El Sepblac impone la mayor multa de su historia a Bankinter por un crédito puente de 400 millones al jeque Al Qubaisi, entonces arrestado, para la venta de Torre Cepsa a Ortega.
Una de las mayores y más controvertidas operaciones inmobiliarias de los últimos años ya se ha saldado, por el momento, con una sanción. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) tiene en marcha la mayor multa de su historia a una entidad financiera, de 8,2 millones a Bankinter.
La sanción mantiene el anonimato del cliente con el que supuestamente se cometió la infracción. Se conoció hace unos días tras la desestimación de un recurso de la entidad liderada por María Dolores Dancausa, publicado por ‘Vozpópuli’. Sin embargo, fuentes financieras consultadas por El Confidencial explican que el cliente es el controvertido jeque Khadem al Qubaisi y el motivo es un crédito puente concedido para la compraventa de la Torre Cepsa, que acabó en manos de Amancio Ortega.
Así, su sociedad Muscary Property ejerció en 2016 una opción de compra que tenía para quedarse la también conocida como Torre Foster, entonces propiedad de Bankia, por 400 millones, para inmediatamente después venderla al dueño de Inditex por 490 millones. Para ello necesitó un crédito puente de Bankinter, que motivó la sanción el año pasado. La opción de compra se firmó en 2013.
“Bankinter tenía conocimiento de la identidad del titular real de su cliente (Sr. Primitivo, Al Qubaisi) y era también conocedora de la situación en que este se encontraba (arrestado y con sus bienes y fondos embargados) por su presunta vinculación con delitos internacionales de blanqueo de capitales, tras una estafa internacional de cantidades multimillonarias que estaba siendo investigada y había sido objeto de actuaciones judiciales por varios gobiernos, tal y como constaba en diferentes fuentes consultadas”, expone la sanción, según un fragmento recogido por el auto de la Audiencia, del pasado 10 de septiembre.
El organismo dependiente del Ministerio de Economía expone que a pesar de la situación de Al Qubaisi, “Bankinter le admite como cliente y le dio el crédito de 400 millones, le facilita el acceso a fondos para ejecutar una opción de compra de un inmueble, en una operación ciertamente inusual y que suponía la automática transmisión de la propiedad a un tercero comprador. Este dinero de otra forma difícilmente podría haberse obtenido en el sistema financiero debido al bloqueo de los fondos de su cliente ordenado por el Departamento de Justicia de EEUU (USDOJ)”.
Ante esta situación, el Sepblac requiere a Bankinter “información sobre este cliente (como se ha dicho, bajo investigación judicial internacional)”. “La entidad comunicó la cancelación de las relaciones de negocio con tal cliente, información que posteriormente resultó ser falsa, ya que, a mayor abundamiento, no solo no se produjo, sino que la entidad prosiguió realizando operaciones con este cliente y en la misma cuenta, llegando a efectuar transferencias millonarias al exterior que nunca debió haber efectuado conforme a lo establecido en la Ley”, explica la resolución de sanción recurrida por el banco.
Desde la entidad financiera replican que “como se demostrará ante la Audiencia Nacional, la intervención de Bankinter fue en este asunto absolutamente transparente y acorde a la normativa vigente y a la diligencia debida“. El recurso que perdió el banco hace un mes llegó tras su petición como medida cautelar de que se suspendiera la sanción y su publicación, para protegerse del impacto reputacional. “En las próximas semanas se presentará nuestra demanda [recurso] contra esa sanción donde todos los argumentos que justifican la regularidad de la operación se explicarán a la Audiencia Nacional con todo detalle”, añaden desde Bankinter.
En este sentido, cabe destacar que Bankinter recurre a la Audiencia Nacional, entre otros motivos, para suspender la publicación de esta sanción en el Boletín Oficial del Estado hasta que se resuelva la cuestión de fondo. A su entender, más allá de la multa, hay razones para dicha suspensión. Entre las mismas, destaca “el serio daño a la reputación de Bankinter, lo que tiene un efecto inmediato sobre su negocio y actividad con la posible pérdida de ganancias, pérdida de confianza de inversores y depositantes con los negativos efectos que eso puede tener en la cotización y liquidez de la entidad financiera. Estos efectos serían especialmente graves e injustos porque se transmitiría una pésima imagen de Bankinter que no se correspondería con el hecho pacífico que los fondos involucrados en las operaciones por las que se sanciona a Bankinter son de origen absolutamente lícito”. Motivo que sin embargo no estima la Audiencia Nacional, que se muestra en línea con la pretensión de la Abogacía del Estado, quien sostiene que “la publicación cuya suspensión se interesa constituye una obligación impuesta por la Ley”.
El papel de Bankia
La entidad liderada por Dancausa defiende además que “en ningún momento se pone en cuestión el origen lícito de los fondos, condición ‘sine qua non’ para que pueda existir riesgo de blanqueo” y que fue Bankia quien autorizó la opción de compra de Al Qubaisi “sin que Bankinter tuviera nada que ver en ello”. “Bankinter se limitó a otorgar una financiación, sin riesgo crediticio alguno, pues estaba realizada con plenas garantías y en donde el origen y destino de los fondos estaba plenamente acreditado y analizado y provenía de un gran inversor español [Amancio Ortega] y que estaba respaldado por un banco español de reconocida solvencia [Bankia].
Esta controvertida operación también generó dolores de cabeza a la entidad nacionalizada, que fue investigada por el Sepblac, sin que por el momento se conozca ningún expediente o sanción. También provocó una denuncia de la CIC (Confederación Intersindical de Crédito) ante la Fiscalía por presunta prevaricación del Banco de España al avisar a Bankia de la investigación, que fue archivada.
La venta de la Torre Cepsa se cerró en septiembre de 2016, un mes más tarde de que Al Qubaisi fuera detenido en Abu Dabi por delitos de corrupción y blanqueo de capitales, por los que fue condenado tres años más tarde. Este hecho debería haber frenado el crédito y la venta de la Torre Cepsa, según el Sepblac.
Al Qubaisi fue durante años presidente de Cepsa y director general del fondo de Abu Dabi, IPIC. Según las investigaciones que le llevaron a la cárcel se aprovechó de su posición para tomar posiciones en empresas en las que posteriormente invertía el fondo soberano. Entre sus movimientos estuvo la entrada en la Fórmula 1, con el patrocinio del equipo Toro Rosso, el alquiler y compraventa de la Torre Cepsa, y el intento de comprar la Ciudad Financiera de Santander a través de uno de los fondos de Abu Dabi, Aabar Investments.
Siendo presidente de Cepsa y mandatario de IPIC, fondo rebautizado posteriormente como Mubadala, Al Qubaisi firmó una alianza con el Real Madrid. En una presentación en 2014 en el palco de honor del estadio Santiago Bernabéu junto al presidente del equipo de fútbol blanco, Florentino Pérez, se comprometieron a “globalizar el patrimonio del club y convertir el Santiago Bernabéu en el mayor recinto deportivo del mundo”, según destacó un comunicado de la entidad deportiva.
La compraventa de la Torre Cepsa contó con la ayuda de dos socios españoles de Al Qubaisi, los Merino Enseñat y Felipe Oriol, consejero de sociedades como Nicolás Correa, Altamar, EDM y fundador de Corpfin Capital Real Estate.
Las millonarias comisiones que están detrás de la venta de Torre Cepsa a Amancio Ortega
Una consulta a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) antes de verano estuvo a punto de echar por tierra la millonaria operación que el hombre de negocios abudabí Kadhem Al Qubaisi, junto a unos empresarios españoles, los hermanos Merino Enseñat, había diseñado tres años antes con la Torre Cepsa como premio.
Una transacción que tiene todos los ingredientes para escribir una novela negra: un jeque árabe que se aprovecha de su posición para sacar beneficio propio de los contratos que firma su país, unos amigos de la infancia convertidos en ‘lobbistas’ de lujo, el hombre más rico del mundo intentando quedarse con un gran rascacielos, un banco quebrado vendiendo una joya arquitectónica por la mitad del precio que pagó y una investigación internacional por blanqueo, corrupción y malversación.
Esta es la otra cara de la venta de Torre Cepsa, rascacielos que ha terminado en manos de Amancio Ortega gracias a la oferta de 490 millones de euros que, a través de Pontegadea, ha hecho a Muscari Property, dueña del edificio durante apenas unos minutos.
La trama se resume así: a finales de 2013, esta sociedad firmó una opción de compra con Bankia para adquirirle el inmueble, diseñado por Norman Foster. En paralelo, IPIC, el fondo soberano de Abu Dabi que dirigía el jeque, acordó trasladar ahí la sede de Cepsa, petrolera de su propiedad y en cuyo sillón presidencial se sentaba (no podía ser otro) el propio Al Qubaisi.
Desde esta privilegiada posición, el jeque facultó el contrato de alquiler de la petrolera a un precio fuera de mercado por aquellas fechas, del entorno de 28 euros el metro cuadrado, según confirman fuentes conocedoras, cuando, en la vecina Torre de Sacyr, PwC había firmado una renta un 35% inferior, y con el agravante de que el rascacielos estaba por entonces vacío, y la petrolera tuvo que habilitarlo desde cero, quedando ligada a él por un periodo de ocho años, prorrogable por otros siete.
Este jugoso arrendamiento es, precisamente, el azucarillo que ha permitido endulzar la posterior venta y, con ella, cargar de millones tanto a Al Qubaisi como a sus hombre de confianza en España, los Merino Enseñat, cuyo papel de intermediarios también les ha valido una jugosa remuneración. Amigos desde que coincidieron en la infancia en un elitista colegio europeo, estos empresarios han sido las manos y los ojos del jeque en nuestro país, tanto en la adquisición de Cepsa como durante la compleja negociación de venta de la torre, y hasta en el momento de la firma final.
El jeque articuló toda la trama a través de la sociedad Muscari Property que, como adelantó El Confidencial, es la verdadera tenedora del derecho de compra del rascacielos. En paralelo, los Merino crearon a finales de 2013 las empresas Muscari Develpment BV Sucursal en España, y Royal Arrow. En esta última, figuran como administradores Ramón Merino y el empresario Felipe Oriol, otro ilustre apellido de la oligarquía empresarial española y accionista de Corpfin Capital Real Estate.
La rama española
Los Merino, junto a Corpfin Capital, han sido los encargados de dirigir todo el proceso de venta, una operativa orquestada cuando el rascacielos todavía era propiedad de Bankia, y que despertó el apetito de todos los grandes inversores que tienen sus ojos puestos en el mercado inmobiliario español. Sin embargo, muchos de ellos terminaron tirando la toalla ante la complejidad de la venta, una madeja creada tanto por la estructura societaria y operativa como por las elevadas expectativas de precio de todos sus protagonistas, según han confirmado varios interesados.
La prometida comisión a cada uno de los participantes elevaba el precio de la transacción hasta cerca de 500 millones de euros, ya que la ganancia para Al Qubaisi y sus socios iba a venir por la diferencia entre el precio al que ejecutaban la opción de compra y el de su posterior venta. Firmas que han participado en las conversaciones han asegurado a El Confidencial que la comisión de los Merino y Corpfin ronda el 10% de esta plusvalía, ganancia que puede superar los 100 millones de euros, ya que Bankia ha vendido el rascacielos por menos de 400 millones, según las mismas fuentes, y Pontegadea lo ha comprado por 490.
Aunque la entidad ha declinado decir el importe exacto de la venta, las mismas fuentes señalan que podría estar en línea con los 360 millones en que está valorada, lo que arrojaría una comisión cercana a los 13 millones de euros para los intermediarios, y una ganancia de cerca de 100 millones para el jeque árabe. Un dinero que estuvo cerca de esfumarse el pasado verano, cuando se alertó a Sepblac sobre la dudosa procedencia de los fondos con que Al Qubaisi iba a abordar la operación.
El pasado agosto, según adelantó ‘The Wall Street Journal‘, el otrora prestigioso hombre de negocios fue arrestado en Abu Dabi por su presunta implicación en un fraude multimillonario relacionado con el fondo soberano de Malasia 1MDB, detención que llegó un mes después de que el emirato le prohibiera salir del país y le bloqueara la libre disposición de todos su bienes, poniendo en jaque así toda la operación.
Pero la lluvia de comisiones que había en juego agudizó el ingenio a la misma velocidad que corría el reloj y se aproximaba la fecha de vencimiento de la opción de compra: este recién estrenado mes de octubre. Con el Seplac vigilando con lupa el origen del dinero y el proceso abierto en Abu Dabi, los Merino cobraron el doble de importancia, ya que son la extensión en España de Al Qubaisi y quienes tenían todos los poderes para orquestar la estructura financiera que ha permitido cerrar la transacción.
Como publicó ‘Cinco Días’, Muscari ha podido cerrar la compra gracias a un crédito exprés de Bankinter, lo que garantiza la limpieza del origen de los fondos, y al uso de apoderados ligados a las ramas societarias españolas de esta operación, Royal Arrow y Muscari Development. Inmediatamente después de ejecutar la opción de compra, con apenas minutos de diferencia, se cerró el acuerdo con Pontegadea, y se puso el broche de oro a una compleja trama que ha regado de millones a todos sus protagonistas.
