Los últimos meses el equipo jurídico que soporta la lucha de los denunciantes de corrupción en toda España, ha interpuesto varias denuncias contra el Estado Español tras haberse encontrado que en varios procedimientos, al instar una cuestión prejudicial dirigida al TJUE, eran todas sistemáticamente rechazadas, y con parecidas argumentaciones.
Los denunciantes de corrupción viven en España en un limbo en el que la Justicia se vuelve en contra de ellos. El equipo jurídico que está soportando su lucha, incluido en el Proyecto Punto Magenta, ha interpuesto en los últimos meses varias denuncias contra el Estado porque han detectado que en varios procedimientos judiciales las cuestiones prejudiciales dirigidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) eran rechazadas de manera sistemática y siempre con parecidas argumentaciones. Estos procedimientos se han vehiculizado en tres denuncias a la Comisión Europea y una cuarta al Servicio de Compliance de la UE (Direct-Europe).
Estos hechos, según los denunciantes, se ha dado en las salas tercera, cuarta y quinta del Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Cataluña, así como en la Audiencia Provincial de Sevilla.
La última de las denuncias corresponde a un procedimiento instado a la Sala Tercera del Supremo por el juez sustituto Fruitós Richarte, quien pretendía que a los jueces sustitutos se les reconociese su relación laboral indefinida tras años de contrataciones temporales y la discriminación sufrida al no ser dados de alta en la Seguridad Social pese a que se hallan a la total disposición de sus Tribunales Superiores de Justicia. En consecuencia, los jueces sustitutos tienen un contrato de 0 horas e incompatibilidad para poder trabajar para terceros. Una situación similar a la que sufren los falsos autónomos.
En este caso, el Supremo no le dio la razón. Sin embargo, no se instó ninguna cuestión prejudicial a la Justicia europea. La respuesta que los denunciantes recibieron del Servicio de Compliance de la UE tras denunciar los hechos fue la siguiente: «A la luz de la nueva información facilitada por el informante y del análisis de la jurisprudencia pertinente, parece que el órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para una remisión prejudicial […] Hemos identificado más de sesenta casos entre febrero de 2015 y marzo de 2017 en los que el Tribunal Supremo español se negó a remitir el caso al Tribunal de Justicia. De acuerdo con la legislación española, no existe ningún recurso judicial contra la decisión del Tribunal Supremo y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 267 TFUE, el tribunal debería haber llevado el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE».
Tras consultar con varias decenas de letrados expertos en la materia el equipo legal de los denunciantes de corrupción concluye que hay indicios claros, continuados y confrontados con la Unión Europea de que las instituciones de Justicia del Estado español han cometido un presunto delito de prevaricación continuada por su insistente y continuada voluntad de, en perjuicio del justiciable, no aplicar el Derecho de la Unión, que es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo.
Los denunciantes hablan de acciones dolosas, no culposas, dado que las personas que supuestamente más deben saber de derecho han impedido, presuntamente, acceder a la Justicia Europea. Además, al no haberse encontrado ningún voto particular ni oposición a estas decisiones, los denunciantes deducen que ha podido haber un acuerdo previo de las salas para que esto ocurra. Además, estos hechos se pudieron producir a sabiendas del dolor que estas decisiones provocarían en la ciudadanía, por lo que también se denuncia un trato degradante, según se indica en la jurisprudencia española, europea e internacional.
El equipo legal de Punto Magenta ha pedido que se aporte a cada una de las actuaciones abiertas copia de las investigaciones y expedientes referidos a esas más de sesenta vulneraciones de la legalidad en menos de dos años por parte del Tribunal Supremo. Además, han requerido la notificación de las mismas al TJUE, al disponer éste de amplia autonomía frente a las violaciones reiteradas del Derecho de la Unión por parte de un Estado. En otro orden, han pedido la notificación a todos los afectados para que puedan ejercitar acciones legales contra el Estado, lo que podría suponer indemnizaciones millonarias.
Por otro lado, han requerido a que se remita una copia de las actuaciones de todas las referidas en la contestación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) por si en cada una de las sentencias detectadas hubiera defraudación en los intereses de la Unión.
A todo lo demás hay que añadir una gravedad añadida de los hechos. Estamos hablando de más de sesenta casos que han llegado a la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, es decir, de ciudadanos e instituciones que en «empleo, asuntos sociales e inclusión», pusieron su demanda de prejudicialidad, se la denegaron y denunciaron a Europa. Pero, ¿cuántos son los que la pusieron y no se quejaron a la UE? ¿Cuántos fueron los que ya ni tan siquiera la pusieron, porque pensaban que era un muro infranqueable? ¿Cuántos de otras materias o juzgados? Sala V, Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales.
Estaríamos hablando de miles de afectados, según los denunciantes, muchos de ellos que lo han perdido todo por causa de la actuación presuntamente delictiva de unos magistrados. Hablamos de los derechos de los funcionarios de todos los niveles y especialidades, de guardias civiles a maestros, de bomberos a sanitarios. Hablamos de derechos sociales, sindicales y de los trabajadores; pero también de multas y de sanciones, de fianzas y de impuestos, de despidos e indemnizaciones.
Los denunciantes esperan que la Fiscal General del Estado abra expediente para que se separe inmediatamente de sus cargos aquellos que presuntamente prevaricaron. Finalmente, el equipo legal de Punto Magenta ha recordado que los sistemas de administración judicial de Polonia, Hungría y España, están, por decirlo de alguna manera, «alejados» del resto de los demás países europeos.
