Su amistad con Emilio Alonso Manglano le permitía tener conocimiento de los asuntos de Estado, legales o de las «cloacas» antes que los respectivos presidentes del Gobierno.
El rey Juan Carlos I utilizó de manera habitual a los servicios de inteligencia para gobernar en la sombra y tener controlados a los respectivos gobiernos, principalmente el de Adolfo Suárez y el de Felipe González. Así se puede comprobar en el libro del coronel Amadeo Martínez Inglés, Juan Carlos I. El último Borbón.
El rey recibía dossiers ultrasecretos y, cuando despachaba con los respectivos presidentes de Gobierno, gustaba de bromear con ellos. En medio de la reunión, en la que se hacía el ignorante sobre asuntos que conocía a la perfección mientras el presidente de turno se lucía ante el rey, Juan Carlos de Borbón soltaba, siempre entre risas, bombas informativas de las que el jefe del Ejecutivo era absolutamente desconocedor. Al final de esos despachos se producía el hecho que dictaba quién gobernaba realmente. Así lo explica Martínez Inglés: «cuando su perplejo interlocutor todavía no se había repuesto de la sorpresa inicial, Don Juan Carlos se permitía «proponerle», más como amigo que como superior jerárquico institucional, la decisión o decisiones que, según él, un inteligente hombre de Estado debería tomar para reconducir la situación de forma conveniente».
Entre esos dossiers se encontraron, según indica Martínez Inglés, dos documentos que tuvieron mucha importancia en el desarrollo político y social de España y que constituyeron uno de los capítulos más negros de la democracia española: la guerra sucia de las cloacas del Estado contra la banda terrorista ETA.
Martínez Inglés afirma en su libro que el rey Juan Carlos fue el primero que tuvo en sus manos, antes incluso que Felipe González, «la famosísima Acta Fundacional de los GAL, siniestro documento de «La Casa» que, tras el visto bueno de las altas instituciones de la nación, pondría en marcha la reprobable e ilegal guerra sucia contra ETA en la primavera de 1983 y que se saldaría con 28 asesinatos de Estado. De la misma manera que años antes, en julio de 1979, sería también el rey el que primero tuviera en su despacho un documento muy similar, confeccionado por el todopoderoso CESID de la época y con los mismos fines: el denominado Informe-Propuesta sobre la lucha antiterrorista, que en aquella ocasión sería rechazado con vehemencia por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez. En ocasiones puntuales, cuando la urgencia del asunto o su importancia lo requerían, el fiel director del CESID informaba personal y exclusivamente al rey por teléfono (línea directa y con secráfono, por supuesto), saltándose de ese modo a la torera cualquier condicionamiento jerárquico y lealtad institucional. Asimismo, don Juan Carlos era receptor privilegiado de la información sensible y reservada que generaban los centros de Inteligencia de los tres Ejércitos».
Sin embargo, el rey Juan Carlos no sólo fue el primer conocedor de los documentos «fundacionales» de la guerra sucia contra ETA, sino que, según el coronel Martínez Inglés, «antes, durante y después de cada una de sus acciones terroristas tuvo a su disposición, como la obtuvieron, precisa y oportunamente, los más altos jerarcas del Ejército (los informes sobre las andanzas contra ETA de los pistoleros de la «democracia» española de los años 80 llegaban puntualmente no sólo al Estado Mayor del Ejército sino hasta el modesto escalón Brigada), toda la información que sobre estos grupos de justicieros con licencia para matar generaban tanto el Centro Superior de Información de la Defensa como las Divisiones de Inteligencia de los tres Ejércitos, el Estado Mayor de la Defensa y, por supuesto, los órganos de Inteligencia del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil», afirma Martínez Inglés en su libro.
