Ese dato equivale a casi el 21% del conjunto de los asalariados españoles.
Ha vuelto a suceder. Las crisis económicas se ceban siempre en el sector privado mientras que el sector público vive ajeno a los ajustes y aumenta la contratación de personal sin iniciar al menos un proceso de reestructuración o de reubicación de las plantillas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), las Administraciones Públicas tenían en nómina en el tercer trimestre (incluye a la clase política y a los asesores) a 3.337.100 personas, que equivale a casi el 21% del conjunto de los asalariados españoles y cuyo coste superará este año los 142.000 millones de euros. Es la primera vez en la historia estadística que se llega a esta cifra y, curiosamente, sin que se vea implicada ahora la sanidad, ya que en los últimos tres meses, cuando la pandemia todavía no había iniciado su segunda oleada, el empleo en las administraciones ha crecido en 111.200 personas mientras que entre los dos trimestres anteriores, en plena primara oleada, las contrataciones bajaron en 5.500.
El sector público, en el que no se ha producido ERTE alguno, ERE o despido en estos últimos meses de pandemia a pesar del crecimiento exponencial del déficit y de la deuda pública, empieza a replicar el modelo de 2007 en esta nueva crisis económica y también sanitaria. La plantilla era en este mismo trimestre de 2.990.300 hace 13 años y los partidos aprovecharon la ocasión para convertir las Administraciones en un refugio laboral en muchos casos de sus compromisos particulares. Así, mientras el sector privado llegó a perder más de 3,1 millones de empleos en el acumulado, el público sumó 316.000 efectivos entre 2007 y 2011 hasta llegar a 3.306.600 en el tercer trimestre de 2011. A partir de entonces, se inició un ajuste no traumático mediante la no reposición de las bajas por jubilación hasta que comenzó una nueva escalada a partir de 2014 con la nueva fase de crecimiento de la economía.
347.000 empleados públicos más que en 2007
Por tanto, ahora mismo hay 347.000 empleados públicos más que en 2007 mientras que en el sector privado, con peores condiciones laborales (de más contrataciones temporales y a tiempo parcial así como salarios devaluados), faltan aún por reponer 1,4 millones trabajadores para conseguir la misma cifra que se registraba al inicio de la gran crisis. Es la diferencia entre esta dualidad laboral de empleo estable y garantizado de los que están en la cuerda del poder y el que está sometido a los vaivenes de los mercados y de la flexibilidad. Como consecuencia de este desfase, las Administraciones ya acumulan uno de cada cinco salarios que se pagan en España.
Todas las Administraciones han incrementado sus nóminas en el tercer trimestre, incluso las que no tienen la sanidad asignada en gestión directa. Los ayuntamientos se han apuntado unos 50.000 empleados más (8%) hasta alcanzar los 671.100 (a 17.000 de su récord en 2011 que llegó a casi 690.000); el Estado (Administración Central) ha sumado otros 30.000 y se sitúa a unos 15.000 de su récord registrado en 2011 de 579.000 (desde 2007 ha crecido en casi 40.000); las autonomías han engordado en 23.000 nuevos empleos en estos tres meses y registran un nuevo récord con 1.890.700 nóminas (casi 300.000 más que en 2007); y vuelve a repuntar en unos 11.000 el empleo de las empresas e instituciones públicas hasta alcanzar los 172.000 estableciendo también un nuevo récord.
Según la EPA, uno de cada cinco de los 581.200 nuevos asalariados del tercer trimestre (569.000 ocupados totales incluyendo a los autónomos) corresponde al sector público, mientras que gran parte de ese nuevo empleo privado ha salido ya expulsado en octubre en la segunda oleada de la pandemia. Este importante incremento se debe al rebote (tras la espectacular caída de los trimestres anteriores en más de 1,36 millones) de los meses de verano ante las expectativas de que no se produjera una nueva oleada del coronavirus. Así, la estadística anota un total acumulado de 12.770.900 asalariados privados (822.000 menos que antes del inicio de la pandemia), equivalente a la que se registraba hace tres años. La cifra incluye los más de 750.000 empleos en el limbo de los ERTE y que se computan como empleo.
También llama la atención el incremento de horarios atípicos. Uno de cada diez ocupados trabaja desde su casa al menos la mitad de los días de la semana
Los datos también récord de este particular rebote de ocupación de la EPA (más de un tercio es parcial y el 73% temporal) han sido insuficientes (el segundo trimestre se llevó a un millón de empleos) para bajar el paro, que aumenta en 355.000 personas. En parte se debe al aumento de la población activa en 924.600 respecto al trimestre anterior hasta casi 23 millones de activos (empleados y parados que buscan activamente empleo) como consecuencia del trasvase de los inactivos (los que no figuran como parados, ni empleados ni demandantes de trabajo) y de que no hay empleo nuevo sino ocasional y por un rato. Es lo que da de sí el modelo de crecimiento económico español en la actual situación de agonía e incertidumbre.
Parte de este trasvase de inactivos también ha beneficiado a la ocupación. Hay ahora 892.000 inactivos menos que hace un trimestre en que se llegó al récord de casi 17,6 millones. Curiosamente, 457.000 amas de casa han salido de la lista, así como 231.000 estudiantes y, por ejemplo, 210.000 más que no mencionan por qué se consideran inactivos. Aún así, hay todavía 1.142.700 personas que no han podido buscar empleo en este periodo a pesar de estar disponibles para trabajar o que no han cumplido las condiciones para definirse como parado.
Todo esto significa que estas cifras distan aún bastante de reflejar la realidad. En todo caso, en el repunte del paro, a pesar del aumento de la ocupación, hay dos alertas que atisban que seguirá la tormenta laboral ya que afectan a las cohortes más perjudicadas por las crisis de los servicios: tres de cada cuatro nuevos parados son mujeres y un tercio de este desempleo es ya de extranjeros. Lo que implica que no hay empleo, que se está aceptando cualquier puesto y que han empeorado las condiciones laborales y económicas.
También llama la atención el incremento de horarios atípicos. Uno de cada diez ocupados trabaja desde su casa al menos la mitad de los días de la semana. El INE no ha depurado la estadística entre empleo público y privado y a qué sectores afecta. Y ese dato se eleva a un tercio de los empleados a la hora de identificar que trabaja algún sábado y al 21% llega el porcentaje si se señala algún domingo. Aquí no hay duda alguna de que se trata del sector privado y de que la actividad corresponde a la hostelería y el comercio. Lo que significa que se está produciendo un proceso de adaptación al trabajo que surge con carácter temporal y precario. Pero esto no figura en ningún programa lectoral.
