El pasado mes de septiembre fue presentada ante la Comisión Europea una nueva denuncia por corrupción judicial sistémica en la que se vuelven a poner como ejemplo de la misma la impunidad del Banco Santander o el poder del lobby de los grandes despachos de abogados que tienen poder de acceso inmediato a jueces y fiscales.
España ha sido denunciada nuevamente ante la Comisión Europea por corrupción judicial, y no será la última, puesto que la ciudadanía ya está harta del funcionamiento de la Justicia, sobre todo en lo referido a la priorización de los intereses de las élites frente a los del pueblo. La denuncia ha sido presentada por un abogado que tiene que luchar día a día contra esas dictaduras privadas que tienen contralados los tribunales a través de terceros, por medio del lobby de los grandes bufetes.
La denuncia, a la que Diario16 ha tenido acceso, parte de los datos del Eurobarómetro que constatan el amplio descredito de la Justicia entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.
Según los datos del Eurobarómetro realizado a las empresas españolas, éstas tienen una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales «por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales», indica el documento presentado a la Comisión Europea.
Además, la denuncia hace referencia a los datos del CIS en los que se «recoge la mala consideración que tienen los españoles sobre la Justicia y la corrupción de los jueces, que consideran en un 80% que es bastante o muy necesaria una reforma de la Administración de Justicia porque al 59% les inspira poca o ninguna confianza, puesto que el 51% considera que el grado de independencia de los jueces es bastante bajo o muy bajo por su politización y corrupción».
La denuncia, además, hace referencia a que dentro del propio poder judicial existen profesionales que, desde el anonimato, «han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja en el resumen de los informes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos».
Hay que recordar cómo el mal funcionamiento sistémico de la Justicia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Servicio de Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en los que el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como publicamos en Diario16.
La denuncia incide en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los abogados, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces archiva todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción. Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirma en el documento.
La denuncia incide en el hecho de que todas las quejas y los actos denunciados por parte de la ciudadanía o de la sociedad civil ponen de manifiesto que en España no es operativo formular denuncias por las actuaciones de los jueces ante el CGPJ porque son archivadas sin «siquiera incoar el correspondiente expediente para realizar una mínima investigación de los hechos, razón por la que nos vemos obligados a formular esta denuncia ante la Comisión Europea para que realmente se lleve a cabo una investigación para esclarecer la situación de corrupción judicial sistémica consentida por el Reino de España», se indica en el documento.
Como ejemplo muy claro de la situación de presunta corrupción judicial, la denuncia muestra el caso del trato que desde el Poder Judicial se le da al Banco Santander.
En la denuncia se ponen como ejemplo todos los casos, causas, demandas, procedimientos o querellas en las que el Santander se ha visto favorecido por las decisiones judiciales, incluso creando doctrinas jurídicas ad hoc para evitar que los miembros de la familia Botín, altos directivos, consejeros o la propia entidad cántabra fuera condenada.
Uno de los elementos que fundamentan la puesta como ejemplo del Santander en la denuncia por corrupción judicial se halla en la impunidad que parece tener el banco presidido por Ana Patricia Botín: «las cesiones de crédito y la doctrina Botín, el archivo del fraude fiscal de los 2.000 millones de euros ocultos en el HSBC de Suiza, el presunto cohecho del pago de los cursos de Baltasar Garzón Real coetáneos con el archivo de la querella de Rafael Pérez Escolar, el indulto de Alfredo Sáenz Abad, o el escándalo de BANIF Inmobiliario» se afirma en la denuncia que agrega «los 7.000 millones de euros de Valores Santander y el diferente trato que se dio a dicho producto tóxico del Banco Santander respecto a las preferentes de Bankia, judicial y mediáticamente».
Por otro lado, la denuncia indica la perfecta complicidad entre Santander y el despacho Uría y Menéndez, uno de los grandes bufetes que forma parte del lobby que controla a la Justicia española y que, en este caso, podría estar garantizando esa presunta impunidad tanto del Santander como de la familia Botín.
El documento hace referencia a un hecho que estos lobbies realizan, no sólo con el banco cántabro, sino con todos los representantes de las élites y las dictaduras privadas que ejercen su poder oculto en contra de los intereses del pueblo. Esta actitud es la referida a que trabajan «con Dios y con el diablo», es decir, saltándose la deontología y la buena praxis profesional al obviar conflictos de intereses: «la familia Pérez Dolset ganaba los pleitos hasta la entrada en escena de Uría y Menéndez con su abogado estrella, Jesús Remón Peñalver, ante el Tribunal Supremo».
Además, se hace referencia a la supuesta endogamia entre el Santander y su bufete de cabecera, donde ya trabajan «Marta Ríos Estrella socia de Uría y mujer de Javier Botín y a Francisco Javier Illescas que pasó de socio de Uría a lo más alto de la asesoría jurídica del Santander». Además, no hay que olvidar cómo Manuel Echenique Sanjurjo, hijo del vicepresidente del banco cántabro, Rodrigo Echenique, también es socio de Uría y Menéndez.
La connivencia que la ciudadanía ve entre la banca y la Justicia llega a su punto máximo cuando es el Santander el que tiene que dar cuentas ante los tribunales. Hay juzgados en España en los que todas las causas que llegan de la entidad cántabra son archivadas. La Audiencia Nacional, en concreto el juez Fernando Andreu, archivó el caso de los 2.000 millones de euros ocultos en Suiza, lo que era un claro ejemplo de evasión fiscal. Baltasar Garzón, archivó la querella de Rafael Pérez Escolar por apropiación indebida, cohecho, prevaricación, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, maquinación para alterar el precio de las subastas en relación de la compra de Banesto y que fue calificada como la «más gigantesca malversación de caudales públicos de la historia financiera española». Todo esto ocurrió tras el escándalo de los cursos de Baltasar Garzón en Nueva York que fueron patrocinados por el Santander.
Las puertas giratorias de la Justicia también favorecen a la banca. Hablamos mucho de la transferencia de cargos políticos a la empresa privada pero pasa desapercibida cómo jueces y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo dejan sus puestos para trabajar como abogados en bufetes privados defendiendo a las entidades que, precisamente, fueron juzgadas por ellos mismos. El caso del juez Gómez Bermúdez es uno de los más paradigmáticos porque en su momento intentó ser presidente de sala en la querella de Pérez Escolar o fue el ponente de la doctrina Botín.
En la denuncia se incluye una frase con la que finalizaba el reportaje de la revista La Clave sobre los lobbies de la Justicia que es muy esclarecedora: «Estos nuevos letrados, lejos de limitarse a defender a sus clientes en los tribunales, se han convertido en directores de cuidadas operaciones en las que su agenda de contactos desempeña un papel estelar».
La influencia de estos lobbies en favor del Santander son el mejor ejemplo de que la denuncia presentada ante la Comisión Europea está fundamentada en hechos. No hay más que ver a los asistentes de la presentación del libro Se vende banco por un euro de Manuel Medina, asesor y lobista del banco cántabro, en el que se encontraban miembros de todos los poderes de la democracia mano a mano con los representantes de las élites económicas, financieras y empresariales de este país.
¿Hay corrupción judicial en España? Son muchas las denuncias interpuestas por la sociedad civil y por ciudadanos que así lo muestran. Esta es una más y sólo se podrá revertir la situación con una revolución absoluta del tercer poder que busque de una manera definitiva la absoluta independencia de los tribunales respecto a los intereses de los poderes financieros o de las grandes familias. Sólo así en España se logrará que la Justicia sea justa.
