La Comisión Europea tiene la mirada puesta en España, nuestro país es un verdadero quebradero de cabeza por un problema cronificado en el tiempo, nuestro déficit.
Si nos ponemos en antecedentes, nos costó diez años en alcanzar una meta de déficit inferior al 3%, el Gobierno de Rajoy redujo muy lentamente el déficit, lo que hacía destacar a España como el país con mayor déficit de la UE, mientras la economía crecía a tasas del 3%. Con Sánchez, nos olvidamos de la reducción del déficit y en 2019 se incrementó tres décimas hasta el 2,8% del PIB.
La crisis del Covid-19 ha puesto de relieve nuestra debilidad más acusada. El déficit público ha aumentado sustancialmente en 2020 como resultado de la crisis por la contracción de las bases impositivas que afectan a los ingresos. Y, desde el lado del gasto público, se encuentra muy por encima del techo previsto inicial para hacer frente a los costes por las rentas y las medidas de liquidez. Por todo ello, veríamos una ampliación del definir a alrededor del 12% del PIB en 2020.
A causa del gran déficit público y a la grave contracción del PIB, la peor entre los países desarrollados, se prevé que la relación entre la deuda pública y el PIB aumente en casi 25 puntos porcentuales, del 95,5% del PIB en 2019 a alrededor del 120% en 2020, nivel que se espera que aumente un poco en los próximos años si no se hace nada para evitarlo.
El problema es que los Gobiernos de España han forjado un déficit estructural en los últimos años y ahora anda descontrolado. Específicamente, la actual previsión de los PGE 2021 del déficit estructural para el 2021 es del 6,1% del PIB, lo que supondría siete décimas más de lo esperado para este año, a pesar de la recuperación económica para el próximo ejercicio. Estos niveles nos llevan a los peores datos de la UE junto a Eslovenia, Eslovaquia y Rumanía.
Un déficit estructural significa que las administraciones públicas están utilizando deuda para pagar el gasto corriente, dependemos de la deuda para seguir manteniendo nuestro ritmo de gasto. Y, ahora, el elevado déficit estructural se cuantifica en 75.000 millones de euros. Esta cifra puede aumentar, pensemos que esta crisis ha destruido un tejido productivo que no participara de la recuperación y que hay una variable demográfica a considerar, el envejecimiento de la población que llevará a más el gasto en pensiones.
Quedar atrapado por un déficit estructural significa que estamos atados al coste de la deuda. Medidas como incrementar las pensiones o el salario de los funcionarios son parte de este problema ya que no han sido compensadas por la parte de los ingresos.
El punto positivo es que, por ahora, las condiciones de mercado para la financiación de la deuda siguen siendo favorables, y las subastas de deuda más recientes, confirman la cómoda demanda de títulos públicos tanto a largo como a corto plazo.
Las rentabilidades de los bonos a 10 años son muy bajos en comparación con los estándares históricos, y los diferenciales frente al bund (bono alemán a 10 años) siguen siendo contenidos, tan solo 62 puntos básicos. La carga de intereses, tanto como porcentaje del PIB como de los ingresos totales representan el 2,2% y 5,8%, respectivamente.
El riesgo de todo esto es que una subida de tipos de interés podría generar rápidamente una problemas en la viabilidad de la deuda pública española. Recordemos que eso mismo le sucedió a Grecia cuando se asomó a la crisis de 2008 con una deuda pública del 110% del PIB y también con un gasto estructural desorbitado.
