El Gobierno se comprometió a poner coto a los abusos y a desarrollar un ‘Estatuto del Becario’, incluyendo la obligación de cotizar a la Seguridad Social, pero la Covid ha paralizado todos los desarrollos normativos.
La maraña normativa que compone el esquema de modalidades de prácticas en empresas y administraciones públicas en España induce con frecuencia al error de generalizar la figura del becario como el término válido para cualquier persona inmersa en un proceso de formación. Nada más lejos de la realidad. Del ‘stagiaire’ o aprendiz de cocina a los universitarios que realizan prácticas académicas externas para obtener o complementar sus titulaciones, pasando por los contratos propiamente formativos e iniciativas de inserción, existe un abismo regulatorio. No obstante, el punto concéntrico es, en muchos casos, el lugar común del joven explotado y mal remunerado, que incluso llega a trabajar gratis bajo una relación laboral encubierta, un fraude generalizado que persigue la Inspección de Trabajo y al que el Gobierno se ha comprometido a poner coto, presionado por los sindicatos, pero que a día de hoy sigue siendo una epidemia.
Hace algunos años, saltaba a la luz pública el escándalo de los becarios en las cocinas de los restaurantes Michelin. Aprendices que aceptaban jornadas ilegales de trabajo, sin remuneración, a cambio de hacer curriculum con los ‘masterchef’ del país. Los gurús de la gastronomía patria cerraron filas para defender la estancia de estos jóvenes en sus cocinas como un “máster” para los que tenían el “privilegio” de formarse en sus fogones. Corría el año 2017 y el ahora ministro de Consumo, Alberto Garzón -entonces desde Izquierda Unida- denunciaba que “la formación práctica es un proceso de trabajo y, como tal, hay que pagarlo”. Cargaba directamente contra el chef Jordi Cruz por mostrarse “orgulloso” de sus prácticas: “Beneficiarse del trabajo ajeno, no pagarlo y encima pedir aplauso”, criticaba en su perfil de Twitter. Y sentenciaba: “Justificar el trabajo no remunerado (sea de chefs sea de otra profesión) es un salto hacia atrás; concretamente hacia la esclavitud“.
En todos los sectores
Los testimonios de estudiantes descontentos con este tipo de prácticas universitarias curriculares se cuentan por centenares en empresas privadas y entidades públicas de todos los sectores. Lucía, por ejemplo, se vio obligada a aceptar unas prácticas gratis en un despacho de abogados para poder adquirir los créditos necesarios para finalizar su carrera. Define la experiencia como “poco útil” y “nada gratificante”. “Te lo pintan como una formación que, además de ser obligatoria, es un favor que te hacen por aportarte conocimientos, aunque no te compensen económicamente por prestar tus servicios”, denuncia en conversación con La Información. “Me tenían más bien de secretaria, haciendo el trabajo sucio de la abogacía, pero nada que me aportara conocimientos prácticos“, añade. Su conclusión es que estas prácticas son “una pérdida de tiempo” y “un simple trámite” para acabar la carrera y considera un “insulto” que no le cubrieran ni el abono transportes, que en aquel entonces costaba 20 euros mensuales.
Eso sí, hay casos de todo tipo. María (nombre ficticio porque prefiere permanecer en el anonimato por las repercusiones que pudiera implicar en su carrera laboral) estuvo haciendo prácticas no remuneradas durante el verano de 2019 en un medio de comunicación público. “Lo único que nos pagaban era la dieta, todos comíamos allí”, explica. “Intentaba compensarlo llevándome a casa las cápsulas de aceite, esa era mi pequeña venganza”, añade entre risas a modo anecdótico. Asegura que la formación recibida en esos meses fue útil y que se respetaban las condiciones pactadas, por ejemplo, en materia de horarios. En líneas generales, valora positivamente su experiencia, pues tras su periodo como becaria fue contratada en la misma entidad con un contrato en prácticas por dos años, remunerado con el 70% del sueldo base. No obstante, compara con un periodo de prácticas anterior, en otra empresa, en el que hacía “el mismo trabajo que el resto e incluso más”, en este caso a cambio de una retribución “mínima”.
Más de un millón de jóvenes sin cotizar
Según el sindicato CCOO, con datos de 2018, en España hay 1,4 millones de jóvenes trabajando en prácticas no laborales sin percibir remuneración ni cotizar a la Seguridad Social, entre un millón de estudiantes universitarios en prácticas externas, 282.000 estudiantes de formación profesional, 63.000 desempleados en formación para el empleo y 100.000 personas en las otras tres modalidades de prácticas no laborales (ver gráfico). Otro estudio de UGT calcula que las prácticas no remuneradas suponen una merma de ingresos de cerca de 1.600 millones de euros anuales en cotizaciones sociales. Con datos del mismo 2018, el sindicato cifra en casi 900.000 las personas que realizan prácticas laborales no remuneradas, universitarias y de formación profesional y cuyo desempeño equivale a 300.000 puestos de trabajo anuales.
Gutiérrez recuerda que el Gobierno tiene pendiente, desde hace ya más de un año, abordar con los agentes sociales una suerte de ‘Estatuto del Becario’ en el que, entre otras cosas, se regulen las prácticas no laborales y “se reconozcan los derechos de las personas que realizan este tipo de programas formativos”. A juicio de CCOO, estas prácticas, ya sea en empresas privadas o en entidades públicas, deben contemplar una retribución o beca. El asunto lleva atascado desde que se pusiera sobre la mesa con la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, y aunque la actual titular de la cartera, Yolanda Díaz, mantiene el compromiso de llevar a cabo una reforma de calado para dignificar las condiciones de la figura del becario, impulsando la mejora de sus retribuciones, limitando el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios en las empresas, entre otras cuestiones, todo está paralizado por las exigencias de la pandemia.
También está pendiente el desarrollo reglamentario por el que se estableció la obligación de cotización a la Seguridad Social para las personas que participan en programas de formación y prácticas no laborales y académicas, remuneradas o no. Hay que recordar que, con la normativa actual, las becas no remuneradas no cotizan a la Seguridad Social. Las prácticas pagadas sí, pero no todas por igual. Las curriculares, que son obligatorias para acceder al título, están bonificadas al 100%, mientras las voluntarias no. Con esta medida el anterior Ejecutivo socialista pretendía que todos los becarios se den de alta como trabajadores por cuenta ajena, dejando por definir quién paga la cuota, si la universidad o la empresa (ambas pusieron el grito en el cielo). Y se contemplaban planes específicos para que los becarios que trabajaron gratis en algún momento de su vida pudieran suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para comprar años de cotización y así mejorar sus pensiones, un proyecto que también está paralizado.
