7 billones de dólares a nivel mundial, lo que representa cerca del 12% del PIB mundial. La mitad de estas medidas han consistido en gastos adicionales o ingresos no percibidos, incluyendo bajadas de impuestos temporales, y la otra mitad en medidas para apoyar la liquidez, incluyendo préstamos, garantías e inyecciones de capital por parte del sector público.
Las economías avanzadas cuentan con un asistencislismo monetario por parte de las autoridades monetarias que tiene el riesgo de cronificarse en el tiempo para que la deuda no salte por los aires, y se genere una crisis de deuda como la vista en 2011-2012.
El problema subyacente es que ante la grave crisis sufrida, la incertidumbre existente para lo que queda de año y el siguiente y la nefasta respuesta por parte de los gobiernos, los inversores dejen de confiar en este respaldo y renuncien a las emisiones de los tesoros soberanos a mercado primario, tensionando la liquidez que necesitan los gobiernos para atender a sus necesidades presupuestarias y generando una nueva crisis en forma de deuda, las temida segunda oleada económica.
En contraste, la respuesta fiscal en los países en vías de desarrollo que se vieron afectados más tarde por la crisis sanitaria, ha sido en gran medida presupuestaria y menor debido a las limitaciones financieras más estrictas.
Debido al punto crítico de partida, muchos de los países emergentes y, especialmente, en vías de desarrollo se encuentran, a día de hoy, en un riesgo elevado de que el aumento adicional del deuda resulte fatídico y sufran una segunda oleada que se caracterice por incumplimientos del servicio de la deuda o los vencimientos, fuga de capitales y una marcada austeridad fiscal.
Los países en vías de desarrollo están más cerca de una crisis de deuda que los avanzados, ya que lo relevante para evaluar el perfil de rating de un emisor no es tanto el volumen de deuda sino la capacidad de pago. Y la capacidad de pago de muchas economías en desarrollo queda limitada cuando, en una crisis, se producen fugas de capitales a activos refugio que deprimen sus monedas locales, lo que dificulta el pago en deuda denominada en dólares.
El caso de España: la deuda total ya supera los niveles de 2008
En los últimos años, quién verdaderamente ha realizado un ejercicio de austeridad ha sido el sector privado con la reducción de sus niveles de deuda. No obstante, tal y como acaba de publicar el Banco de España en el segundo trimestre del año esta tendencia se ha roto.
La deuda consolidada de empresas y de los hogares e ISFLSH2 alcanzó 1,654 billones de euros en el segundo trimestre de 2020, un 141,2% del PIB, 8,9 puntos porcentuales por encima de la ratio registrada un año antes.
La razón que explica este auge de la ratio es por el aumento de la deuda (numerador de la ratio) como, en mayor medida, al descenso del PIB (denominador de la ratio). La deuda consolidada de las sociedades no financieras supuso un 80,6% del PIB (si se aporta la deuda interempresarial, la ratio sería un 102,7%), mientras que para los hogares e ISFLSH fue un 60,6%.
Paralelamente, debido al desfase presupuestario, tenemos que la deuda publica se incrementó en el segundo trimestre hasta el máximo histórico de 1,29 billones de euros, alcanzando el 110,1% del PIB, por lo que aumentó en términos absolutos un 5,4% respecto al trimestre anterior, como consecuencia de la crisis del Covid-19.
En total, si sumamos la deuda pública y privada de la economía española alcanza el 251,3% del PIB, unos niveles por encima de los de la crisis del 2008.
