El ingreso mínimo, entre las ocho partidas de gasto impropio, recibirá 3.000 millones. El alza de costes para el 2021 se mitigará con menores ayudas a autónomos. El Gobierno reconoce haber gastado 7.000 millones el cese de actividad.
El Gobierno reconoce que necesitará a partir del próximo año financiación procedente de los impuestos para completar los ingresos necesarios para pagar todas las prestaciones que otorga la Seguridad Social, tanto pensiones como ayudas sociales. Y concretamente, para estas ayudas sociales de marcado carácter no contributivo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisará de una transferencia ordinaria de casi 14.000 millones de euros, todos los años de manera fija y continuada procedente de los Presupuestos Generales.
Concretamente, se prevén cubrir con esta transferencia que el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha calificado como “estructural”, es decir, tiene un carácter perpetuo, las partidas relativas a protección familiar, nacimiento y cuidado de menores, ingreso mínimo vital, dependencia, pensiones no contributivas y complementos a mínimos, entre otros. Con esta medida, el Gobierno inicia además la aplicación del mandato del Pacto de Toledo para la reforma del sistema público de pensiones, que en su primera recomendación sobre la separación de fuentes de financiación reclama al Ejecutivo que separe todos los gastos impropios del Sistema para que este solo afronte los gastos contributivos, y que sean sufragados con cotizaciones sociales. En este sentido, recordó el representante del Gobierno durante la Comisión de Presupuestos en el Congreso que tanto este ejercicio como el próximo un 20% de los ingresos que reciba la Seguridad Social procederán del Estado, es decir, de los impuestos.
En este punto, pese a que el próximo ejercicio aumentarán los ingresos por cotizaciones en un 1,3% y el gasto lo hará en un 1,9% derivado principalmente de las prestaciones que ha incorporado la Seguridad Social en los últimos meses, Arroyo aseguró que este alza del desembolso será mitigada por un menor pago de las ayudas extraordinarias por cese de actividad para los autónomos. Concretamente, según el plan presupuestario remitido recientemente a Bruselas el gasto previsto en esta partida de carácter extraordinario articulada como respuesta a la crisis sanitaria y el parón de la economía pasa de los 5.338 millones de euros para el conjunto de este año, mientras que en 2021 tan solo aparecen reflejados algo más de 400 millones de euros para el colectivo.
En esta línea, Arroyo quiso poner en valor que si de algo se puede enorgullecer el Gobierno es de haber atenido a los autónomos y de “no haberlos dejado de lado” y resaltó que el gasto en prestaciones para trabajadores por cuenta ajena ha ascendido a 7.000 millones de euros, “prácticamente la recaudación del régimen” en un año.
