La patronal catalana defiende con un informe jurídico que la administración es responsable de las pérdidas económicas.
La patronal Pimec y los autónomos han dado hoy un golpe encima de la mesa para pedir a los gobiernos central y catalán que ayuden de forma clara y directa a las empresas o de lo contrario acudirán a los tribunales para pedir indemnizaciones. La entidad ha organizado este viernes un acto en Barcelona, al que han acudido gremios y asociaciones empresariales de toda Catalunya, para exigir a la administración un rescate de los sectores más afectados por las restricciones para contener la pandemia.
Allí, el presidente de Pimec, Josep González, y el secretario general, Antoni Cañete, han presentado las conclusiones de un informe jurídico elaborado por Joan Manuel Trayter, catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, sobre “la posible responsabilidad patrimonial” de la administración por las medidas adoptadas por la crisis sanitaria.
“Evitemos la pandemia económica”, dice Josep González
“Nuestra intención no es iniciar un proceso judicial contra la administración pero sí tener herramientas para reclamar medidas justas para la actividad empresarial. Evitemos la pandemia económica”, ha insistido González desde las instalaciones deportivas David Lloyd Club Turó.
Pimec ha solicitado este informe jurídico para “apremiar” a la administración a “acelerar medidas compensatorias a las empresas que están a punto de quebrar” a causa de las restricciones. Representantes de los sectores del turismo, el comercio, las actividades deportivas, las academias de idiomas o la restauración han explicado que viven “una situación límite” y han pedido a los gobiernos exenciones de impuestos y ayudas directas para evitar su destrucción. Según Pimec, un 30% de pequeñas y medianas empresas en Catalunya cerrará para siempre el año que viene si los gobiernos no las apoyan.
Test de antígenos en lugar de cierres de negocios
Traiter ha explicado que la administración tendría que indemnizar a las empresas si las medidas decretadas para contener la pandemia causan un daño patrimonial claro y evaluable. Según el catedrático de Derecho, las últimas medidas adoptadas –estado de alarma, toque de queda, cierre de negocios…– no responden a un motivo de fuerza mayor, sino que se deben a la gestión que los gobiernos están realizando. “Los daños económicos no se están produciendo por la pandemia, sino por las decisiones que la administración toma”, ha asegurado.
Tanto González como Cañete han afirmado que su intención no es iniciar una batalla legal con los gobiernos, pero sí presionar para que las empresas afectadas “reciban un apoyo” equiparable al de otros países europeos, como Alemania, Italia o Bélgica. Pimec ha defendido que se pueden llevar a cabo medidas de protección de la salud pública menos lesivas para la economía, como la generalización de los test de antígenos, que la patronal ya ha empezado a aplicar en polígonos industriales. La entidad también ha pedido que se activen con urgencia mesas sectoriales con la administración para garantizar la viabilidad de las empresas en riesgo por las restricciones.
