Los soberanistas habían planeado crear también una Agencia Tributaria propia.
Los informes de la Guardia Civil sobre la operación Vóljov, que indaga en la presunta trama de financiación del “procés” de independencia de Cataluña, arroja interesantes datos sobre la creación de las futuras estructuras económicas que como la Agencia Tributaria Catalana o el Banco Central Catalán debían dirigir los destinos de la futura república independiente de Cataluña. Y además, se deduce que el mayor peso de la operación recaía sobre la antigua Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas salpicado por graves casos de corrupción.
Según los agentes de la Benemérita, cabe la posibilidad real de que los investigados como cerebros de la trama de financiación del “procés” hayan estado blanqueando todo o parte del dinero presuntamente malversado procedente de las subvenciones fraudulentas de instituciones oficiales través del uso de criptomonedas (un tipo de divisa alternativa o moneda digital). Prueba de ello lo constituyen, de “forma inferencial”, los audios que se intervinieron a Víctor Terradellas en su teléfono móvil “respecto a sus conversaciones con los también investigados, David Madí y Xavier Vendrell”. Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, es un hombre muy bien conectado con el mundo soberanista.
Para los agentes encargados de elaborar el informe, los datos obtenidos en las grabaciones y registros domiciliarios de los encausados venían a reforzar, entre otras cosas, las líneas de investigación relativas a la creación de un Banco Central Catalán, “estructura de estado fundamental en una Catalunya independiente, como puso de manifiesto la vasta investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona, puesto que sin ese organismo sería imposible gestionar los recursos económicos y monetarios en caso de independencia”.
El informe añade que “en ese objetivo resulta imprescindible, como ya se ha ido explicando con anterioridad, sortear los controles de las autoridades estatales e incluso europeas y formalizar acuerdos con organizaciones internacionales y con otros estados dispuestos a respaldar el proceso independentista”. Los agentes concluyen que todas las instituciones que concedían subvenciones oficiales y que terminaron sirviendo para sufragar la secesión respecto al Estado español “están o estaban bajo el control político de la antigua Convergencia Democràtica de Catalunya”. Además, se determina que el modus operandi para canalizar los fondos desde la Generalitat hacia el “procés” soberanista era muy similar en todas las tramitaciones de expedientes que se vienen analizando, hasta el punto de que en algunas de las subvenciones otorgadas por las distintas instituciones los beneficiarios fueron los “mismos”, llegando a utilizar las mismas facturas para justificar la ejecución de los proyectos subvencionados. Todo ello parece poner de manifiesto que la verdadera voluntad era captar fondos públicos, siendo “completamente secundarios los proyectos y la justificación de la subvención vinculada a los mismos”.
Además y de forma reiterativa, en los expedientes de tramitación se observan los mismos errores, según la Guardia Civil. “Respecto a estos hechos, por parte de esta Unidad se están confeccionando diligencias policiales que se encuentran próximas a su finalización en relación a la parte de la investigación que afecta a la Diputación de Barcelona y habida cuenta de ello, en lo relativo especialmente a las pesquisas sobre Víctor Terradellas, persona alrededor de la cual se centró inicialmente la labor policial”.
Los agentes hablan de una trama organizativa dirigida desde las instituciones públicas, controladas por “una determinada fuerza política para su propio beneficio”, “no pudiendo abstraerse esos hechos del contexto político y social actual, en el que las fuerzas soberanistas catalanas han impulsado un proceso de independencia al margen de las vías constitucionales” y que se fundamenta, entre muchas otras cosas, en “acciones políticas de comunicación, de participación y de internacionalización” del conflicto.
Para la Guardia Civil, todas estas actividades necesitaban ser financiadas, infiriéndose que esos gastos podrían “haberse encauzado al menos en parte, y tal y como esta investigación parece discernir, a través de subvenciones públicas a entidades directamente vinculadas con el procés soberanista y con aquella formación política [CDC]”. La Benemérita responsabiliza en buena medida a la antigua Convergència de haber puesto la trama de financiación al servicio del proyecto soberanista. El dinero se canalizaba “a través de la Fundación Catmon, la Asociación Igman o la Plataforma Proselecciones Deportivas Catalanas”.
Todo parece indicar que la forma de lograr los objetivos de financiación pasaba por el uso de criptomonedas, pues permite, actualmente, “escapar con cierta facilidad a los controles de las autoridades. Además, y a mayor abundamiento, recuérdese que el Govern de la Generalitat no pudo aprobar los presupuestos de 2018 y 2019 y que desde 2017 la propia Administración catalana estaba intervenida por el Ministerio de Hacienda, lo que sin duda dificultaba acometer sus objetivos, entre ellos, el despliegue de la Administración Tributaria propia y del Banco Central Catalán”. Acudir a la criptomoneda y al enmascaramiento de ciertos gastos dentro de subvenciones podría constituir una alternativa para los altos cargos de la Generalitat “con la que implementar aquellas estructuras de estado imprescindibles para garantizar la viabilidad de un eventual estado independiente catalán”.
Los Pujol utilizaron la red de blanqueo del cártel de Sinaloa
Casa de Cambio Monex. Ese es el nombre de la entidad financiera domiciliada en México DF que el cartel de Sinaloa (la principal organización de narcotráfico de aquel país) ha utilizado para blanquear decenas de millones de dólares de la cocaína.
Tal y como ha podido confirmar Crónica Global, esa misma sociedad ha sido utilizada por Jordi Pujol Ferrusola para el blanqueo de capitales de opaca procedencia, según se recoge en la investigación que el juez José de la Mata instruye sobre la trama de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales que ha dirigido, presuntamente, el hijo primogénito del ex presidente de la Generalitat.
En el marco de la llamada operación Tacos, que hace cinco años instruyó el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y dirigió la Guardia Civil, se identificaron varias empresas de aquel país receptoras de consecutivas transferencia de millones de dólares que, procedentes de la venta de grandes partidas de cocaína, se habían blanqueado en España a través de un complejo entramado financiero y bancario. Según sentencia firme, el máximo responsable en Barcelona de esa trama fue el octogenario abogado Joan Piqué Vidal.
El juicio por este caso se ha celebrado este año. Joan Piqué Vidal ha sido condenado a un año y tres meses de cárcel por su implicación en la operación Tacos contra una de las organizaciones criminales más potentes del planeta. Según la sentencia, Piqué era uno de los cerebros de la trama que llegó a blanquear más de 250 millones del cártel de Sinaloa. El abogado reconoció los hechos y el fiscal se avino a una condena de conformidad.
Joan Piqué Vidal fue el abogado defensor y hombre de confianza del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley. Le defendió, entre otros casos, en el sumario de Banca Catalana, del que Pujol salió indemne.
Según las últimas resoluciones judiciales del juez José de la Mata, Jordi Pujol Ferrusola “remitió grandes cantidades de dinero a Casa de Cambio Monex procedentes de Andorra”.
En principio, según el juez, se trataría, aparentemente, de inversiones ligadas al negocio del juego, en concreto de los casinos, de la mano de uno de los socios de Pujol Jr, el empresario Carlos Riva Palacio Magaña. De la Mata ha confirmado que Riva Palacio también tiene cuentas en el principado de Andorra y que habría intercambiado traspasos millonarios con las de Jordi Pujol Ferrusola.
