Los escándalos del rey emérito han puesto en evidencia la utilización de los mismos paraísos fiscales y agentes fiduciarios por Juan Carlos I y los Botín, en Suiza y Liechtenstein, y cabría preguntarse si el rey emérito podría haber participado, de alguna manera, en los negocios colaterales de la familia Botín.
La defensa cerrada del rey Juan Carlos realizada por el secretario general del Banco Santander no tiene nada de extraño. Al fin y al cabo, Jaime Pérez Renovales es el portavoz no sólo del banco sino de Ana Patricia Botín, cuya familia ha tenido demasiada casuales coincidencias en la gestión del dinero en paraísos fiscales como Suiza o Liechtenstein con las presuntas actividades ilícitas del rey emérito.
En Diario16 hemos ido informando puntualmente de los escándalos de Juan Carlos I en relación con sus sociedades y fundaciones Zagatka y Lucum en paraísos fiscales como Liechtenstein y Panamá, su relación con la cuenta Soleado y las presuntas comisiones de la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank y del AVE a la Meca, relacionadas con los amigos del rey emérito Alberto Cortina, Alberto Alcocer y Juan Miguel Villar Mir consejero del Banco Santander hasta el año pasado.
Las revelaciones de la «amiga entrañable» de Juan Carlos de Borbón, Corynna zu Sayn-Wittgenstein, las investigaciones del fiscal suizo Yves Bertossa y las publicaciones del diario británico The Telegraph y el helvético Tribune de Genève parecen aventurar que los testaferros del rey emérito podrían ser Arturo Fassana, Dante Canónica y su primo Álvaro de Orleans.
Estas investigaciones y revelaciones también habrían puesto de manifiesto que Juan Carlos de Borbón ha utilizado los servicios fiduciarios del despacho Allgemeines Treuunternehmen (ATU) de Liechtenstein y de su presidente el abogado Guido Meier.
Dicho despacho de servicios fiduciarios (ATU) fue fundado por Guido Feger que posteriormente crearía el banco Verwaltungs-und Privat Bank AG (VP Bank). Tanto el despacho fiduciario como el banco forman parte del mismo grupo, que ofrece a sus clientes un servicio global de agente fiduciario y servicios financieros para invertir y, presuntamente, ocultar los bienes de los clientes a los respectivos fiscos de sus países de residencia. Ambas entidades fiduciaria y bancaria comparten dirección ya que ATU tiene sus oficinas en el nº 5 de Aeulestrasse en Vaduz, mientras que el VP Bank tiene su sede, en la acera de enfrente, en el nº 6 de la misma calle de la capital del Principado de Liechtenstein.
Guido Meier es el abogado fiduciario que aparece como administrador de la fundación del rey emérito, Zagatka, en la que figura como uno de los beneficiarios el Rey Felipe VI, fundación que fue constituida por el despacho de servicios fiduciarios ATU. Guido Meier, además de miembro del consejo de administración de ATU desde 1980 y presidente desde 2002 hasta 2015, ha sido también miembro del consejo de administración del VP Bank desde 1989 y vicepresidente del mismo desde 2001 hasta 2016.
Esta relación directa del administrador fiduciario Guido Meier, tanto con el despacho fiduciario ATU como con el banco VP BANK, plantea la relación de los fiduciarios de Juan Carlos de Borbón y los de la familia Botín. Ya que en el escándalo de la finca de Mijas (1 y 2), protagonizado por el Banco Santander y, presuntamente, por los miembros de su comité ejecutivo, aparece la sociedad del paraíso fiscal y bancario del Principado de Liechtenstein, Tinre Etablissement, de la que era administrador Heinz Batliner, quien, a su vez ha sido gerente general del VP Bank desde 1960 y presidente desde 1990, ostentando en la actualidad el cargo de presidente emérito desde 1996.
La sociedad Tinre Etablissement constituida en 1986 por el grupo formado por ATU y el VP Bank, pasaría posteriormente al despacho Intergestions Trust IGT también creado por la entidad de Liechtenstein en 1993.
Tinre Etablissement, de la que era administrador el banquero Heinz Batliner, ha sido propietaria del 25% de la sociedad española Vertientes de Calahonda SL que adquirió una finca en Mijas al Banco Santander, un día antes de que se publicase su expropiación en el BOE. La sociedad Vertientes de Calahonda habría comprado la totalidad de la finca de Mijas de más de 480.000 metros cuadrados por sólo 450.000€ (menos de 1€/m2), cuando un tercio de la misma fue justipreciado por más de 20 millones de euros por el Jurado Provincial de Expropiación de Málaga, de lo que se deduciría que el precio total de la finca superaría los 60 millones de euros.
Fuentes cercanas a la anterior propietaria de la referida finca de Mijas, la sociedad Inversión Hogar, que aún mantiene pleitos ante la Audiencia Provincial de Madrid con el Banco Santander relacionados con la finca, manifiestan que los verdaderos propietarios de Vertientes de Calahonda serían los miembros del comité ejecutivo del Banco Santander, entre ellos la familia Botín, que se ocultarían tras testaferros como la citada sociedad de Liechtenstein, Tinre Etablissement, y su administrador, Heinz Batliner; el abogado del banco cántabro, Joaquín Alberto Arrupe Ferreira, y otros posibles prestanombres como José Burgos Montero y Antonio Aguilera Ruiz. A su vez, el administrador de la sociedad de Liechtenstein, Heinz Batliner, habría apoderado para la compra de la finca a Jaime Queipo de Llano Comín, famoso testaferro y fiduciario español.
Pese a que el justiprecio de la expropiación no habría sido aún cobrado en su totalidad por la empresa Vertientes de Calahonda, por encontrarse pendiente un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga en el que se reclaman hasta 24 millones de euros por un tercio de la finca, la compañía, participada al 25% por Tinre, fue disuelta y liquidada cuando Inversión Hogar destapó judicialmente el posible fraude de la venta de la finca de Mijas por el Banco Santander a testaferros que presuntamente ocultarían a la familia Botín. La sociedad de Liechtenstein también ha sido disuelta pasando su participación en Vertientes de Calahonda a la sociedad Aviarosa SL.
Nada limpio parece ocultarse tras los testaferros de Liechtenstein de Juan Carlos I y los Botín y la venta de la finca de Mijas, ya que el hermano del banquero Heinz Batliner era un famoso abogado fiduciario, Herbert Batliner, fallecido a los 90 años en 2019, relacionado con la creación y administración de fundaciones y sociedades que habrían servido para el manejo de dinero de narcotraficantes como Pablo Escobar o el ecuatoriano Jorge Hugo Reyes Torres, dictadores como Mobutu y Ferdinand Marcos, mafiosos y criminales rusos, políticos alemanes, llegándose a relacionarle con Jacques Hachuel, la fundación Levi y Mario Conde, en su día, muy vinculado con Juan Carlos de Borbón. Los Batliner también han sido investigados por los servicios de inteligencia alemanes (BND), el Senado americano y la Asamblea Nacional francesa por su participación en escándalos de presunto fraude fiscal y blanqueo de capitales.
En definitiva, las investigaciones y revelaciones parecen indicar que Juan Carlos de Borbón tiene como testaferros a Arturo Fassana, Dante Canónica y su primo Álvaro de Orleans, mientras que los Botín tienen los suyos, Jonathan James Low, Paul Louis Saurel; pero los administradores fiduciarios, al parecer, son los mismos de Liechtenstein: los Guido Meier y Heinz Batliner del grupo que forman ATU y VP Bank.
la Justicia investiga “sospechosos” embargos de casas en Mijas
La Guardia Civil analiza 80 embargos del Ayuntamiento y si fueron vendidas como “gangas” a supuestos amigos de concejales del PP.
“A los contribuyentes de Mijas más les valía pagar sus impuestos y multas municipales… o el Ayuntamiento les embargaba la casa y la malvendía. A vecinos que debían no más de 5.000 euros el consistorio les ha quitado casas de un valor medio de 300.000 y se las ha subastado por menos de 30.000. La Justicia investiga ahora por qué semejantes castigos, qué políticos y funcionarios los ejecutaron y, sobre todo, qué relación tienen con quienes se beneficiaron de las subastas-chollo”. Así, con esta información tan grave, abre la revista “Intervíu” una noticia en su edición de esta semana y que, en caso de que los indicios se confirmasen, podría suponer un gran escándalo para la Corporación municipal anterior del municipio costasoleño de Mijas.
Subastas a precios de ganga
Según la veterana revista, el ayuntamiento de este municipio malagueño llevó a cabo subastas de inmuebles a precios irrisorios durante el pasado mandato en el que los destinos de la localidad fueron regidos por un equipo de Gobierno del PP y un regidor, Angel Nozal, de la misma formación. Como ejemplo de esta situación muestra el de una finca de coste 1,4 millones de euros y que se vendió por solo 34.000.
Un centenar de vecinos afectados
Se da la circunstancia de que el ayuntamiento de Mijas llevó a cabo subastas de inmuebles a precios irrisorios. Lo grave es que las casas puestas a la venta no eran propiedad municipal, sino de vecinos que tenían deudas con el ayuntamiento en forma de tasas pendientes de pago. En concreto este hecho habría afectado a más de un centenar de vecinos de la localidad en un periodo que abarca a los últimos cinco años, vecinos que visto perdidos sus inmuebles por deudas locales que se mueven en la horquilla de los 1.000 a los 4.000 euros. Según la revista Interviu “por esa cifra se han enajenado viviendas de valores de tasación medios de entre 100.000 y 300.000 euros. Un gran negocio, pues el valor de tasación para subasta es además inferior al que una vivienda puede alcanzar en el mercado.
Falsedad, tráfico de influencias y prevaricación
El caso revive ahora pues un grupo de afectados y el sindicato Manos Limpias han llevado a los tribunales estas subastas. El Juzgado de Instrucción número 4 de Fuengirola, la Fiscalía de Málaga y la Guardia Civil investigan supuestos delitos que podrían tipificarse como de falsedad, tráfico de influencias y prevaricación en el consistorio mijeño.
Colectivo cercano al poder municipal
El fiscal jefe de Málaga incoó diligencias tras la primera denuncia, en enero de 2015. En junio resurgió con más impulso porque uno de los afectados declaró en un escrito que existía“un colectivo cercano al poder municipal que abusa de su posición de dominio y que viene usando torticeramente las normas administrativas para acometer fraudes”. Ahora ha aflorado un listado de subastas, al que ha tenido acceso esta revista. Dicho medio adelanta que el listado es “sorprendente por sus cifras”.
Dramas familiares
Entrevistas de esta revista a personas afectadas dan una dimensión del drama humano. Un ejemplo puede ser el de Ana Sánchez y su marido, Salvador, matrimonio . El marido contrajo una deuda con el ayuntamiento por una parcela que poseía en el campo. El Ayuntamiento le embargó la vivienda familiar y procedió a su subasta y, posteriormente, la adjudicó a un nuevo propietario. “Cuando me enteré de que iba a salir a subasta, quise saldar la deuda municipal de 19.000 euros, pero no me dejaron porque querían que pagara también otra de mi esposo”, explica a la revista Sánchez. “¿Por qué no embargan las cuentas, un coche, la parcela del campo? ¿Tienen que quitarme la casa donde vivimos con nuestras tres hijas?”. La vivienda tenía un valor de tasación de 367.865 euros, según Interviú, pero fue adjudicada a un tercero por 110.000.
“Vinieron a echarnos”
También destaca por su crueldad el caso de Sergio Martín y su familia. El padre de Martín, explica en la entrevista de la revista, contrajo una deuda por sanciones por irregularidades en su construcción. La deuda inicial era de 62.000 euros. Hacienda iba a proceder a su subasta ya que la familia no pudo abonarla. Sin embargo el Ayuntamiento se anticipó. Según esta familia “vinieron a echarnos sin mediar palabra. Cambiaron la cerradura y nunca más he podido entrar”. Sin embargo, la casa, que se debía derribar por su construcción irregular, sigue en pie. Además el Ayuntamineto le ha dado uso como almacén de maquinaria.
Relación del PP y los adjudicatarios
El importante trabajo de investigación finaliza manteniendo que algunos afectados por estas subastas creen que el entonces concejal de Hacienda, Mario Bravo y el alcalde Angel Nozal, así como otros miembros del PP, “tienen relación con los adjudicatarios”. Los citados lo niegan pero los intentos de Interviú por obtener la versión del exalcalde han sido en vano.
