La Justicia Europea está desmantelando todo el entramado de cláusulas abusivas de la banca española y descubriendo que, junto al rescate de 2012, el sector financiero debe a la ciudadanía un 10% del PIB.
IRPH, cláusulas suelo, Valores Santander, gastos hipotecarios o hipotecas multidivisa, por citar algunos ejemplos de cláusulas abusivas, pueden suponer que los bancos españoles tengan que devolver a sus clientes más de 83.000 millones de euros, una cantidad lo suficientemente importante como para comprender cómo el sector financiero español ha estado sobreviviendo gracias, entre otras cosas, a la aplicación de cláusulas que la Justicia Europea ha declarado como abusivas y, por lo tanto, nulas.
Tal y como llevamos informando desde hace más de 4 años, el IRPH es, quizá, la mayor aplicación de cláusula abusiva por el valor del importe cobrado de manera, según la Justicia europea, ilegítima a sus clientes. Fue el banco de inversión Goldman Sachs, a quien no se le puede considerar un enemigo del sector financiero, afirmó, tras el informe de la Comisión Europea y sin conocer el dictamen del Abogado General de la UE que fue publicado tras la vista en el TJUE, afirmó que la banca española se exponía a pagar indemnizaciones a los afectados que podrían alcanzar los 44.000 millones de euros. En base a esta cifra y a los resultados presentados por las entidades correspondientes al ejercicio 2019, los bancos españoles se verían obligados a devolver a los afectados por el IRPH más del triple que el total de esos beneficios. El golpe más duro que recibiría el sistema financiero de un país en toda la historia. Sin embargo, eso sería lo justo. Sin embargo, la Justicia española está sirviendo, en algunos casos, como freno a lo indicado por el TJUE respecto a la abusividad de este índice. No obstante, hay otros muchos juzgados de diferentes instancias que sí están fallando en base a lo indicado por Europa y, en consecuencia, en favor de la justicia justa.
A los 44.000 millones de euros hay que sumarle las consecuencias de la sentencia del pasado jueves del TJUE respecto a los gastos hipotecarios. En este caso las cifras bailan según quién haga el análisis. Por ejemplo, según Kepler Chevreux, desde el año 2000, la banca española ha repercutido a sus clientes 15.300 millones de euros en el tipo de gastos hipotecarios que están recogidos en la sentencia. Sin embargo, las asociaciones de consumidores aumentan esa cifra. ASUFIN eleva la cifra porque, según sus cálculos, las reclamaciones podrían alcanzar los 3.000 euros. Por tanto, habiendo un número estimado de 8 millones de afectados, nos encontraríamos con un total de 24.000 millones. Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, afirmó que la sentencia del TJUE «deja claro que el consumidor podrá recuperar los gastos de la hipoteca (gestoría, notaría, registro y tasación) en su totalidad y no como defendía el Supremo que repartió salomónicamente entre banco y consumidor. Además, el banco tendrá que acreditar que informó de manera transparente sobre la comisión de apertura y que corresponde a un servicio efectivamente prestado y no a un porcentaje de la hipoteca».
A lo anterior hay que sumar los 7.000 millones de euros de las cláusulas suelo, la misma cantidad que los Valores Santander, o los 1.700 millones de las hipotecas multidivisa.
La consecuencia de todas estas cláusulas abusivas se refleja en una cifra: 83.700 millones de euros. Ese es el dinero que, por la mala praxis o por fraudes ya condenados por la Justicia, debe la banca al pueblo español. Si a todo lo anterior le sumamos los 65.725 millones de euros del rescate a la banca del año 2012, aquel «préstamo en condiciones ventajosas» y que no iba a costar un euro a la ciudadanía, según indicó Luis de Guindos, el peor ministro de Economía de la historia de Europa, según lo calificó el Financial Times, nos encontramos con que el sector financiero español debe a la ciudadanía 149.425 millones de euros. Todo ello, evidentemente, sin contar con las presuntas argucias fiscales que aplican año a año y que supondrían la entrada de otros tantos miles de euros a la Hacienda Pública.
