Moncloa no ve exigible una titulación académica para asesorar a un ministro

Varios ministerios se niegan a proporcionar el currículum de sus asesores con el argumento de que en esos puestos prima más la confianza que la “cualificación académica o profesional”.

El Gobierno con más asesores de la historia de la democracia no ve necesario que éstos tengan que acreditar una cualificación profesional o académica determinada para poder desempeñar sus funciones a plena satisfacción. Varios ministerios han esquivado en las últimas semanas peticiones ciudadanas a través del Consejo de Transparencia al objeto de conocer los méritos curriculares acreditados por el personal fichado por ministros y secretarios de estado para desempeñar tareas de asesoramiento especial con el argumento de que en esa clase de puestos es más importante la confianza que la capacitación profesional del asesor en cuestión.

Esta singular argumentación les ha servido para que Transparencia acepte no sin cierta sorna que los ministerios en cuestión no atiendan las reclamaciones ciudadanas recibidas para conocer los currículums de sus asesores, ya que “si la Administración confirma, y este Consejo de Transparencia no tiene motivos para ponerlo en duda, que no dispone del currículum vitae del personal eventual no funcionario, es evidente que no obra en su poder ni ha sido adquirida en el ejercicio de sus funciones y por tanto no puede ser considera información pública”. Por el contrario, esa línea argumental pone en solfa el respeto del Gobierno a los principios de mérito y capacidad que supuestamente rigen en el ámbito de la Función Pública y al que supuestamente también debería estar sujeto el personal eventual en funciones de asesoramiento especial.

El párrafo con el que el equipo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de José Luis Escrivá sostiene su negativa a proporcionar los currículums de sus asesores es particularmente demoledor en este sentido. Sostiene el Ministerio que “el nombramiento y el cese del personal eventual se realiza de forma libre para la realización de funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, sin que sea exigible una cualificación académica o profesional determinada para su nombramiento, por lo que no consta la valoración de las mismas”. Las razones esgrimidas por el Ministerio de Presidencia con el mismo fin no se quedan atrás. Para el departamento dirigido por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, “el nombramiento y cese de los asesores eventuales es libre, porque desempeñan funciones que se basan, no tanto en el perfil profesional, como en el puesto de confianza para el que son nombrados”.

Más asesores que ningún otro Gobierno

La elefantiásica estructura gubernamental que alumbró el pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ha traído consigo la mayor cifra de cargos de confianza de la que se tiene memoria. Con cuatro vicepresidencias, 22 ministerios y varias decenas de secretarías de estado la plantilla de asesores en nómina del Gobierno no sólo se ha disparado sino que ha obligado al Ejecutivo a, en plena crisis sanitaria, ampliar el crédito presupuestario destinado a este fin para garantizar que cobran sus emolumentos a final de mes. Las proyecciones apuntan a que este año el coste de la cohorte de asesores del Gobierno superará los 55 millones de euros. En los años de vino y rosas de la era Zapatero no llegaba a los 40 millones.

El asunto no es pacífico. A la ya tradicional desconfianza general sobre los cargos designados a dedo por los políticos se ha unido en los últimos meses la ofensiva institucional y judicial que la federación de asociaciones de cuerpos superiores de la Administración (Fedeca) ha abierto contra la arbitrariedad en los nombramientos masivos para puestos de dirección pública de personas ajenas a la carrera funcionarial. La causa que está examinando el Supremo por el nombramiento de 36 directores generales no funcionarios a partir de la utilización masiva del canal excepcional que prevé la normativa para ocupar determinados puestos directivos cuando no se encuentren perfiles específicos en la Administración y con una motivación suficientemente solvente no es más que la punta del iceberg de un movimiento dentro de la función pública que busca prestigiar la carrera administrativa y garantizar un horizonte profesional a sus miembros.+

Una ofensiva que también alcanza a los llamados cargos de confianza, que los cuerpos superiores de la Administración entienden que se pueden ocupar perfectamente y salvo casos excepcionales con miembros de la plantilla de la Administración sin necesidad de tener que recurrir a personal ajeno a la carrera funcionarial. Conviene recordar aquí que el de asesores en los gabinetes de los ministros y los secretarios de estado es uno de los puestos mejor pagados de la Administración y que según la normativa actual no requiere de ningún proceso específico de selección más allá de la designación directa de los altos cargos a los que va a prestar asesoramiento.

El misterio de la nómina de los asesores

Hace tiempo ya que el Consejo de Transparencia dejó sentada la obligación de que el Gobierno diera acceso tanto a la identidad de sus asesores como al sueldo que perciben. Dejar sentada esa obligación no significa que se cumpla de forma explícita, como el propio Consejo de Transparencia se ha visto obligado a recordar hace no mucho. El Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha dado el paso de hacer pública esa información ‘motu propio’, pero ya empieza a proporcionarla cuando se le solicita de manera expresa.

Sin embargo se trata de información parcial, ya que no recoge los complementos de productividad que perciben esos asesores y que en algunos casos pueden significar hasta el 25%-30% de sus percepciones. En ese tira y aflora en el que están embarcados desde hace años a cuenta de este asunto, Transparencia ha vuelto a recordar al Gobierno que la obligación de hacer públicas las retribuciones de los asesores no sólo alcanza a su sueldo ordinario sino también a los complementos que perciben por productividades o cualquier otro plus vigente en los ministerios.