El organismo se ve obligado a incrementar la dotación de recursos para el contrato de asistencia jurídica externa ante la resistencia del Gobierno a cumplir sus resoluciones.
El Consejo de Buen Gobierno y Transparencia – el órgano público e independiente encargado de hacer cumplir la legislación en materia de transparencia informativa en España – se ha visto obligado a incrementar un 50% la dotación económica del contrato de asistencia jurídica externa que todos los años se ve obligado a convocar para poder litigar en los Tribunales contra la Administración del Estado. El peso de los hechos ha convencido al organismo de que los 40.000 euros anuales por los que se licitó el último contrato, adjudicado en su día al bufete Escarate Asesores, son insuficientes para defenderse en los tribunales del tsunami de recursos que el Gobierno y del resto de organismos del Estado presentan contra las resoluciones en las que Transparencia obliga a hacer pública determina información de interés a la que la Administración se resiste a dar acceso.
De cara al año 2020, Transparencia ha incrementado hasta los 60.000 euros el ‘fee’ anual que está dispuesto a pagar para defender sus resoluciones en los Tribunales tras constatar la insuficiencia de la dotación del contrato hasta la fecha. Fuentes próximas al organismo revelan que la estrecheces presupuestarias del mismo, que vio recortado un 22% su dotación en los Presupuestos de 2018 y que desde entonces vive con unos recursos ‘amputados’, le obliga a seleccionar las batallas judiciales que libra, ya que sus recursos no le dan para inmiscuirse en todos los recursos judiciales que se le plantean desde la Administración del Estado.
Fuentes de la Administración conocedoras de esta situación aseguran que, conocedores de esta escasez de recursos, muchos organismos públicos optan por llevar las resoluciones que más les incomodan a los tribunales de forma casi sistemática. No son pocas las empresas públicas que han recurrido ante la Justicia resoluciones de transparencia que les obligan a hacer públicos los salarios de sus directivos, que incomprensiblemente continúan sin ser públicas después de sucesivas reformas legales para darles publicidad, e incluso el Ejecutivo ha recurrido recientemente a esa vía para evitar dar información sobre las condiciones laborales y salariales del personal de confianza contratado en condición de asesor.
Los litigios de Transparencia contra la Administración del Estado configuran una situación curiosa. Desde su creación el Consejo de Buen Gobierno y Transparencia tiene firmado un convenio de representación jurídica con la Abogacía del Estado, pero éste se pensó únicamente para los casos en que alguna administración periférica – comunidad autónoma o ayuntamiento -o alguno de los sujetos obligados no públicos, partidos políticos, sindicatos, ONGs u organizaciones empresariales, se resistiera a cumplir con una resolución del Consejo, que tiene autonomía de funcionamiento pero que depende del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
La experiencia posterior ha demostrado que los conflictos con los ministerios y con el resto de organismos dependientes del Estado – organismos autónomos, entidades públicas o empresas públicas – han sido como mínimo tan comunes como los acaecidos con administraciones territoriales. La Abogacía del Estado se encontraba en esos casos entre dos aguas, teniendo que defender a la Administración pero también al Consejo de Transparencia por el convenio que le obligaba. El Gobierno resolvió que la Abogacía debía defender al Estado y que el Consejo debía más o menos buscarse la vida en esos casos…y sin incremento alguno de presupuesto.
Y eso es lo que ha hecho. Desde el año 2015 el Consejo se ha gastado 287.000 euros en abogados para defender sus intereses en los pleitos planteados por los sujetos obligados por la ley contra las resoluciones de Transparencia que les obligaban a dar acceso a determinada información. El 80% de ese gasto ha correspondido a litigios en los que la Administración del Estado ha ido a los tribunales para evitar hacer pública determinada información, que a los ojos del Consejo de Transparencia no debería tener la etiqueta de reservada. Según el último balance oficial, Transparencia mantenía hasta 200 casos abiertos en los tribunales.
Muchos de ellos se resuelven a favor de Transparencia. El último de ellos se acaba de conocer y enfrentaba al organismo con la Agencia Tributaria, que en su día se negó a aplicar una resolución del Consejo que le obligaba a proporcionar a las Juntas de Personal los criterios de reparto de los premios por productividad. La Agencia consideró que esa información era reservada y que su publicación podría afectar incluso a la eficacia de la lucha contra el fraude. El Tribunal Supremo ha entendido cuatro años después que la argumentación de la Agencia Tributaria no casa con los principios de la Ley de Transparencia y a partir de ahora el organismo tendrá que proporcionar los criterios de distribución entre el personal de esos premios de productividad a las Juntas de Personal para que éstas puedan ponderar su objetividad.
Más información: Adif acude a la justicia para no publicar el sueldo de sus cargos nombrados a dedo
